El angustioso inicio de la presidencia de Harmodio Arias

“Si usted fuera elegido presidente de la República de Panamá, probablemente luciría más complacido que Harmodio Arias, quien fue hoy juramentado en el cargo”, bromeaba un periódico canadiense en torno a la fotografía que hacían circular las agencias noticiosas internacionales en todo el mundo, con motivo de su toma de posesión, el 1 de octubre de 1932.

Razones tenía de sobra para lucir aprensivo el décimo quinto presidente panameño, octavo elegido por votación popular, quien, a propósito, nunca pareció demasiado alegre o expresivo en sus retratos, en parte porque en su época no se consideraba digno o de buen gusto aparecer sonriendo en ellos.

El “Cholito de Río Grande”, “candidato de los pobres”, llegaba a la Presidencia en medio de grandes expectativas de sus votantes, pero la gravedad de los problemas que experimentaba el país requerían más que toda su determinación.

La república se encontraba inmersa en la más grave crisis de su historia republicana. Apenas cinco días antes se había abortado un presunto golpe, atribuido al expresidente Florencio Harmodio Arosemena y el capitán José Antonio Remón.

Pero lo más grave era la situación económica. Con un trágico déficit de presupuesto, el gobierno no había podido pagar los salarios de los funcionarios en dos meses.

El desempleo campeaba y familias enteras con muebles y enseres invadían los espacios públicos tras ser lanzados de sus viviendas de alquiler por falta de pago.

La ciudad estaba prácticamente en manos de los líderes de la Liga de Inquilinos y Subsistencia, que en reuniones en los patios de las casas, en los distintos barrios de la capital, mantenían en estado de alerta a las clases trabajadoras sobre los debates que, con el fin de concluir una nueva ley inquilinaria, se llevaban a cabo en la Asamblea.

La Asamblea Nacional, dominada por diputados de las clases media y media alta, muchos de ellos caseros, no parecía demasiado inclinada a ofrecer a los inquilinos lo que exigían.

Apenas un puñado de los diputados, el socialista Demetrio Porras, además de Carlos Sucre y Víctor Florencio Goytía, manifestaban su abierta simpatía por las exigencias de los grupos proletarios, asesorados por los abogados Diógenes De la Rosa, Domingo H. Turner, Cristóbal Segundo, Jorge Brower, Leonel Urriola, Alberto Quintana Herrera, José Vacaro y José A. Mendieta.

Las galerías del Teatro Nacional, donde sesionaba la Asamblea, se llenaban a diario con barras de la Liga, que escuchaban los candentes debates mientras que miles más se instalaban en los alrededores con el mismo propósito.

“Cada artículo de la ley significaba una lucha terrible”, explicaría posteriormente el vocero de los inquilinos, mientras los periódicos relataban a diario los enfrentamientos de los diputados que en más de una ocasión estuvieron a punto de irse a los puños.

El día 26, por fin pareció adelantarse la ley. Se aprobó un artículo que reducía el canon de alquiler en términos escalonados desde el 10% al 35% y limitaba la ganancia que podían derivar los propietarios de las casas sobre su inversión. El pueblo festejó esa noche, con un recorrido por las calles de la ciudad entre gritos de júbilo.

Pero la celebración duró poco. A la mañana del día siguiente, advertidos los diputados sobre las consecuencias para la banca y el comercio que tendría el artículo, votaron para echarlo para atrás.

La noticia se regó como pólvora por los barrios de la ciudad, ya de por sí caldeada. El público fue arremolinándose en las calles adyacentes al Teatro Nacional, al que trataban de entrar en medio de los gritos y gestos de cólera. Sin embargo, la policía se mantuvo firme y desalojó el sitio con disparos al aire.

La masa se dirigió entonces a la Presidencia de la República.

“Diez mil almas rompieron los cordones de la policía y llegaron frente al Palacio de las Garzas”, relataba uno de los voceros de la Liga en los días siguientes, explicando cómo logró colarse en la residencia del presidente, para subir “las gradas custodiadas a punta de revólver por miembros de Acción Comunal” y llegar al salón donde Arias conferenciaba con un grupo de propietarios.

“El doctor Arias, pálido y nervioso, me recibió con deferencia, rogándome le diera una oportunidad para resolver el problema. Solo tenía 27 días de detentar el poder. Me aseguró que encontraría una solución dentro del marco de nuestra vieja Constitución”, continuaba el relato.

Entonces ambos se asomaron al balcón, para tratar de calmar los ánimos, pero las masas enardecidas la cogieron contra Arias.

“Tíranos al cholito y te quedas tú arriba”, gritaban algunos, según el relato aparecido en un diario oposicionista.

“Mientras tanto, centenares de soldados yanquis, en trajes de campaña, se alineaban en la calle 4 de Julio, esperando una llamada del presidente Arias, un llamado que nunca ocurrió pues la policía panameña, armada hasta los dientes, logró mantener el orden”, continuaba el relato.

Al día siguiente, en una alocución especial al país, el presidente Arias hizo una llamado a conservar la calma, advirtiendo contra los cabeza calientes y los discursos subversivos. En la misma alocución sugería a la Asamblea que se incluyese en la ley que se preparaba una Junta de Inquilinato, formada por representantes de todos los sectores involucrados, que se encargaría de solucionar las diputas que tenían al país en vilo.

Esa noche se detuvo a varios de los líderes “comunistas” y a los responsables del periódico El Inquilino, el órgano de informativo de la Liga.

En los días siguientes, los diputados se mostraron inclinados a aprobar un proyecto de ley que proponía que el gobierno se encargase de desembolsar los costos del alquiler de las casas para los inquilinos que no pudiesen pagarlas.

La posición de Arias difería completamente y así lo hizo saber a través de una carta enviada a la Asamblea.

“No es posible negar que existe el problema inquilinario, que muchos asociados de las clases trabajadoras han de menester albergue que no puedan proporcionarse en las actuales circunstancias. Pero este fenómeno es solo, como antes he dicho, un aspecto de la crisis económica y fiscal que confrontamos, y más importante que suministrar alojamiento gratuito a los desocupados parecería ser el proporcionarles un medio honrado para que lo obtuvieran por sí mismos con el fruto de su trabajo”.

“El problema inquilinario estriba en que el precio de los alquileres es excesivo en vista de la situación actual y que los inquilinos pobres no están en capacidad de pagarlos por razón de la carestía de trabajo, a menos que se les cobren sumas menores. Lo que se necesita, pues, es tomar medidas en las cuales los inquilinos no puedan ser obligados al pago de los alquileres actuales, sino solo una parte de ellos”.

Como había explicado en su discurso de toma de posesión, para Harmodio Arias la crisis por la que pasaba Panamá se debía al despilfarro de millones y millones de dólares por parte de los gobiernos de Belisario Porras, Rodolfo Chiari y Florencio Harmodio Arosemena.

“La aparente prosperidad económica que ha tenido nuestro pueblo durante los últimos diez años se debió casi exclusivamente a la condición de florecimiento ficticio del Tesoro Público. Los millones que el gobierno trajo del extranjero en tan corto lapso para sí y para el Banco Nacional, necesariamente mantuvieron la economía nacional en aparente apogeo. ...pero una vez agotados los millones ... que no eran nuestros... la situación fiscal comenzó a agravarse... coincidiendo con la crisis... que azota el mundo entero”, había dicho en el mismo discurso.

Tenemos “un presupuesto recargado en los gastos y mermado en las rentas, una vida económica débil, falta de las fuerzas propias que son recurso de los pueblos productores; una masa ciudadana que ha ido acostumbrándose en crecidísima proporción a vivir directa o indirectamente del tesoro público y que para solventar el problema de sus necesidades en vano acude hoy al gobierno, hoy arruinado y recargado de obligaciones ponderosas...”.

En la opinión de Arias, la solución a la crisis no estaba en la caridad o asistencia social, sino en un sistema tributario justo que permitiera al Estado las recaudaciones necesarias para fomentar el empleo y la inversión, una idea que impulsaría a través de su Fondo Obrero, que explicaremos en la siguiente entrega.

Finalmente, la Ley 18 del 15 de noviembre de 1932 logró apaciguar los ánimos. La ley contemplaba gran parte de las exigencias de los inquilinos, además de que incluía ayudas en el pago de arrendamiento para personas sin empleo. También, como había sugerido Arias, contemplaba la conformación de una Junta de Inquilinato formada por las dos partes con el fin de dilucidar los problemas.

El primer problema de la Gran Crisis iba camino de ser solucionado. Todavía faltaba la peor parte.