Nadya Vásquez, el diseño de un proyecto país y un destino común

La doctora Nadya Vásquez, profesional de la sociología y ciencias políticas con experiencia en gestión de cambio y derechos humanos, nos recuerda que la sociedad es un sistema en constante evolución, como producto de la actividad de la gente y de las interrelaciones sociales.

¿Cómo se gestiona el cambio? ¿Hay cambios buenos y cambios malos?

En una democracia, sostiene Vásquez, son los gobiernos, en representación del Estado, los responsables de velar porque, en ese conglomerado de fuerzas a veces contradictorias que caracterizan al sistema social, se imponga el respeto a la dignidad y los valores universales de derechos humanos.

La desigualdad que caracteriza a esta región y país ha hecho que la pandemia por covid-19 tenga un mayor impacto en la vida de las mujeres. Por un lado, han asumido los trabajos formales de primera línea relativos a la salud, trabajo social, educación de los más pequeños y economía de servicios. Al mismo tiempo, su amplia representación en el mercado informal, en el que doblan y redoblan el trabajo doméstico y el cuidado de las personas las han puesto en situación de mayor vulnerabilidad porque, en los casos en que no han sido despedidas, han seguido privadas de un salario digno y de otros derechos fundamentales, como la seguridad social, el descanso o la atención médica y baja laboral en caso de enfermedad. En uno y otro caso se han visto sobrecargadas al tener que compatibilizar sus trabajos fuera del hogar con las tareas de la casa, el cuidado de los hijos e hijas que atienden o no la escuela y de los familiares dependientes y enfermos, abandonando ellas las actividades que favorecen su autonomía.

La historia es testigo de las formas en que las mujeres han servido en momentos de progreso y de crisis, así como de los réditos desiguales que el progreso les reporta y los efectos adversos que las crisis tienen en sus vidas. Asunto este al que habría que dedicarle un análisis mayor sobre la consideración de la mujer como sujeto histórico.

Independiente de los modelos económicos y políticos, las mujeres han sido incorporadas al desarrollo para favorecer los procesos productivos en situación de desigualdad. En momentos de crisis el sistema actúa selectivamente, devolviéndolas a las tareas esenciales que el Estado y la sociedad deberían asumir con responsabilidad para evitar retrocesos en su desarrollo y consideración como sujeto histórico.

En el siglo XX se registraron avances debido a las luchas de las propias mujeres por impulsar un proyecto político en sí y para sí, para favorecer la equidad y derechos humanos a través de sus organizaciones y movilización. Esto incidió en decisiones de organismos internacionales y Estados para incorporar en la agenda global, regional y nacional objetivos y metas de desarrollo humano. Se produjo mayor compromiso de diversos sectores con respecto a políticas para la equidad y derechos humanos.

La causa política de las mujeres alcanzó relevancia en espacios de incidencia pública. Sin embargo, los escollos para lograr verdaderos y profundos cambios en las políticas públicas han prevalecido en lo ideológico y cultural, propiciando la resistencia y la presión de grupos conservadores y tradicionales que socaban aspectos para la verdadera vida en democracia.

Lo común en la lucha de todos estos grupos es la defensa de la dignidad humana en un siglo en el que la larga historia por los derechos humanos se ha ido asentando, especialmente a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas en el año 1948 y la suma de otros instrumentos complementarios recientes.

La defensa de estos derechos ha llevado a la organización de las Naciones Unidas a identificar objetivos en el marco de una agenda de derechos humanos a alcanzar en cada sociedad, según su desarrollo, el conjunto de demandas de estos grupos, atendiendo a las diferencias y diversidad. Considero que el movimiento de las mujeres, en su historia más reciente, desde la década de 1960, ha sido clave para motivar y respaldar la acción política de otros movimientos para impulsar los derechos humanos, en medio de valores tradicionales y dar paso a las nuevas formas en que se concibe el sujeto y su colectividad.

La Declaración es clara en sus planteamientos y el Estado, como garante, está obligado a proteger a los sujetos de derechos como seres que nacen libres e iguales sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica.

La lucha por los derechos humanos en nuestro país nos pone frente a la necesidad de profundizar en una acción colectiva de todas las personas y grupos sociales que están en la defensa de los mismos. Especialmente porque estamos (por una parte) ante un Estado y gobiernos muy tibios en cuanto a los compromisos de instrumentos internacionales aprobados y ratificados, y (por otra parte) ante una sociedad altamente permeada por barreras socioculturales que impiden el avance en la calidad de la vida democrática.

Hay que tener presente que el cambio social tiene que ver con una modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, valores, instituciones y otros. Un proceso de cambio profundo como el que requiere este país, y ante una nueva época, no puede limitarse a una única esfera. Se necesita de una visión amplia y coherente porque los problemas tienen que ser abordados desde la multicausalidad y esto obliga a cambios estructurales de fondo y definición estratégica de las políticas públicas. Urgen cambios de paradigmas para viejos problemas; así como para aquellos que emergen en una sociedad de dinámica acelerada.

Es indispensable una acción colectiva, caracterizada por la participación ciudadana plena y ajena al control del poder y los poderes que se imponen basados en intereses particulares. Una escucha y diálogo caracterizado por el análisis crítico de los problemas, intercambio de opiniones diversas, y hasta contrarias, relacionadas con temas de interés nacional.

El pluralismo es una condición esencial para establecer diálogos dentro de un sistema democrático, con la apertura para que todos los actores se encuentren en la misma condición de igualdad de dignidad y derechos. La manipulación tan presente en la participación provoca disensos irreductibles, mientras que la plena participación de los ciudadanos en iguales condiciones favorece un equilibrio en las posiciones y la posibilidad de diseñar un proyecto de país y destino común.

Este es un tema para ser revisado por estudiosos de diversas disciplinas como parte de un análisis integral. Así tuvieron que encararse los desafíos de cambio de época del siglo XVIII y XIX ante una sociedad altamente desigual y los desafíos posteriores de la revolución industrial en Europa, lo que, inclusive, fue importante para el desarrollo de las ciencias sociales.

Hay aspectos de la sociedad que marchan a una velocidad vertiginosa, generando cambios acelerados en dimensiones estructurales de la sociedad, mientras otros cambios son más lentos y con menores impactos y transformaciones como es, por ejemplo, la ideología implícita en la cultura. Esto hace que los sistemas se carguen de contradicciones y que ante lo nuevo emerjan resabios de “lo viejo”, por llamarlo de alguna forma, y se intente frenar la dinámica propia de los tiempos.

En un régimen democrático deben ser respetadas las libertades de pensamiento y opinión, pero el Estado y los gobiernos debe ser los garantes de que ninguna de estas atente contra los preceptos constitucionales, la dignidad humana y los valores universales consagrados en los instrumentos de derechos humanos.

La historia se construye a través de la acción de las personas y colectividades y hay indicios que lo que atenta contra la paz está presente, pero también se fortalecen las corrientes que de manera proactiva empujan la justicia y la dignidad humana.

Naciones Unidas como organismo multilateral en el cual participan un total de 193 Estados/ gobiernos surge con el propósito de servir de centro que armonice los esfuerzos por alcanzar intereses comunes como la paz, defensa de los derechos humanos, promover el desarrollo. Naciones Unidas no impone agendas a los Estados soberanos. Por el contrario, son los Estados soberanos los que libremente configuran la agenda de las Naciones Unidas.

El Gobierno panameño participa de la discusión de todos los temas, aprobación de mandatos y posterior ratificación a nivel nacional de los tratados de derechos. Esto conlleva la voluntaria decisión de hacer cumplir las obligaciones de las que es parte y, por consiguiente, asumir la responsabilidad de la adecuación de políticas, leyes y mecanismos institucionales para su efectivo cumplimento.

Este es un país donde el discurso tradicional sobredimensiona de manera negativa muchas prácticas y valores culturales que rigen la conducta social y que son parte de una dinámica de cambio y nuevos tiempos. En palabras sencillas, se defienden valores que no son partes del constructo sociocultural imperante en la sociedad panameña.

Los gobiernos en este país, lamentablemente, no han actuado con la contundencia necesaria y han cedido ante la presión, con el consecuente desconocimiento de las obligaciones contraídas para construir una sociedad igualitaria.

Como parte de la institución en la que laboré y convencida de la importancia de trabajar por una sociedad justa, apoyé procesos caracterizados por la gran participación organizada de las mujeres para producir cambios de política, cuerpo legislativo y arquitectura institucional, especialmente en materia de mujer, niñez y adolescencia.

En el año 1989 se logran avances en la relación Estado y Sociedad a través del activismo de grupos de mujeres, especialmente en materia de políticas contra la violencia. Esto a partir de los efectos de la llamada década perdida (años 80) y cuyos esfuerzos se vieron interrumpidos por la invasión de Estados Unidos, a finales de 1989. Frente a la crisis provocada por la invasión, las mujeres dejaron, por necesidad, de abogar por reivindicaciones propias del género, para atender aquellas más amplias en el seno de una sociedad fragmentada y de gran ruptura. La necesidad de rescatar los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres llevó luego a la organización para la ejecución del proyecto Mujer y Liderazgo en las Políticas Públicas, auspiciado por Unicef y del que fue parte el Foro Mujer y Desarrollo, y otros subforos.

Uno de los aspectos clave en ese momento fue ver cómo mujeres de todos los partidos políticos, legisladoras en aquel momento, mujeres de diversos estratos socioeconómicos y corrientes ideológicas, campesinas, organizaciones religiosas, étnicas, académicas, de periodistas, etc. consensuaron una agenda de equidad para la mujer que tendría efectos positivos en la sociedad en su conjunto. La organización y movilización fue crucial, así como el compromiso de las legisladoras de entonces que estaban altamente identificadas con la causa de la mujer. Esto favoreció que se aprobaran leyes en aspectos amplios, como la participación política y creación de estructuras institucionales, incluyendo temas específicos de salud materno infantil, como la ley de lactancia materna.

Haber llegado a la Conferencia Mundial de la Mujer Beijing 1995 con un informe de país único (gobierno y grupos organizados de mujeres) fue ejemplo para el mundo de que los derechos no imponen distancia, demostrando, al contrario, que una agenda consensuada y la fuerza de este colectivo permitían liderar cambios importantes en materia de igualdad.

Ocupación: Catedrática de la Universidad de Panamá. Consultora

Educación: Estudió licenciatura en ciencias sociales (Brasil), maestría y doctorado en ciencias políticas y sociología (España). Sus tesis de grado fueron consideradas Premio Extraordinario.

Resumen de carrera: Inició su carrera en Naciones Unidas como consultora de varios organismos del Sistema en Centroamérica. En 1991 pasó a ocupar el puesto de Planificación y Políticas Sociales en la Oficina de Unicef en Panamá, iniciando su carrera internacional en 2002 como representante en países como Belice, Venezuela y Ecuador. En dicho organismo también asumió funciones, por casi dos años, como asesora regional en Planificación y Gestión de Cambio de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.