Claves, riesgos y rutas: conclusiones del CLIPP Forum 2025

El CLIPP Forum 2025: SeguriTech se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2025 en la Sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en Ciudad de Panamá, bajo el tema central de “Seguridad Ciudadana y Alianzas contra el Crimen Organizado”. El evento fue organizado por el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP), una organización dedicada a promover ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida en América Latina mediante el diseño de políticas públicas efectivas y sostenibles.

El foro se constituyó como un espacio de diálogo técnico y cooperación regional, reuniendo a más de 300 actores clave, incluyendo representantes de gobierno, organismos internacionales, academia, sector privado y sociedad civil. Su propósito fundamental fue comprender cómo la tecnología, el conocimiento aplicado y la cooperación pueden fortalecer la seguridad ciudadana en un entorno marcado por la digitalización del crimen y la aceleración del cambio.

Las intervenciones inaugurales subrayaron la gravedad de los desafíos contemporáneos. El crimen organizado ha evolucionado a una forma que opera con herramientas del siglo XXI, explotando los riesgos crecientes del ciberespacio, la desinformación y el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA), lo que crea una tensión permanente entre privacidad, vigilancia e innovación.

Se afirmó que la seguridad ha trascendido la esfera policial para convertirse en una política estratégica de Estado que cruza la diplomacia, la tecnología, la economía y la gobernabilidad. El crimen organizado es un fenómeno global que ningún estado puede combatir solo, constituyendo una multiplicidad de delitos transfronterizos como ciberestafas, lavado de activos, tráfico de personas y ataques a infraestructuras críticas. Las amenazas actuales no avanzan con tanques, sino con algoritmos, manipulando mentes en lugar de territorios.

A nivel regional, la realidad es contundente: América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento promedio anual del 25% en incidentes de ciberseguridad durante la última década. Solo en Panamá, se registraron aproximadamente 3.200 millones de intentos de ciberataques en un año. El crimen organizado 4.0 está acelerando la adopción de tecnologías digitales como la IA y el uso de criptoactivos para el lavado de dinero. Frente a este escenario, se requieren instituciones flexibles y orientadas al futuro, basadas en la cooperación multisectorial.

El foro abordó seis ejes temáticos cruciales, proporcionando análisis detallados sobre los principales desafíos que enfrentan los tomadores de decisiones:

El desafío más urgente es la fragmentación de los modelos de gobernanza digital, de ciberseguridad y de IA a nivel nacional y regional. Los marcos normativos están desactualizados y carecen de armonización. Se identificó una brecha crítica en las capacidades de la fuerza laboral y en la protección de la infraestructura crítica. La ciberseguridad debe incorporar una perspectiva centrada en el ser humano, incluyendo el enfoque de género, dado que la violencia digital se ha convertido en una manifestación de la violencia sistémica. A pesar de los retos, se observan avances en la madurez regional y la cooperación, ejemplificada por la plataforma CESCIR Américas, que facilita el intercambio de inteligencia entre 52 equipos de respuesta en 22 países, incluido Panamá.

Panamá, como hub logístico y financiero, enfrenta un riesgo estratégico elevado. El principal desafío es la alta desconfianza global sobre la capacidad de respuesta de la región ante incidentes que afecten infraestructuras críticas. Se destacó que en Panamá existe una falta de cultura de ciberseguridad, donde los incidentes son diarios, pero la gravedad aún es “manejable”. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) prioriza la identificación de la superficie de ataque de las entidades gubernamentales y el fortalecimiento de las infraestructuras críticas. La academia (UTP) juega un rol esencial, preparando el recurso humano especializado y fomentando una cultura digital responsable en la población, incluyendo la creación de carreras especializadas en ciberseguridad.

El punto crítico es mantener una línea delgada entre el uso de la vigilancia inteligente (impulsada por IA para detectar comportamientos anómalos) y la protección de los datos personales. Se requiere que los sistemas y algoritmos se desarrollen bajo los principios de “privacidad por defecto” y “seguridad por defecto”. Es indispensable la presencia del “man in the loop” (criterio humano) para supervisar y validar las decisiones complejas tomadas por los sistemas automatizados. La Ley 81 de Protección de Datos Personales en Panamá establece límites éticos de legalidad, finalidad y exactitud, aunque la ejecución de estos derechos por parte de los ciudadanos es baja. Además, el almacenamiento de datos masivos representa un riesgo futuro ante el avance de la computación cuántica (el fenómeno denominado “QDay”).

En la era de la postverdad, las emociones pesan más que los hechos, y las narrativas son distorsionadas rápidamente, afectando la credibilidad y la confianza. La lucha contra la desinformación debe abordarse con tres herramientas clave: verificación rigurosa, regulación ética (que controle a los intermediarios y plataformas sin caer en la censura) y, de mayor alcance, la alfabetización mediática y digital. El Estado debe actuar como arquitecto, promoviendo la transparencia algorítmica de las plataformas (para abrir la “caja negra” de cómo se difunde la desinformación) y fortaleciendo la seguridad cognitiva de los ciudadanos. La desinformación prolifera donde existe desconfianza institucional.

La modernidad de la seguridad exige que el Estado no actúe en solitario, combinando el mandato público con la eficiencia y el expertise del sector privado y la sociedad civil. En la prevención del delito, las APPs deben enfocarse en tres indicadores de impacto concretos: 1) Identificación científica de los beneficiarios; 2) Modelos de intervención medibles (manejo de ira, consumo); 3) Cierre de ciclo mediante la inserción laboral digna y honesta para prevenir la reincidencia. La experiencia de Costa Rica ante el ataque Conti demostró que la cooperación público-privada requiere la creación de un comité de crisis a nivel presidencial para asegurar el intercambio rápido de inteligencia en tiempo real. Un principio no negociable para el éxito de las APPs, especialmente en plataformas de denuncia anónima (como Crime Stoppers), es la confianza y la protección del anonimato y la seguridad de los datos.

El crimen organizado moderno es altamente sofisticado, superponiendo los desafíos del crimen tradicional con las amenazas digitales. Las brechas más urgentes son las tecnológicas y de talento humano dentro de los cuerpos de seguridad. La cooperación internacional es crítica, ya que a menudo es lenta y limitada debido a la heterogeneidad regulatoria entre países. Desde el ámbito legal, la brecha normativa es clave; la evolución del crimen es tan rápida que las normas se vuelven obsoletas al momento de su implementación. Se mencionó el caso de Panamá, cuya adecuación penal en ciberdelitos se concretó en 2024, a pesar de haber ratificado el Convenio de Budapest en 2013.

1. Seguridad como Inversión Estratégica: La seguridad ya no es un costo, sino una inversión fundamental para la confianza ciudadana, la democracia y la estabilidad económica. La región, con el 6% de la población mundial, concentra el 30% de los homicidios, lo que subraya que la inseguridad es un obstáculo formidable para el desarrollo.

2. Modernización Institucional y Legal: Los estados no pueden enfrentar las amenazas del siglo XXI con instituciones y marcos legales diseñados para el siglo XX. Es imperativo modernizar estamentos de seguridad, fiscalías y tribunales con capacidades de trazabilidad financiera (criptoactivos) e investigación digital forense.

3. Adopción de Enfoques Predictivos: La planificación normativa no puede ser reactiva; debe moverse hacia enfoques predictivos y un cambio de cultura que anticipe los escenarios futuros probables del ciberdelito. Es vital mejorar la calidad y el uso de los datos para análisis predictivos y focalización de políticas.

4. Responsabilidad Colectiva y Alianzas Dúctiles: La lucha requiere un esfuerzo colectivo (gobierno, sector privado, academia y ciudadanía). Las alianzas deben ser coherentes, consistentes y dúctiles para adaptarse a la velocidad del cambio. La ciudadanía, especialmente los jóvenes, constituye el eslabón más débil y debe ser capacitada en responsabilidad digital.

5. Compromiso Hemisférico: Es necesaria una cooperación internacional efectiva basada en inteligencia compartida, ya que ningún país enfrentará solo las amenazas que circulan globalmente en segundos. Las agencias internacionales (BID, OEA, HSI, UNODC, CAF) están listas para apoyar la modernización y el fortalecimiento de capacidades.