Acción por la salud de las mujeres

Desde 1987 todos los 28 de mayo se conmemora en la región el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una iniciativa de la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC), para crear conciencia, visibilizar las desigualdades y los distintos riesgos que sufren las mujeres en toda su diversidad, en las instancias sanitarias, así como promover una salud más digna, inclusiva y oportuna.

La falta de acceso a las instancias sanitarias para las niñas, adolescentes y jóvenes, repercute en el persistente porcentaje de muertes maternas de mujeres, lo cual es un problema de salud pública. Para el año 2023 el Ministerio de Salud reportó 69 muertes en contextos de maternidad, de los cuales 37 fueron identificadas como muertes maternas. El 73% de estas muertes fueron directas, es decir, complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, así como también por negligencia médica y el 27% muertes indirectas, producto de afectaciones fisiológicas del propio embarazo, siendo las más afectadas el grupo de mujeres jóvenes entre los 24 a 29 años de edad.

Debido al limitado acceso que tienen las mujeres en toda su interseccionalidad a los servicios sanitarios, especialmente en las comunidades de difícil acceso y en las comarcas indígenas, donde las mujeres mueren por complicaciones del embarazo en sus propias casas o camino a los centros hospitalarios, las convierte en un grupo en especial estado de vulneración y violación de sus derechos sexuales y reproductivos.

El derecho humano a una salud sexual y reproductiva implica el ejercicio y goce de la sexualidad y decidir de acuerdo con los deseos y necesidades de cada cual. Las mujeres tienen el derecho a decidir en qué condiciones llevar su relación de pareja, la cantidad de hijos o hijas a concebir y el tiempo entre cada embarazo. El Estado debe respetar esta autonomía de las mujeres, brindando la información y los servicios de salud requeridos, con respeto y confidencialidad. La falta de acceso a la salud desencadena paternidades no deseadas, aborto por falta de información, infecciones de transmisión sexual y el VIH Sida, entre otras afectaciones.

La ley 82 de 2013 recoge el concepto de violencia contra la libertad reproductiva, como la vulneración del derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Esta ley se refiere también a la violencia en los servicios de salud públicos y privados, como el trato desigual contra las mujeres por parte del personal de salud, el cual incluye negarse a prestar una atención médica oportuna, no brindar atención integral de urgencia en los casos de violencia contra las mujeres, violar la confidencialidad, no tomar en cuenta los riesgos que enfrenta la afectada y no cumplir con la obligación de denunciar, lo que puede acarrear responsabilidades penales.

La legislación recoge también la penalización de la violencia obstétrica, que es la ejercida por el personal de salud, violentando el cuerpo de las mujeres y el proceso reproductivo, expresada a través de un trato abusivo, deshumanizado, humillante o grosero en los servicios de atención sanitaria.

El Estado sigue en deuda respecto a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, por la falta de acceso a los servicios de salud, sobre todo para niñas adolescentes y jóvenes en las comunidades rurales y la población indígena.

Otra deuda del Estado sigue siendo la incorporación de la educación sexual integral en el currículo educativo, la perspectiva de género en la educación. Se mantiene un modelo en cumplimiento de normas morales y conservadoras, reforzando los roles sociales impuestos al hombre y la mujer. Esta es una de las razones por la que se sigue perpetuando la violencia y las relaciones desiguales del poder en la sociedad. La discriminación y la violencia afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes, ya que carecen de las herramientas necesarias, en un mundo en donde la tecnología tiene mucha más presencia que sus padres y docentes.

Las mujeres requieren acciones eficaces que protejan y respeten sus derechos a la educación, la información, el acceso a los servicios de salud, el acceso a los métodos de planificación, a evitar embarazos que pongan en peligro sus vidas, tienen derecho también a la libertad sexual, el derecho a la intimidad, a la privacidad, a decidir sobre su cuerpo, sobre su relación en pareja y otros derechos que recogen las leyes y protocolos de actuación en la atención de salud tanto en el sector público como privado.