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- 21/04/2019 02:00
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La violencia de hombres agresores hacia sus parejas es un problema muy antiguo, que no ha podido ser erradicado en ningún lugar del mundo. La violencia es intergeneracional; la mayor parte de los agresores y víctimas han vivido el maltrato y la violencia en su propio hogar y lo replican en su vida de adultos. En Panamá, como en los países anglosajones y a nivel internacional, las leyes, protocolos y políticas han tomado medidas preventivas y curativas en un esfuerzo por cortar el hilo conductor que transmite la violencia o la sumisión de generación en generación como una enfermedad.
Medidas curativas: En Panamá la Ley 82 de 2013 modifica el Código Penal y establece el tratamiento terapéutico multidisciplinario, que consiste en un programa de intervención para evaluación, intervención psicoeducativa, evaluación de eficacia y finalmente seguimiento del programa, realizado por profesionales titulados, cualificados y acreditados en ciencias del comportamiento, con la colaboración de trabajo social y enfermería en salud mental para modificar las actitudes, creencias y comportamientos de los agresores.
Lamentablemente, la ley no se ha cumplido a cabalidad y a la fecha el programa sólo se ha realizado en ciertos centros de salud aislados del Ministerio de Salud, pero no hay unificación ni un programa formal definido, así como tampoco una entidad dentro del Ministerio ni lugares especiales para llevar a cabo el tratamiento.
Incluso en países donde se han invertido suficientes fondos en programas formales de intervención psicoterapéutica contra la violencia, hay poca evidencia de que el tratamiento logre erradicar la reincidencia. El factor de mayor riesgo es la exposición a la violencia dentro de la unidad doméstica en la niñez y adolescencia. En conclusión, la experiencia, tanto en Panamá como en otros países, nos indica que la efectividad de las medidas curativas aplicadas a los agresores deja mucho que desear, ya que es muy difícil cambiar la manera de pensar, de percibir y la forma en que se reacciona. La experiencia de otros países nos indica que la disuasión por certeza de castigo, la erradicación de la impunidad y la pena de prisión para los agresores ha funcionado mejor. Por el contrario, el tratamiento psicoterapéutico de las víctimas por estrés postraumático y síntomas de depresión de moderados a severos ha dado mejor resultado que la intervención con agresores.
Mientras que en Panamá no tenemos estadísticas por falta de seguimiento sobre la efectividad del tratamiento, en Estados Unidos algunos estudios han arrojado una cifra de 5% de reducción de la violencia en los agresores sometidos a tratamiento. Este bajo porcentaje de éxito merece un análisis de costo-beneficio, tomando en cuenta el costo del tratamiento y los efectos potenciales secundarios, versus los beneficios en cuanto a prevenir femicidios y lesiones y reducir el riesgo psicológico a las víctimas y menores expuestos a la violencia dentro de la unidad doméstica. Una reducción de 5% puede parecer insignificante, pero el tratamiento en casos de violencia doméstica en los Estados Unidos podría significar que aproximadamente 42,000 mujeres por año dejarían de ser maltratadas.
Medidas preventivas: En Panamá la Ley 82 de 2013 contra la violencia hacia las mujeres establece una medida preventiva muy eficaz entre las medidas cautelares personales que no se ha implementado todavía, cual es la colocación de ‘localizadores electrónicos', mejor conocidos como brazaletes electrónicos.
Desde que entró en vigencia la ley, los diferentes gobiernos han buscado diversas excusas para no implementarla, desde la falta de presupuesto (la más usada) hasta una serie de irregularidades que fueron reclamadas por las empresas y nunca fueron contestadas por el Ministerio de Seguridad, según La Crítica del 28 de septiembre de 2015. La ley contra la violencia hacia las mujeres es casi letra muerta o ley mártir, con infinidad de disposiciones que no se cumplen o se cumplen a medias, con una suerte muy parecida a la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999.
Felizmente, pudimos ver un rayo de luz esperanzador, cuando el candidato presidencial Laurentino Cortizo prometió, en una reunión con 10,000 mujeres, que implementaría los brazaletes electrónicos. El 15 de abril de 2019, Fundagénero hizo entrega formal de un proyecto de sistema de implementaciones tecnológicas para la prevención del delito y protección de víctimas en la República de Panamá.
Este proyecto es una esperanza para las mujeres, ya que se regularía la aplicación de estas medidas cautelares que, con el uso de estaciones de monitoreo, lograrían que, por la geolocalización de víctimas y ofensores, se evite que más mujeres mueran con una boleta de protección en la mano.
COLUMNISTA