Hacia una transición verde y justa en América Latina

Actualizado
  • 18/03/2023 00:00
Creado
  • 18/03/2023 00:00
La sostenibilidad en América Latina y el Caribe sigue siendo evaluada. La región presenta diferentes oportunidades, sin embargo, es necesaria la acción del sector público
Este cambio requiere entender cómo transformar el modelo de desarrollo de las sociedades para alcanzar un modelo de vida sostenible

El documento “Perspectivas económicas de América Latina: hacia una transición verde y justa”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene como objetivo analizar los retos y oportunidades de la transición verde en América Latina y el Caribe, así como ofrecer recomendaciones de política pública para garantizar el bienestar de los ciudadanos y la protección de los ecosistemas de la región.

La OCDE es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor, por lo que en colaboración con gobiernos responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabaja para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales.

En el documento se plantean etapas para alcanzar la transición verde en América Latina. Estas van desde afrontar la coyuntura macroeconómica estructural para impulsar la transición verde, hasta aprovechar el potencial de la transición verde para construir un modelo de desarrollo más inclusivo, y cambiar la estructura del modelo de desarrollo.

No obstante, este análisis plantea preguntas para abordar su implantación. Preguntas como, ¿cómo hacerlo posible desde la perspectiva financiera?, al igual que, ¿cómo hacerlo posible desde la gobernanza? Ambas respuestas requieren alianzas internacionales para lograr para América Latina una transición verde y justa.

Es importante que la transición verde avance por medio de mecanismos institucionales que promuevan el consenso y permitan forjar un nuevo contrato social sostenible

El desafío de esta transición tiene su origen en la necesidad imperante de lograr que América Latina y el Caribe avance a un desarrollo más justo y sostenible, que permita a sus ciudadanos mayor bienestar en donde residan.

De allí nace la importancia de adoptar una agenda ambiciosa de políticas públicas, en un contexto regional y global complejo, que genere el cambio hacia prácticas sostenibles dentro de cada uno de los sectores que impulsan el desarrollo sostenible de las naciones.

Este cambio, según la plataforma digital telefónica.com, requiere entender cómo transformar el modelo de desarrollo de las sociedades para alcanzar un modelo de vida sostenible, de modo que la actividad humana no ponga en peligro al planeta.

Este nuevo modelo es una consecuencia de los informes emitidos por el Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC), que plantea científicamente que la vida en el año 2100 se verá alterada si la sociedad no cambia su relación con el medio ambiente, puesto que los impactos del cambio climático debido a fenómenos atmosféricos intensos están ocasionando el empobrecimiento y desmejoramiento de las condiciones de vida de millones de personas en el planeta.

Evitar que esta situación vaya a más y termine siendo completamente irreversible requiere limitar las emisiones contaminantes, reto que pone en la palestra lograr trazar el cambio de vuelta hacia convivir con y en lo verde.

Indica la OCDE que “una transición verde que sea justa debe venir acompañada de políticas que permitan transformar las matrices energéticas y productivas en la región, promoviendo el desarrollo de nuevos sectores económicos más sostenibles que permitan la creación de empleos de calidad, apoyando en particular a aquellos trabajadores y hogares que puedan verse afectados negativamente en el proceso de transición”.

De allí la importancia de repensar los modelos financieros de las sociedades, tanto los sistemas tributarios, como la política fiscal en general, e igualmente contemplar la importancia del desarrollo de nuevas herramientas y estándares para fortalecer las finanzas verdes.

Al transformar los sistemas financieros, se logrará una cohesión de los actores involucrados en el desarrollo de los países, porque una transición verde y justa exigirá alcanzar amplios consensos entre los diferentes grupos de ingresos, las generaciones y los territorios, en torno a un nuevo contrato social en el que la sostenibilidad sea un eje central del que se alimentarán nuevas alianzas a nivel regional e internacional.

Bondades de la transición hacia lo verde

Indica la OCDE que transformar la matriz energética y productiva puede contribuir a impulsar la productividad, desarrollar nuevos sectores económicos y crear más empleos formales, porque la región de América Latina y el Caribe está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables, lo que representa cerca del 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a nivel mundial.

Es decir, la inversión en tecnologías renovables puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, logrando al mismo tiempo un suministro de energía a menor costo.

Inclusive, en algunos países de América Latina y el Caribe con este cambio se puede lograr una menor dependencia de productos importados derivados de combustibles fósiles, lo que a su vez suma acciones para el éxito de la transición hacia cero emisiones netas, dado que este está supeditado a la descarbonización sistémica a través de la electrificación de los diferentes sectores económicos.

Adicionalmente, es importante pensar en cómo avanzar en la transición verde por medio de mecanismos institucionales que promuevan el consenso y permitan forjar un nuevo contrato social sostenible, por lo que para que la transición verde sea viable en el tiempo, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben garantizar procesos participativos e inclusivos.

Al lograr que la multiplicidad de actores, sectores y colectivos afectados e involucrados por la agenda verde se unan en una plataforma compartida para la negociación y la búsqueda de consenso, se puede obtener un nuevo contrato social sostenible para la región, puesto que el 68% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe reconoce que el cambio climático constituye una amenaza muy grave para su país de cara a los próximos 20 años, un porcentaje más alto que en otras regiones.

Debido a esto, “las instituciones públicas tendrán que trabajar estratégicamente para encontrar un equilibrio entre objetivos económicos, sociales y medioambientales, promover el avance hacia las metas de las contribuciones determinadas a nivel nacional, y garantizar una aplicación coherente y progresiva de estrategias con un horizonte temporal de largo alcance, como las definidas en los planes nacionales de desarrollo”.

Además, el involucramiento activo del sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y las comunidades locales en todos los aspectos del ciclo de las políticas públicas es indispensable para tener en cuenta sus voces y desarrollar políticas participativas y transparentes, por lo que las alianzas internacionales entre estos actores son fundamentales para aprovechar el potencial que ofrece una transición verde y justa.

Por último, señala el documento de la OCDE que, el proceso de transición verde y el logro de los objetivos de desarrollo con bajas emisiones de carbono conllevan una serie de retos que no pueden resolverse en el ámbito nacional exclusivamente, por lo que para garantizar la aplicación exitosa de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático se requiere de la cooperación regional e internacional, así como de una agenda verde más amplia.

De allí que la riqueza de recursos naturales y el hecho de albergar el 50% de la biodiversidad mundial hacen que muchos países de América Latina y el Caribe puedan ser actores principales en las negociaciones internacionales sobre el clima.

En conclusión, a la hora de adoptar un modelo de desarrollo sostenible, los gobiernos de América Latina y el Caribe se beneficiarán de lograr un fuerte poder de convocatoria y de forjar una voz única en las agendas medioambientales multilaterales, lo que ayudará a dar mayor visibilidad a las particularidades de la región y, al mismo tiempo a alinear mejor las políticas nacionales con los objetivos medioambientales establecidos a nivel internacional.

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