Entre el drama y las repercusiones del aborto

“La primera vez que le pregunte a mi mamá qué era el aborto, me dijo: 'Shhhhh, nunca pienses en eso, es un asesinato', y me dejó sin respuesta. Desde que tengo memoria he recibido gran parte de la información sobre el aborto del periódico local. El aborto siempre ha sido mostrado como un acto cruel y las mujeres que tienen abortos son etiquetadas como 'fáciles', porque tuvieron sexo antes del matrimonio”, este fue el planteamiento de una joven de Indonesia para la Federación Internacional de Planificación Familiar (International Planned Parenthood Federation, IPPF en inglés) en 2016.

“Los medios de comunicación reportan que el aborto es un procedimiento doloroso, que debe asustarnos y que siempre está seguido de una hemorragia que eventualmente lleva a la muerte. Toda la información que encontré me llevaba a una sola conclusión: el aborto es malo. A menudo recibimos información que nunca ha sido cuestionada o verificada. No nos damos cuenta de que aquellas cosas que creemos como verdades absolutas, pueden ser mitos. Los mitos están presentes en muchos aspectos vinculados a la vida humana, incluyendo el tema del aborto”, dijo.

Actualmente el acceso al aborto es un tema controvertido en el mundo; Panamá es una de las naciones que ha adoptado leyes con las que solo se permite el aborto como medio para salvar la vida de la mujer embarazada, o cuando el embarazo es resultado de violación o de incesto.

Raúl Bravo, ginecólogo y obstetra, aseguró en una entrevista a este medio que la mortalidad materna es uno de los problemas de salud pública en Panamá y el aborto incompleto e inseguro es una de sus principales causas. Añadió que los abortos ocurren principalmente en la edad reproductiva de la mujer, entre los 19 y los 35 años de edad.

De hecho, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Contraloría General de la República registran alrededor de 8,500 casos de abortos, en sus diferentes formas clínicas, en el sistema de salud público y privado del país.

“El acceso al aborto en Panamá está limitado a lo previsto en el Código Penal y es considerado ilegal. Este documento tipifica el aborto provocado como un delito en los artículos que van desde el 141 al 143, con pena de hasta ocho años de prisión; no obstante, existen situaciones en las que no es considerado un delito”, explicó Bravo.

De acuerdo con el artículo 144 de Código Penal, solo se puede acceder a servicios legales y, por ende, seguros, cuando el aborto busca interrumpir un embarazo producto de una violación; o cuando este representa una causa grave de salud que ponga en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción (incluyendo malformaciones congénitas incompatibles con la vida).

En el primer caso (por violación), según el marco legal, se necesita que el delito esté en conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo (8 semanas); mientras que en el segundo caso, será una comisión multidisciplinaria designada por el Minsa la que determinará las causas graves de salud y autorizará el aborto.

En ambos casos lo debe practicar un médico idóneo en un centro de salud estatal, remarcó el expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (Spog).

Según cifras del Minsa, a través de la Dirección de Planificación del Departamento de Registro y Estadística de Salud, al cierre de 2017 se registraron 5,593 abortos (último informe sobre el caso). Y de acuerdo con las estadísticas, siete mujeres fallecieron por embarazo terminado en aborto, ese mismo año. Asimismo, se estima que entre 20% y 30% de los embarazos tienen como resultado un aborto espontáneo en las primeras 12 semanas de gestación.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que anualmente, al menos, el 8% de las muertes maternas en todo el mundo es producto de un aborto no seguro.

“Impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducirlos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros”, mencionó la OMS.

Una de las ideas que durante mucho tiempo se ha utilizado como argumento contra el aborto, es que supone un riesgo para la salud mental de la mujer y que provoca traumas emocionales y psicológicos, depresión y ansiedad.

Giselle Guevara, psiquiatra y vicepresidenta de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, aseguró que no existe evidencia que demuestre que un aborto sea una causa directa de trastornos mentales. Añadió que una condición de salud mental preexistente explica la incidencia de un problema de salud mental posterior a un aborto, más que el aborto en sí mismo.

“Es de suma importancia tener una valoración del estado de salud mental en aquellas pacientes que atraviesan por un embarazo y presentan trastornos preexistentes. Es muy importante abordar el tema de forma individual para contemplar los antecedentes de la persona, además de prestar atención a las mujeres con historia de abortos previos, referir a las áreas de salud mental los casos en los que exista sospecha de compromiso emocional y mental, optimizar la red de apoyo mental en el sistema sanitario y, si aplica, involucrar a familiares, pareja y amigos a la red de apoyo”, recomendó la psiquiatra.

De hecho, estudios científicos han demostrado que no existen diferencias significativas en las consecuencias a largo plazo sobre la salud mental entre las personas que deciden realizarse un aborto y aquellas que deciden tener un hijo. “El predictor más confiable de cuál será la salud mental luego de un aborto es la salud mental antes del embarazo. No hay tal cosa como un 'síndrome postaborto'; la idea de que la mayoría de las personas tiene una reacción traumática al aborto no está respaldada por la ciencia”, advierte una investigación realizada en 2018 por el Centro Iniciativa de Aborto Posterior (Later Abortion Initiative, LAI, en inglés), un proyecto de Ibis Reproductive Health, Estados Unidos.

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo), en el documento 'Global Narrative Advocay Safe Abortion', asegura que cuando no se dispone de un aborto seguro, las mujeres que quieren ejercer su derecho de elección reproductiva pueden enfrentarse con proveedores no calificados que suelen actuar en medios insalubres, o incluso ellas mismas pueden intentar inducirse el aborto, poniendo en riesgo sus vidas.

En ese sentido, la IPPF advirtió de que el embarazo no deseado es muy común en la comunidad joven; y coincidió en que las complicaciones relacionadas con la gestación y el parto son la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años en todo el globo.

Tomando esto en consideración, la Spog, con el apoyo de la Figo, el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) pusieron en marcha el 'Safe Abortion Advocacy Project' (Saap), una iniciativa comunicacional/educativa que busca dar a conocer los riesgos del aborto incompleto e inseguro para la vida de la mujer, así como las causales que permitirían el acceso a los servicios legales de aborto en Panamá y, en consecuencia, al aborto seguro.

El proyecto incluye la capacitación en derecho y comunicación asertiva de los diferentes profesionales de la salud que podrían estar vinculados con la educación sexual y el aborto, como médicos ginecólogos, médicos especialistas en medicina general, dermatología, cardiología, medicina crítica y psiquiatría, enfermeras y representantes de la sociedad civil, sobre las causas del aborto (espontáneo o inducido); los riesgos del aborto incompleto e inseguro para la vida de la madre; y las excepciones que permitirían la realización de un aborto seguro y legal en el país.

De acuerdo con el Instituto Guttmache, que promueve la salud reproductiva bajo los principios y la definición establecida por la OMS, entre 2015 y 2019 se produjeron en todo el mundo aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados, de los cuales el 61% terminó en aborto. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año.

En 2017, la OMS alertó mediante un comunicado que de 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos o no seguros (45% de todos los abortos) al año, de los cuales el 97% se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina, según un estudio realizado por la OMS y el Instituto Guttmacher con sede en Estados Unidos, publicado por la revista científica The Lancet.

Bela Ganatra, autora principal de la investigación y científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, recomendó que se precisan más esfuerzos, especialmente en las regiones en desarrollo, para garantizar el acceso a los anticonceptivos y al aborto seguro a fin de preservar la vida de las mujeres.

“Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias. Esto no debería pasar. Sin embargo, pese a la evidencia y a los recientes avances en materia de tecnología, siguen produciéndose demasiados abortos peligrosos y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo, algo que se podría evitar”, señaló la científica en aquel entonces.

A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales y son la segunda causa principal de muerte materna del mundo, según la OMS.

En el Código Penal derogado de 1982 se llegó a despenalizar el aborto en tres circunstancias que se encuentran en la legislación vigente (Art. 144 C.P. 2007): por razones terapéuticas, es decir por causas graves de salud que pongan en riesgo la vida de la madre. Por indicación eugenésica, que ponga en peligro el embrión, a causa de deformidades y malformaciones que pueden ser por diferentes causas, y por razones éticas o cuando la mujer es víctima de violación.

La interrupción del embarazo es voluntaria si el embarazo se ajusta a alguno de estos casos; pero si se prefiere dar continuidad al embarazo, también se puede hacer.

Fuera de estas tres situaciones, la práctica es penalizada en Panamá. Al ser ilegal, indudablemente no hay cifras o registros de abortos clandestinos.

En ese sentido, el comité de la organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño urgió a Panamá a despenalizar el aborto en todos los casos, y adoptar una estrategia integral de educación y salud sexual y reproductiva.

Según el comité, en Panamá “las niñas menores de 19 años de edad constituyeron el 18,7% de los embarazos reportados en 2016”.

Como parte de una política de prevención de embarazos precoces, el comité también formuló como recomendación retomar el diálogo en torno al proyecto de ley número 61 sobre educación sexual y reproductiva –estancado en discusiones en la Asamblea Nacional desde el 2014–, que tiene por objetivo integrar esta cátedra en el currículum escolar.

Los expertos pidieron al Estado adoptar una estrategia de comunicación sobre salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género.

El comité planteó que Panamá, antes del 10 de enero de 2023, debe presentar su próximo informe, en el que comunicará a los miembros de la ONU sus progresos y eventuales obstáculos en la aplicación de las recomendaciones.