Silencio e indignación: Panamá y el desafío de la violencia sexual

Las cifras estremecen y las historias se repiten. En Panamá, los casos de abuso sexual se han convertido en una preocupación constante para la sociedad, que clama por medidas más firmes para proteger a las víctimas y prevenir nuevas agresiones. La encuesta Vea Panamá de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting revela que el 68% de los panameños está de acuerdo con la creación de un listado público de ofensores sexuales, mientras que un 18% se opone y un 12% mantiene dudas.

El estudio, aplicado durante septiembre de 2025, refleja una demanda social de protección ante la creciente ola de denuncias y la exposición mediática de casos en distintas regiones del país. También evidencia el respaldo ciudadano a la iniciativa legislativa impulsada por la diputada Paulette Thomas, conocida como Ley 146, que busca reformar la Ley 244 de 2021 para hacer público el registro de ofensores sexuales.

Más que una cifra, los resultados reflejan un sentimiento colectivo de alarma frente a una amenaza que se repite en las calles, en los hogares y en los entornos digitales. La sociedad panameña pide saber quiénes representan un peligro y exige respuestas que garanticen justicia y prevención.

Entre enero y agosto de 2025, el Ministerio Público (MP) contabilizó 3,769 denuncias por violación y otros delitos sexuales en todo el país, con mayor incidencia en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste.Solo en 2024, las estadísticas oficiales ya habían documentado más de 2,000 casos, entre violación, acoso sexual y actos libidinosos, muchos contra menores de edad.

La violencia sexual se ha posicionado, así, como uno de los crímenes más denunciados en Panamá, un fenómeno que mantiene en alerta tanto las autoridades judiciales, como a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las cifras no solo evidencian la magnitud del problema, sino también la persistencia de un patrón social que continúa afectando a las poblaciones más vulnerables, especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Detrás de cada número hay una historia de dolor. Esta realidad ha generado un clima de preocupación y desconfianza en la ciudadanía, que percibe la violencia sexual como una amenaza latente que atraviesa todos los sectores sociales. En este contexto, la propuesta de crear un listado público ha ganado fuerza como una respuesta ciudadana frente al miedo y la desconfianza.

El 3 y el 25 de julio se registraron dos casos de violación y tentativa de violación cometidos por un conductor de transporte pirata. En el primero, una mujer fue atacada dentro de un vehículo informal mientras intentaba regresar a su hogar. En el segundo, una joven logró escapar y alertar a las autoridades, lo que permitió la captura inmediata del agresor. En otro hecho, un hombre de 30 años fue detenido provisionalmente por el delito de violación agravada, tras comprobarse que ofrecía el servicio de transporte alternativo y había agredido sexualmente a dos estudiantes de 15 años.

Estos hechos, que se suman a una larga lista de denuncias en todo el país, reavivaron el debate sobre la necesidad de crear un listado público de ofensores sexuales. La creación de un listado público para aquellos condenados por delitos sexuales podría ser una medida preventiva que permita a la sociedad identificar y estar alerta ante estos peligros. El aumento de las denuncias también ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las políticas públicas de prevención. ¿Qué mejor forma de proteger a las futuras generaciones que haciendo visible el riesgo y permitiendo que todos podamos tomar decisiones basadas en la información y no en la incertidumbre?

Ante el aumento de denuncias y la presión social por mayor seguridad, la diputada del Circuito 8-3 Paulette Thomas de la coalición Vamos, presentó la Ley 146, que propone la creación del Registro Nacional de Ofensores Sexuales, una base de datos pública destinada a identificar a las personas condenadas por este tipo de delitos.

La normativa busca proteger a la ciudadanía, especialmente a niños, niñas y adolescentes, mediante la difusión controlada de información sobre quienes han sido hallados culpables por delitos sexuales. El listado incluiría nombre completo, fotografía, delito cometido, condena y jurisdicción judicial, actualizándose periódicamente bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público.

Actualmente, dicho registro solo puede ser consultado por autoridades judiciales y abogados, pero no está disponible al público general. La propuesta de la diputada pretende cambiar eso.

Según explicó Thomas, la motivación de la propuesta surgió tras involucrarse con grupos de mujeres, organizaciones de protección a la niñez y movimientos contra la impunidad y la corrupción. Después de presentar el proyecto de ley 474, que amplía las penas, sobre todo en casos de violación infantil, consideró necesario dar un paso más frente a la gravedad de las cifras.

“Desde hace rato estamos viendo lo que está sucediendo con nuestros niños: cómo están desapareciendo y cómo los casos de violación aumentan de manera exponencial; las cifras son aberrantes, así que era lógico”, manifestó.

Añadió que, aunque ya existe la Ley 244 de 2021, esta había perdido su esencia desde su creación. “En el artículo 15 se establece que debe salvaguardarse la identidad del victimario, y desde ahí la norma pierde fuerza, porque hasta la fecha solo tienen acceso a esa lista los abogados o las autoridades del Ministerio Público”, señaló la diputada.

Para Thomas, hacer público el registro es un paso imperativo para que la ley cumpla su propósito original: convertirse en una herramienta real de prevención. La legisladora recordó el caso de Aderlyn Llerena, la niña desaparecida cuyo crimen conmovió al país.

“Si los familiares hubieran tenido acceso a este listado, habrían sabido que el agresor tenía denuncias previas de índole sexual. Por eso esta herramienta es tan importante”, enfatizó.

La modificación planteada por Thomas cambia únicamente el artículo 1 de la Ley 244, permitiendo que cualquier ciudadano responsable pueda consultar el listado de ofensores sexuales.

“Esto no significa que se va a publicar en medios o redes sociales”, aclaró. “Uno va a poder acceder a esa información con gran responsabilidad”.

Dentro del registro una vez cumplida la pena, el agresor deberá reportar su residencia cada seis meses ante el Ministerio Público y mantener un perfil genético registrado, lo que facilitaría rastrear eventuales reincidencias.

En los casos de delitos contra menores, los datos permanecerán en el listado el triple del tiempo de la condena, como una medida adicional de protección.

La ciudadanía exige respuestas. Según la encuesta, el 68% de los panameños está a favor de hacer pública la lista de ofensores sexuales, una demanda que ha impulsado el debate legislativo y que, en la percepción popular, responde a una necesidad de protección y memoria colectiva.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas, ya han advertido sobre los riesgos de estigmatización y las dificultades que la exposición pública puede acarrear. Argumentan que una lista de ofensores sexuales, puede convertirse en una herramienta que puede insitar al linchamiento o acoso. El debate, por tanto, va más allá de lo legal: se adentra en el terreno de lo ético y lo humano.

Para la diputada Paulette Thomas, impulsora de la Ley 146 que propone la creación del registro público, la discusión no admite equivalencias. Su postura es firme y está respaldada por años de activismo en temas de protección a la niñez y la mujer.

“El que roba es un ladrón. El que es capaz de violar la ingenuidad de una criatura de esa manera, marcando su existencia, pues tenemos que estar claros: la niñez no se repite”.

Thomas sostiene que no se trata solo de castigar, sino de proteger a los más vulnerables. En su visión, el registro público sería una herramienta de advertencia y transparencia. Pero la diputada también reconoce que la ley, por sí sola, no resolverá el problema. Más allá del registro, la solución debe ser integral: educación en el hogar, en las escuelas, fortalecimiento del sistema judicial y apoyo a las víctimas.

“La docencia es vital... tiene que ser un complemento entre la casa y la escuela”, declara. Ademáslanza un llamado directo a la sociedad: denunciar, proteger y no normalizar el silencio que permite la repetición del delito.

Thomas también dedica un mensaje a las víctimas:

“No están solas. Muchas veces tienen temor al escarnio público, pero no deberían. Quien debe temer al escarnio es quien vulnera la vida de una criatura, de un adulto, de un adulto mayor o de una persona con discapacidad. Ellos son quienes deben cargar con la vergüenza, no la víctima. Y decirles que no están solas”.

El debate continúa. Mientras se define el alcance legal y político de la ley, la sociedad también tendrá que asumir su parte: visibilizar el problema y, al mismo tiempo, promover políticas públicas que ayuden a reducir casos de abuso sexual. Hacer público el listado de ofensores sexuales es un tema que reflexiona sobre las raíces del problema y sobre el tipo de comunidad que se desea construir: una donde el silencio no sea cómplice, pero donde tampoco se perpetúe la violencia desde la exclusión.

La solución no estará solo en un registro, sino en la capacidad colectiva de prevenir, educar y acompañar. Y en esa búsqueda constante por el equilibrio entre justicia y humanidad, una pregunta seguirá abierta: ¿Usted estaría de acuerdo con que se cree un listado público para aquellas personas que han sido condenadas por delitos sexuales?