Vivienda pública en Panamá: la utopía modernista y lecciones pendientes de los proyectos de Renovación Urbana

En las ciudades de Panamá y Colón, el acelerado proceso de urbanización durante la segunda mitad del siglo XX generó tensiones sobre el uso del suelo urbano.

La migración campo-ciudad, junto con el incremento demográfico, evidenció la limitada capacidad de estas urbes para absorber nueva población dentro de sus estructuras existentes.

Tanto actores institucionales como la ciudadanía comenzaron a identificar una “crisis urbana”, caracterizada por fenómenos como la congestión, la expansión de los asentamientos informales y el progresivo deterioro del centro histórico.

En este contexto, se promovieron políticas de “renovación urbana” fundamentadas en el supuesto de obsolescencia del tejido urbano tradicional, lo que justificó su sustitución por nuevas tipologías arquitectónicas y modelos de ocupación del espacio.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la vivienda pública emergió como un instrumento central de política social en Panamá, luego de las experiencias del Banco de Urbanización y Rehabilitación (BUR) así como la Caja de Seguro Social en los proyectos de vivienda pública en los años cuarenta.

Las autoridades gubernamentales impulsaron programas orientados a la erradicación de las barriadas brujas y la provisión de soluciones habitacionales formales. El entonces Instituto de Vivienda Urbana (IVU), luego MIVI, hoy Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) desempeñó un papel clave mediante la asignación de recursos para la construcción de complejos habitacionales de interés social y evitar el surgimiento de asentamientos informales.

Como resultado, el gobierno “revolucionario” desarrolló un programa de edificación a gran escala que transformó significativamente el paisaje urbano de sectores populares de la ciudad como El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú.

Los proyectos de vivienda pública implementados en este periodo adoptaron, en gran medida, modelos de urbanismo y arquitectura provenientes del contexto estadounidense de posguerra.

Estos esquemas priorizaban la construcción en altura y la zonificación funcional como estrategias para optimizar la densidad urbana. No obstante, la transferencia de estos modelos no consideró adecuadamente las condiciones socioeconómicas, culturales y de gestión local, lo que derivó en resultados adversos a mediano y largo plazo, como el caso de la demolición de Pruitt-Igoe en St Louis, Missouri.

De esta etapa nacieron muchas de las viviendas públicas que existen en El Chorrillo como los multifamiliares de Barraza y Patio Pinel, los multifamiliares de la avenida B en Santa Ana y los multifamiliares de Curundú. También se desarrollaron proyectos vinculados a la apertura de la vía Tumba Muerto, como los multifamiliares Santa María y Los Libertadores, así como los edificios Tuira y Chucunaque, cercanos a Villa Cáceres, reflejando estos últimos intentos de integración con sectores emergentes de clase media, con resultados heterogéneos.

Uno de los enfoques fue el modelo de “torres en el parque”, la construcción de torres de 10 y 13 pisos, derivado de los postulados del movimiento moderno y asociado a las propuestas de Le Corbusier. Este modelo proponía la disposición de edificios de gran altura rodeados de espacios abiertos y áreas verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad en entornos de alta densidad. En la práctica, estos edificios eran torres rectangulares que en su implementación local generó espacios residuales en un entorno estéril e impersonal.

Tras la invasión de 1989, los vacíos urbanos generados por incendios en las antiguas casas de madera de inquilinatos dieron paso a nuevos modelos, como los conjuntos tipo “Hortensia y Lirios”, de menor altura, en un entorno desarticulado.

En una fase inicial, algunos indicadores parecieron validar la hipótesis de mejoras en las condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos y una percepción positiva por parte de los nuevos residentes. No obstante, la sostenibilidad de estos proyectos dependía de factores como el mantenimiento continuo y la gestión institucional, aspectos que progresivamente se debilitaron. A partir de las décadas posteriores, múltiples factores contribuyeron al deterioro de estos complejos habitacionales. A pesar de su calidad constructiva, hay insuficiencia en los sistemas de mantenimiento, limitaciones en la gestión administrativa, y el progresivo abandono por parte de residentes con mayor movilidad socioeconómica. Estos procesos generaron dinámicas de degradación física y social, incluyendo el aumento de la inseguridad y la estigmatización de estos espacios urbanos.

En el límite entre El Chorrillo y el arrabal de Santa Ana, junto al mar, se levantó el complejo multifamiliar de Barraza: diez torres de trece pisos cada uno. A pesar de su relevancia inicial, el diseño de las unidades —caracterizado por su mínima espacialidad y limitada relación con el entorno— evidenció importantes restricciones en términos de habitabilidad. En la actualidad, el conjunto enfrenta problemáticas estructurales y sociales significativos, tales como fallas en los sistemas de servicios básicos, deficiencias en la gestión de residuos y riesgos asociados a incendios. Adicionalmente, la incidencia de fenómenos de violencia urbana ha contribuido a consolidar una percepción negativa del área, lo que refuerza su condición de vulnerabilidad. Este diagnóstico plantea serias dudas sobre la seguridad y habitabilidad de estos edificios. El deterioro de la calidad de la vivienda pública y el estado ruinoso de los edificios históricos condenados en el área del centro histórico de Santa Ana y El Chorrillo ha tenido un impacto significativo en la comunidad que ha provocado la desinversión y un aumento de la delincuencia.

El desafío central radica en cómo implementar modelos de vivienda asequible dirigidos a los sectores de menores ingresos sin reproducir dinámicas de segregación, marginalidad y pobreza. Hoy, más de cincuenta años después, muchas de estas estructuras siguen en pie. El estudio de estos casos ofrece importantes lecciones para el desarrollo de estrategias de vivienda que sean sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales para un nuevo siglo en Panamá.