Mujeres: la lucha por la autonomía corporal en Panamá

'Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación', es el título del informe presentado recientemente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que evidencia los hallazgos sobre los niveles de autodeterminación de la mujer en la región y en el mundo.

El estudio abarca el poder que tiene una mujer para controlar su propio cuerpo, también se cuantifica el poder de decisión en materia de atención de la salud, anticoncepción y sexualidad.

Otro de los temas que se abordan es la negación de la autonomía y la integridad corporal que se presenta de diversas formas, los tratados y las declaraciones internacionales que sientan las bases del derecho a la autonomía y la integridad corporal. Además de la forma en que las leyes y los reglamentos afectan a la autonomía corporal.

El informe de la Unfpa indica que a pesar de que en numerosos países existen garantías constitucionales en materia de igualdad de género, en el plano mundial las mujeres tienen, en promedio, solo el 75% de los derechos jurídicos de los hombres (secretario general de las Naciones Unidas, 2020).

En el caso de Panamá, la Ley 07 del 05 de marzo de 2013 establece el marco regulatorio para la esterilización femenina. Esta plantea que las mujeres solo pueden optar por la esterilización femenina gratuita otorgada por el Estado, si tiene 23 años y dos hijos o más, mientras que los hombres tienen como único requisito para esterilizarse ser mayores de 18 años.

En marzo, la Corte Suprema de Justicia de Panamá determinó que la maternidad es un aspecto que impide colocar “en situación de igualdad a los hombres y las mujeres” en un fallo sobre la esterilización femenina, que sigue generando un amplio rechazo por discriminación.

La abogada y fundadora del colectivo 'Palabras Poderosas', Claudia Vidal, arguye que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue “misógino, machista y perpetúa la violencia hacia las mujeres” y que “no respeta los convenios firmados por Panamá como la Ley N° 12 de 20 abril de 1995. Que aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Convención Belem Do Pará”.

Vidal sustenta que el fallo refleja la falta de paridad en los puestos de poder, porque de nueve magistrados, solo tres son mujeres. “Es evidente que Panamá ha tenido un retroceso en cuanto a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes”.

Haciendo una comparación del escenario que se vive en el istmo y lo que ocurre en la región, la abogada menciona que Panamá cuenta con el respaldo en el caso de las tres decisiones de aborto, pero en otros temas como el acceso a anticonceptivos y la garantía de acceso a la salud, la nación tiene una regresión.

“En países como Colombia y Argentina cuentan con la ley de esterilización desde los 18 años sin discriminación de género, porque esto debe ser una garantía para todos de forma igualitaria”, dice.

Sobre el hecho de que en Panamá no se cuente con una esterilización igualitaria para hombres y mujeres, la abogada asegura que las consecuencias en la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva repercuten en el presente.

“No es un secreto que tenemos a niñas de 17 años con más de dos hijos y cuando buscan acceder a la esterilización simplemente se les niega por no tener 23 años; se les hace creer que todavía no están listas o no tienen la capacidad para efectuarse este procedimiento”, lamenta la letrada quien agrega que en el país, cada 40 minutos una niña queda embarazada, una situación que pone aún más en riesgo a las mujeres.

“Con estas decisiones se nos sigue manteniendo como ciudadanas de segunda categoría, donde no se nos permite decidir el momento en el que queremos tener a nuestros hijos”.

En esa línea, la diputada suplente por la libre postulación Walkiria Chandler D'Orcy indica que en Panamá el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo se ve coartado por las leyes. “Parece que las mujeres no somos sujetos de derecho. Es evidente que la lucha tiene que continuar, seguir con las marchas reivindicativas tanto en marzo como en noviembre, y aún más debemos elevar nuestra voz”.

Chandler hace referencia al caso del diputado Arquesio Arias, y admite “estar preocupada” debido al resultado que hubo en torno a su acusación por agresión sexual.

“Este fallo evidencia la misoginia que tiene el hombre y la poca credibilidad que tiene la mujer; es una muestra de toda la mitificación que existe relacionada con el cuerpo de la mujer y a la autodeterminación. Necesitamos una transformación por parte de la sociedad panameña”, agrega.

Hacia la acción

La directora general encargada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nellys Herrera, manifiesta que Panamá es signatario de convenios internacionales, donde se tiene que trabajar en favor de la autonomía física de la mujer.

Herrera analiza la regulación actual de la esterilización en las féminas. “Vemos que se establecen limitaciones y discriminaciones entre hombres y mujeres; también observamos que las regulaciones están dictadas específicamente para las mujeres y además bajo situaciones socioeconómicas”.

En ese contexto, la directora encargada del Inamu explica que los requisitos de esterilización están regulados en la salud pública, de esta manera cualquier mujer que tenga acceso a utilizar los servicios de la medicina privada podrá tomar una libre decisión sobre la esterilización.

Herrera considera que lo más justo es que la Asamblea intervenga. Asimismo señala que es importante revisar el porcentaje de mujeres que no estudian y que no son parte del mercado laboral, específicamente las más jóvenes, debido a que la cifra supera al grupo masculino.

Dichos factores ocasionan que las mujeres tengan menos posibilidades de participar en un mercado laboral producto de la alta carga de trabajo doméstico no remunerado. La realidad social apunta a que las mujeres con hijos tienen menos posibilidades de acceder a una plaza de empleo en el país.

“Desde el Inamu tenemos una responsabilidad de gestionar la inclusión de las mujeres, sobre todo las que menos tienen recursos y oportunidades, por eso estamos creando programas que las incluyan dentro de la reactivación económica del país”, garantiza.

Por su parte, la gerente de planificación de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), Yuri Pittí, subraya que al momento en que se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la esterilización, Aplafa emitió un comunicado explicando que restringir el acceso a la salud sexual y reproductiva se reconoce internacionalmente como una discriminación hacia las mujeres.

Admite que este tema no solo está posicionado en Panamá, también lo está en la región donde se evidencia esta realidad que tiene efectos en la salud y en la vida de las féminas, en especial las que son racializadas, pobres o migrantes.

“En el imaginario social se suele ver el tema de la esterilización como un asunto de salud que se da al margen de las condiciones sociales de las mujeres, pero cuando la mujer es migrante, pobre o racializada y no puede acceder a este servicio, las repercusiones sobre sus vidas son mucho mayores”, reconoce.

“Es lamentable que el Estado panameño no tenga un horizonte donde el derecho a la igualdad esté en el mapa de acción de nuestro país”, destaca.

La Unfpa señala que el logro de la autonomía corporal solo se podrá alcanzar una vez que haya igualdad de género y se dé la ampliación de las opciones y las oportunidades para las mujeres, las niñas y los grupos excluidos.