“El cabello afro ya no debería ser un tema para recibir educación”

En marzo, Luana Da Silva denunció por redes sociales que su hijo de 7 años había sido amonestado por llevar su cabello afro en las clases virtuales. El colegio privado donde estudia había advertido de que los alumnos tenían que asistir con un “corte adecuado”.

“Para estos tiempos el cabello afro de un niño ya no debería ser un tema para recibir educación. Ni mi hijo, ni yo o ninguna otra persona o estudiante debería estar pasando por esto y mucho menos si estamos de manera virtual”, comentó la madre, en una entrevista con La Estrella de Panamá.

La historia encendió las redes sociales. Los usuarios comenzaron a utilizar la etiqueta #micabelloeshumano como muestra de solidaridad, mientras que representantes de la comunidad afro criticaron y denunciaron los hechos.

El Colegio Bilingüe Jesús de Praga emitió un comunicado en su defensa. Explicaba que las publicaciones difundidas por Luana Da Silva en redes sociales, donde los cataloga de racistas debido a la notificación general que recibió en la plataforma académica, fue un “malentendido” y lamentaron que ella no fuera al colegio para conversar sobre el tema.

En ningún momento al estudiante se le negó el ingreso a clases, ni muchos menos se le tocó el tema en el aula, según la escuela. Incluso, agregaron, el chico pudo continuar en las clases con su cabello afro sin ningún tipo de inconveniente, ya que respetan y valoran todas las culturas, y han permitido que los estudiantes varones utilicen su cabello afro y las niñas sus trenzas o la forma en que se sienten cómodos con su cabello, al igual que sus colaboradores.

Sobre este caso, la Defensoría del Pueblo adelanta una investigación de oficio por la Unidad de No Discriminación para determinar la posible vulneración a los derechos humanos que pudo vivir el niño de 7 años.

Iris Reyes Lindo, oficial de Derechos Humanos de la Dirección de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo, mencionó que el caso se trabaja como una presunta discriminación racial y se abrió una queja de oficio, mediante la cual hicieron una llamada a la dirección Nacional de Escuelas Particulares del Ministerio de Educación (Meduca) y solicitaron a la escuela un informe sobre la situación.

Las diligencias provocaron que el 20 de marzo del 2021, el colegio emitiera una nota aclaratoria dirigida al defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, explicando la situación y pidiendo disculpas a la madre del estudiante y a la población en general por la situación que, según ellos, fue “confusa”.

Aunque la Defensoría del Pueblo confirmó que al niño no se le prohibió el ingreso al sistema de las clases virtuales si no iba con el corte de cabello, se decidió iniciar otra revisión rigurosa sobre la situación.

“¡Ojo!, sabemos que fue discriminación y racismo sutil y eso es un problema más a fondo y que hay que ver un tema sistémico y estructural para luego como institución dar una opinión objetiva, clara, rigurosa y con enfoque de derechos humanos al tratarse de un menor de edad. Debemos velar por que no se le vulnere ningún derecho de igualdad, no discriminación, derecho a la educación y de identidad cultural”, enfatizó la oficial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

La institución solicitó al Meduca un informe detallado con fundamento legal para conocer bajo qué criterio los colegios públicos y privados en Panamá exigen normas al estudiante, como es el caso del cabello y cuál es la posición del Meduca respecto a estos temas. La entrega debe darse en un término de 15 días, es decir, el término vence este 11 de mayo.

Todas las investigaciones que adelanta la Defensoría del Pueblo sobre este caso podrían terminar en una “sanción moral” que publicarán en una resolución y donde detallarán si hubo o no vulneración de derecho. Su postura, sin embargo, no impide que la persona afectada pueda irse a otras esferas legales, si así lo desea.

El caso de Luana Da Silva abrió el debate sobre qué tan conscientes están los colegios particulares en el respeto a los derechos humanos en materia de etnia hacia sus estudiantes, especialmente a la hora de ejecutar sus normas y reglamentos.

“Al publicar mi experiencia, se abrió el compás. Hablamos de un reglamento que se ha mantenido por años, pero eso no quiere decir que tiene que seguir siendo así”, cuenta la madre.

La Red de Jóvenes Afropanameños expuso que amenazar a los jóvenes y padres de familia por medio de amonestaciones y suspensiones a cortar o manipular sus cabellos naturales rizados afro, es un acto violatorio a los derechos humanos de la población afropanameña de acuerdo con la Ley 7 del 14 de febrero de 2018 de la República de Panamá, así como la violación de otros Tratados y Convenios Internacionales firmados por el Estado.

“Como otras organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos es indignante que tengamos que ser repetitivos ante estos comportamientos discriminantes por parte de los responsables de la preparación educacional y profesional de nuestros jóvenes”, declaró la Red en un comunicado, que estuvo firmado por 14 organizaciones y 25 personas naturales.

De acuerdo con Ninna Ottey, fiscal de la Red de Jóvenes Afropanameños, el tema de los casos en contra de jóvenes afro en reglamentos de colegios se repite todos los años tanto en el sector público como privado, y estima que quizás en el 2020 no se escuchó tanto sobre el tema debido a que se suspendieron las clases por pandemia.

“Nosotros hemos enviado al Meduca una carta firmada por 14 activistas para que se haga los cambios en los reglamentos y que se eduque a los docentes porque ellos son los primeros que realizan acoso hacia el estudiante afro por su aspecto”, indicó Ottey.

Ottey calcula que podrían ser pocos los colegios con reglamentos en contra de la apariencia del estudiante afro, pero reconoce que el tema está muy normalizado y estereotipado dentro de la sociedad. “Quizás las normas no están en el reglamento, pero son los docentes que a través del director podrían obligar a la estudiante afro a alisarse el cabello o recogérselo, o en el caso de los niños a cortárselo”, dijo a La Estrella de Panamá.

Ottey califica como positivo que los padres de familia y las personas de la comunidad afrodescendiente comiencen a denunciar actos que reflejen discriminación hacia su persona, ya sea contactándose con la Red de Jóvenes Afropanameños o a través de redes sociales.

En 2019, la Defensoría del Pueblo publicó el informe ‘Discriminación en el Sistema Educativo Panameño: Análisis de una muestra de reglamentos escolares’, en el que se revisaron los reglamentos de ochos colegios oficiales y confirmaron que existía prohibiciones en el uso de extensiones y trenzas hacia las niñas y condiciones de corte de cabello a los varones afrodescendientes.

Para la institución, los reglamentos internos de estos centros educativos representaban una contradicción no solo a la Constitución Política de Panamá sino también a las Convenciones Internacionales que hablan de la no discriminación, un concepto fundamental para la elaboración de estos lineamientos escolares. Por tal motivo, para la Defensoría es inexcusable que los reglamentos internos de los colegios tengan normas discriminatorias, en un país democrático, ratificador de las convenciones internacionales de derechos humanos.

El informe, además, señala que “los reglamentos están redactados con palabras que se quedan vagas, no aportan un glosario que explique cómo se debe entender lo que plantea, llevándolos a una manera irresponsable de formar a un alumno”.

La Red de Jóvenes Afropanameños comentó que “lastimosamente, no hay un solo caso en este país en el cual se haya encarado jurídicamente a los Reglamentos Internos de los colegios”.

Luana Da Silva, por su parte, opinó que es importante que las escuelas refuercen el apoyo no solo a la etnia negra sino, también hacia otras comunidades para resaltar la diversidad de niñas y niños que pueden estudiar en un mismo colegio.

“En las escuelas es donde se educa a los futuros profesionales que deben estar abiertos a aceptar todo tipo de raza en su convivir, de lo contrario crecerán con conductas de discriminación”, expresó la madre, quien asegura que también ha vivido discriminación por su cabello rizado y el uso de trenzas.