Movilidad eléctrica: la ruta hacia su implementación en Panamá

La movilidad eléctrica no es cosa del futuro, sino del presente. Panamá avanza en la creación de políticas públicas que permitan la inserción más ágil de vehículos eléctricos en el país.

El proyecto de ley 162, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre, superó el primer debate y está a la espera del segundo. El mismo se presentó en la Asamblea Nacional el 16 de septiembre de 2019.

El proyecto impulsado por el diputado independiente Edison Broce establece que el sector de transporte en Panamá es uno de los que más emite gases de efecto invernadero en el país. “Si hacemos ajustes al transporte público o privado incentivando para que sea eléctrico, podremos disminuir la huella de carbono. Además, podremos cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París”.

Según Broce, en el proyecto se han establecido porcentajes para la introducción de vehículos eléctricos en lo que corresponde a cupos y certificados para los sistemas de transporte, donde se espera que en 2025 se alcance un 10%, en 2027 que sea un 20% y para 2030 un 33%, con el objetivo de que se vaya migrando hacia la movilidad eléctrica en el transporte.

“Hay empresas que están buscando locaciones regionales para ubicar sus fábricas. Este es el momento para que el país, con una ley de movilidad eléctrica, pueda ser un punto atractivo para el desarrollo de este sector, tomando en cuenta la legislación y su posición geográfica”, anota.

En ese contexto, para que la movilidad eléctrica sea implementada en Panamá, la directora ejecutiva de la Asociación de Grandes Clientes Eléctricos (Agrandel), Valeria Bernal, confirma que deben tomarse en cuenta ciertos aspectos, empezando con la creación de la ley sobre los incentivos para que los usuarios se animen a aportar y sean parte de esa transición eléctrica y, por otro lado, las limitantes de las leyes locales que rigen el mercado eléctrico en el país.

“Un ejemplo en este tema es la venta de energía. Hoy solo pueden vender energía aquellas empresas que tienen una concesión, como Ensa y Naturgy; estas tienen permitido venderles a los consumidores. En cuanto a los agentes generadores de energía como AES y Enel Green Power, al tener su concesión también pueden venderle a los grandes clientes”, arguye.

Explica que debido a las concesiones, actualmente un consumidor no puede colocar una planta de paneles solares y vender esa energía a cualquier auto eléctrico que quiera adquirirla desde su planta de carga.

“Consideramos que el proyecto de ley 162 es muy bueno; sin embargo, hay que visualizar cómo se va a regir la movilidad eléctrica, cómo va a ser la venta de energía, quién va a tener la concesión”, señala, y agrega que de no resolver este punto no se podrá vender energía y establecer estaciones de carga.

Pese a este reto, Agrandel ve con buenos ojos la iniciativa del proyecto de ley 162. “Debemos buscar los mecanismos necesarios para implementar la movilidad eléctrica en Panamá. Creemos que debe haber una colaboración entre los diferentes agentes en el mercado para que todos estemos yendo hacia ese mismo objetivo”.

En cuanto a los incentivos para este sector, Broce expone que se sustrajeron del proyecto de ley 162 por el momento, con el compromiso de que sean insertados en segundo debate con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Nosotros planteamos una serie de incentivos fiscales y en conversación con el MEF hicieron planteamientos que debían revisarse. Fue así como lo sustraímos del primer debate para que luego se incluya en el segundo, con la fórmula que establezca el MEF de acuerdo con las finanzas públicas”, explica.

Para Broce, los incentivos son una parte importante de la ley. “Deben ser incluidos, porque los incentivos ya se anexaron desde un principio en el anteproyecto; sé que van a estimular la adquisición de vehículos eléctricos que ya están bajando de precio en el extranjero, pero con incentivos se puede acelerar esta transición hacia la movilidad eléctrica”.

Asimismo, aclara que aunque el proyecto ya está aprobado en primer debate, la Asamblea Nacional se encuentra en receso, entonces deberán presentar nuevamente al pleno la aprobación del proyecto en segundo debate para que oficialmente se suba a la página web de la Asamblea Nacional. Este proceso se dará posterior al 1 de julio.

MiBus desde hace dos años vienen haciendo pruebas, las cuales han arrojado resultados favorecedores, como el adecuado frenado del vehículo, la ayuda en la recarga del equipo y una mejor medición del uso del acondicionador de aire. 

El precio internacional de cada unidad ronda los $180 mil.

Operatividad

La directora de electricidad en la Secretaría Nacional de Energía, Guadalupe González, indica que la movilidad eléctrica se trabaja en la Secretaría desde 2018 cuando se arrancó con el desarrollo de la estrategia y finalizó con la publicación en 2019.

Desde entonces señala que se ha mantenido el trabajo participativo con la Comisión Interinstitucional para la Movilidad Eléctrica en la que se crearon comisiones de trabajo, donde participan entidades del gobierno, la empresa privada y la academia. En esta etapa buscan implementar mecanismos que permitan agilizar la movilidad eléctrica en el istmo.

La comisión ha sido dividida en grupos de trabajo, donde ven los temas de incentivos fiscales, las normativas de infraestructura, las flotas vehiculares, el avance profesional, la investigación, el desarrollo y el tema ambiental. En esta iniciativa participan más de 80 personas y 30 empresas. Desde cada mesa de trabajo se elaboran reportes, luego se presentan a las entidades correspondientes.

González anota que la Secretaría Nacional de Energía mantiene reuniones con el diputado Broce. “El proceso ha sido largo y se ha llegado a un consenso. La Secretaría dio luz verde para que fuera aprobado en primer debate. Nosotros seguimos trabajando desde la comisión en los temas de normativa, es decir, ver cómo la vamos a implementar, no obstante, la iniciativa de la Asamblea Nacional va caminando paralelamente”.

“Tenemos comisiones interinstitucionales. En este caso, la primera sería la de movilidad eléctrica, también están las comisiones intergubernamentales que se efectúan mientras las estrategias están en desarrollo. Ahora mismo tenemos creada la comisión intergubernamental de acceso y la de generación distribuida, ambas están llevándose a cabo”, confirma.

Con relación al Consejo Nacional de Transición Energética funge como ente vigilante de lo que se lleva a cabo en esta materia y está conformado por entes del gobierno, la empresa privada y la academia.

Formación e investigación

El asistente de investigación, de la licenciatura en ingeniería electromecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Omar Rivera, efectuó una pesquisa sobre la evaluación del costo y efectividad de implementar autobuses eléctricos en la flota de MiBus.

Rivera sostiene que una de las principales razones por las que urge la implementación de autobuses eléctricos como parte del transporte sostenible, “es la mitigación del cambio climático y los efectos negativos generados en la salud producto del aumento en las emisiones de gases nocivos y de efecto invernadero”.

Afirma que el sector energético es el responsable del mayor porcentaje de contaminación en el país, ya que se mantiene una continua tasa de crecimiento del parque automotor y se utiliza energía eléctrica a base de generación con combustibles fósiles.

Actualmente en la ciudad de Panamá, la empresa MiBus es la encargada de brindar el servicio de transporte público con el uso de autobuses desde el año 2010. A partir de agosto de 2019 implementó un autobús eléctrico BYD modelo K9FE, para ejecutar un plan piloto donde busca evaluar la funcionalidad y rendimiento en las diferentes rutas.

En este plan piloto, el grupo de investigación Smarts-E participó en las pruebas de campo, realizadas para obtener indicadores de desempeño, estimación de emisiones y costos ligados al consumo eléctrico. Algunas de las rutas analizadas fueron: ruta C850 (Metro Albrook – Amador) y ruta E618 (Zonavpaga Cerro Viento – Brisas del Golf), estas obtuvieron en promedio un consumo de energía por kilómetro de 1,05 kWh/km en la ruta C850 y 1,32 kWh/km para la ruta E618.

Rivera señala que en promedio un autobús eléctrico puede representar una reducción de hasta 73,92% en las emisiones de gases con respecto a un autobús diésel Euro III.

Por último, analizó el costo total de la propiedad, donde, la energía eléctrica necesaria para la flota en cada ruta obtuvo un costo mensual de $12,350 en la ruta C850 y de $11,046 para la ruta E618.

“Los resultados obtenidos demuestran una considerable reducción en los costos operativos de combustible (energía eléctrica) y mantenimiento en horizontes de vida útil de 10 y 15 años al ser comparados con autobuses diésel. Por lo tanto, existe factibilidad de implantar autobuses eléctricos en la ciudad de Panamá”, asegura.

El trabajo fue parcialmente financiado por la Senacyt a través del proyecto 'Impacto de la integración masiva de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico nacional'.

Otros universitarios están efectuando análisis sobre la red de distribución de energía, donde están siendo apoyados por Ensa y Naturgy, que les han facilitado un circuito de la red que les ha permitido hacer estudios. “Somos cinco profesores que estamos en diversas áreas, como telecomunicaciones y electrónica, dando justo el asesoramiento que ellos necesitan”, dijo González, quien también es coordinadora del programa Smarts-E.

“Los resultados de estas investigaciones serán entregados en un informe a la Secretaría Nacional de Energía, a las empresas distribuidoras y a la Comisión Interinstitucional para la Movilidad Eléctrica que lidera la secretaría como insumo de los análisis técnicos que estaría sacando la UTP”, concluyó.