La libertad de prensa y el futuro de la comunicación en Latinoamérica

El ejercicio del periodismo se ha convertido en una de las actividades más desafiantes del continente.

En 2021, el derecho a la información y a la libertad de expresión se vio en retroceso con al menos 30 periodistas asesinados en la región, incluyendo países como México, que ha sido catalogado como la “zona más hostil del mundo para ejercer el periodismo” y uno de los países más peligrosos, según un informe de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Por su parte, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), un colectivo de propietarios y editores de medios de comunicación, informó que el saldo habría aumentado a 45 periodistas hasta el 29 de diciembre de 2021.

El IPI instó a las autoridades, a través de un comunicado recopilado por el diario DW, a “terminar con la impunidad de estos crímenes y a garantizar la protección de periodistas, que deben estar en condiciones de ejercer su trabajo de forma libre y segura”.

28 de los periodistas fueron asesinados por su trabajo, 3 murieron cuando estaban laborando en zonas de conflicto y 2 cuando cubrían disturbios internos en un país, según comunicó el IPI. De igual forma, el número de periodistas muertos este año es el más bajo registrado por el IPI desde 1997.

Por su parte, Fundamedios destacó la situación de alto peligro en Nicaragua que “se convirtió en una dictadura sin atenuantes y sus prácticas lamentables fueron replicadas por países vecinos con un solo objetivo: callar a las voces disidentes”.

Grupos humanitarios internacionales revelaron en números las amenazas y agresiones que la prensa independiente de Nicaragua ha recibido desde la cobertura de las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó al menos 355 muertos, 2 mil heridos y más de 100 mil exiliados.

Mientras que la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) dio voz de alarma en su balance anual, explicando que en 2021 hubo 488 periodistas en todo el mundo que fueron detenidos en relación con su trabajo. “Esta es la cifra más alta que la organización ha registrado hasta la fecha”, determinó el informe recopilado por DW, que indicó a su vez que 103 de los detenidos “no son periodistas profesionales”, sino activistas que “expresan sus opiniones” en las redes sociales.

De igual forma, 22 personas se han mantenido detenidas por su trabajo como operadores de cámara y 65 periodistas se mantienen secuestrados, mientras que el número de mujeres periodistas encarceladas por su profesión aumentó en un tercio, según el informe del IPI. “Nunca desde la creación del balance anual de RSF en 1995 había sido tan elevado el número de periodistas encarcelados”, indicó la organización con sede en París, y destacó que del total, 60 son mujeres, marcando otro récord.

En América Latina, que encabezó la lista en 2020, se produjeron 10 asesinatos: 7 en México,1 en Colombia, 1 en Guatemala y 1 en Haití.

En Perú se registraron, a través de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), 105 ataques contra periodistas en Lima, lo que la organización consideró un “récord histórico”.

En un año electoral y de cambio de gobierno, la prensa y medios de comunicación peruanos sufrieron 206 ataques –a nivel nacional–, “en su mayoría amenazas y agresiones físicas y verbales”, como informó la ANP en un comunicado el pasado 1 de enero de 2022.

Según indicó el informe de la ANP, el ataque contra periodistas con mayor incidencia durante el año fue la amenaza/hostigamiento con 61 casos, seguido por la agresión física y verbal con 58 y la intimidación judicial con 31 reportes.

Uno de los casos de atención en 2021 fue el que involucró al diario El Universo, cuya sentencia dada en 2011 por el sistema judicial ecuatoriano, falló en primera y segunda instancia a favor del expresidente Rafael Correa, quien demandó al medio por cargos de injurias calumniosas, así como al periodista Emilio Palacio Urrutia y a los directivos del diario Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, por el artículo 'No a las mentiras' (publicado el 6 de febrero de 2011).

El texto publicado hacía referencia a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, en Ecuador.

Tras una década de esta sentencia, los alegatos finales por escrito fueron enviados a mediados de julio de 2021 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que analizó el proceso y emitió recientemente una sentencia que concluyó que la condena por "injurias calumniosas" fue una "violación a sus derechos", según recopiló el diario acusado.

Carlos Pérez Barriga, propietario del diario El Universo del Ecuador, comentó a La Estrella de Panamá: "Siempre hemos defendido los derechos de los ciudadanos ante los abusos del Estado, esta vez a pesar de haber acusado al diario, lo que estaba en juego era la libertad de expresión de los ecuatorianos". Según Pérez, las consecuencias de "quebrar y callar" a un medio de comunicación importante de un país generan "intimidación y silencio en la sociedad". 

"Desde el inicio del gobierno del expresidente Rafael Correa hubo ataques a la opinión de los ciudadanos en las redes sociales, intimidación a los periodistas, premio y castigo con la publicidad, se inicio una persecución y difamación desde los medios del Estado contra el periodismo independiente", agregó Pérez. 

"Todos estos ataques quedaron plasmados en la Ley de Comunicación, legalizando así el control estatal de la opinión publica. Estos diez años de espera, a parte del desgaste económico y emocional, ha sido una batalla que al final la hemos ganado, ganado para que en el país siga existiendo un buen ambiente para la labor periodística", señaló.

Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El siglo y La Estrella de Panamá (GESE) y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), comentó a este diario que el fallo de la CIDH es un precedente “importantísimo para toda la región”, ya que “salvaguarda a los periodistas de ser acosados con demandas millonarias y desproporcionadas”. A su vez indicó que “fija que la jurisdicción penal no es la ruta para la defensa del honor”, tema que en Panamá aún está pendiente.

“La sentencia deja muy claro que el interés público prevalece cuando del escrutinio de la gestión pública de un funcionario se trata”, apuntó.

“Las consecuencias deben ser la adaptación de las legislaciones particulares de cada país a los lineamientos que ha enunciado la Corte Interamericana de DD.HH.”, dijo.

El pasado diciembre pudo conocerse que la CIDH fallaba a favor del diario, indicando que el artículo 'No a las mentiras', publicado por Palacio sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, constituyó un “artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático”.

Además, la CIDH agregó que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena, constituyeron una “violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso”.

Asimismo, el tribunal encontró que Palacio se vio obligado a abandonar el país y renunciar a su trabajo por motivo de la condena y otros hechos relacionados al proceso penal, lo cual constituyó una “violación a su derecho a la circulación y residencia, además de su estabilidad laboral”.

Para reparar el caso, la CIDH determinó las siguientes medidas para efectuarse como reparación integral: restitución, dejando sin efecto, en sus extremos, la atribución de responsabilidad penal y civil a los periodistas y directivos involucrados. Satisfacción, que incluye la publicación única del resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional.

También incluye la garantía de repetición, es decir, establecer las vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios, además de crear un plan de capacitación a funcionarios, que garantice que cuenten con los conocimientos necesarios en derechos humanos y libertad de expresión; así como las indemnizaciones compensatorias, es decir una suma de $250 mil por daños materiales y $30 mil por daños inmateriales para Emilio Palacio, y para otras víctimas $60 mil en total por daños inmateriales, así como un suma de $40 mil para el reintegro de costos y gastos.

Luego de que la CIDH ratificara su sentencia, hubo diversas reacciones a favor del diario El Universo, tales como la del presidente de la SIP, Jorge Canahuati, quien comentó en una publicación a favor del fallo: “Nos complace esta sentencia que reafirma los antecedentes interamericanos a favor de la descriminalización de las demandas por difamación contra periodistas y los protege de pagar indemnizaciones que van más allá de su realidad económica”.

Por su parte, Pérez apuntó que la importancia de este fallo es que tiene "consecuencias regionales", ya que los países deberán "ajustar" sus constituciones y leyes a los estándares de derechos humanos internacionales. "Esta sentencia beneficia al derecho de poder cuestionar a los funcionarios públicos en su administración y que estos no puedan demandar a los periodistas por daños morales con sumas cantinflescas y enviarnos a las cárceles", enfatizó. 

Además, señaló que también genera "jurisprudencia para casos existentes de periodistas" que están presos en Cuba, Venezuela y otros países de la región. "Lo más importante es que traerá tranquilidad en el futuro para hacer nuestra labor periodística sin sentirnos amenazados, y así seguir luchando contra la corrupción que tiene secuestrada a América Latina".

Asimismo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, Carlos Jornet, dijo que “se trata de un gran precedente para contrarrestar el abuso judicial criminal y demandas civiles multimillonarias, figuras que utilizan funcionarios en muchos países de la región para amedrentar y silenciar a medios y periodistas”.