María Inés Castillo: 'Las mujeres deben ser incluidas en los espacios políticos para profundizar la democracia'

“El bajo nivel de gasto social en Panamá no solo se expresa en la estructura de gastos del sector público, también tiene manifestaciones territoriales”, confiesa María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social. Durante una entrevista con este diario, en la que abordamos su visión de país y la necesidad de enfrentar problemáticas como la desigualdad, el desempleo y la pobreza, la titular del Mides explica que según datos del Banco Interamericano de Desarrollo “la mayor inversión pública se registra en las áreas de más desarrollo, mientras que a las áreas de menor productividad se les asigna menor volumen de recursos públicos”, una realidad que hace más hondas las desigualdades territoriales y retrasa el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.

Considero que el rol de la mujer en la escena política nacional debe ser la de todo ciudadano: Participar. No quedarnos al margen. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos políticos. Las mujeres no pueden, ni deben, estar ausentes de la construcción de su país. En Panamá las mujeres se destacan en los roles sociales, pero aún falta potenciar su participación política. Es también necesario que la voz de las mujeres se escuche en todos los espacios de la toma de decisiones, incluidos el poder legislativo, el poder judicial, las empresas, los sindicatos y los poderes locales. Las mujeres somos aproximadamente el 50% de la población del país y constituimos una parte importante de otros sectores –como las comunidades étnicas, las poblaciones rurales y urbanas, los jóvenes, y otros–. Solo si somos incluidas de manera paritaria en los espacios políticos se podrá avanzar en la consolidación y profundización de la democracia. Hoy persisten barreras sociales, económicas y legales que impiden a las mujeres desplegar todo su potencial y participar de forma plena en la vida pública. Las mujeres tenemos funciones predeterminadas en la sociedad que nos anclan en labores domésticas y familiares, que entran en conflicto con la vida política. Esto se convierte en un obstáculo.

Tenemos que promover la capacitación política de las mujeres, impulsar su participación de las actividades comunales, así como de las partidarias y otro sinfín de acciones que podemos estimular como sociedad para superar las barreras que nos dividen y alcanzar una igualdad real, pero, sobre todo, natural. Recordemos que la participación política igualitaria es un derecho humano fundamental. Es importante reconocer que como sociedad hemos logrado avances importantes en materia de igualdad de género, los cuales han permitido que la mujer panameña hoy acceda a educación, aspire a un mayor nivel de educación y, a su vez, pueda insertarse al mercado laboral. La economía y el mercado laboral panameño manifiestan brechas de género que se entrecruzan con otras brechas (socioeducativas, generacionales, territoriales y étnicas), en el marco de una economía y sociedad sumamente polarizada. Entre otras, podemos mencionar las brechas de aprovechamiento del talento y del ejercicio de liderazgo; brechas de exclusión laboral; brechas de precariedad y discriminación multidimensional; y de manera pronunciada brechas de cuidado (dificultad de compatibilizar las responsabilidades familiares con las profesionales). Debemos trabajar en la adopción de medidas a corto y largo plazo, con perspectiva de género, que busquen precisamente eliminar esta problemática.

Hay que partir del hecho de que el tema de la prevención y combate a la violencia contra las mujeres es una tarea que llevan adelante diferentes instituciones y actores. El Mides trabaja con esos diferentes actores para mejorar el trabajo articulado, lo cual se debe traducir en una respuesta más efectiva a la mujer y a su vez nos permita fortalecer los mecanismos de prevención a todos los tipos de violencia de las que son objeto las mujeres. Nos encontramos reforzando y garantizando, en coordinación con otras instituciones, que no se interrumpa la cadena de atención a víctimas de violencia. Es importante que sepan que en casos de violencia doméstica pueden contactar a través de la línea 182 o al correoinfo@inamu.gob.pa, y para casos y denuncias donde estén involucrados niños y adolescentes, el Senniaf tiene habilitado el número y Whatsapp 6378-3466.

En estos momentos se está haciendo la revisión de la normativa que regula los albergues y casas hogares en todo el país, tanto de adultos mayores como los de la niñez y adolescencia. Todo esto con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, tomar acciones y brindar un seguimiento directo para mejorar las capacidades de supervisión. Así mismo, nos encontramos actualizando el plan nacional del adulto mayor, en el que se contempla la difusión de los derechos integrales de las personas adultas mayores, con el fin de que sean respetados por todos y ejercidos por los adultos mayores. En el contexto de la pandemia, hemos tomado medidas para minimizar riesgos con los adultos mayores, tales como prohibir las visitas, capacitar al personal en protocolos de bioseguridad, monitorear diariamente la situación en cada centro para identificar su condición clínica. Nos encontramos coordinando atenciones con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. También proveemos insumos de protección personal, higiene y limpieza. Además hemos instalado un equipo de reacción rápida para atender casos exclusivamente de covid-19 en casas hogar.

Para que una política pública sea coherente y pueda realmente contribuir al bienestar social, debe contar con los siguientes componentes: inversión en capital humano (educación, salud y vivienda); la compensación social (redes de protección social); la cohesión social (una sociedad integrada es aquella en la cual la población se comporta de acuerdo con patrones socialmente aceptados y genera un ajuste entre las metas culturales, la estructura de oportunidades para alcanzarlas y la formación de capacidades individuales para aprovechar tales oportunidades).

En las economías avanzadas, la política fiscal compensa alrededor de una tercera parte de la desigualdad en el ingreso, mientras que en las economías menos desarrolladas la redistribución fiscal es mucho más deficiente debido a la evasión fiscal, a un gasto e impuestos más bajos y menos progresivos. En nuestro país, el plan de gobierno está orientado a fortalecer el papel redistributivo del Estado a través de dos grandes mecanismos: 1) políticas de transferencias en efectivo y en especie, así como en la utilización de instrumentos y herramientas más eficaces que permiten focalizar estas transferencias monetarias condicionadas en los grupos más vulnerables, 2) desarrollo de programas con base territorial (Colmena), integrando a todas las instituciones del Estado para asegurar un abordaje coherente, integral e integrado de los principales problemas que identifica la comunidad. El Mides tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de un sistema de protección social, que genera acciones a partir de la identificación de los grupos humanos que, por razón de su edad, sexo, discapacidad e inserción en el mercado laboral, requieren de un conjunto de servicios sociales que les aseguren una vida en condiciones dignas.

A partir de la evidencia que nos dio el nuevo 'Índice de pobreza multidimensional por corregimiento' (IPM-C), hemos podido priorizar los 300 corregimientos y 63 distritos con mayores niveles de carencias y vulnerabilidad del país. Estos corregimientos identificados nos han servido de base para usarlos en la estrategia principal del presidente Cortizo denominada Colmena, la cual consiste en reducir el hambre y la desigualdad de nuestra población durante esta terrible emergencia nacional. El Mides es el principal ejecutor de esta estrategia al ser el coordinador del Gabinete social. A través de Colmena, hemos impulsado procesos de desarrollo territorial con la participación de las autoridades locales, juntas técnicas a nivel provincial y los ciudadanos.

Hay que resaltar tres elementos: el crecimiento económico; el nivel de empleo Y la protección social. En medio de esta crisis, que es de carácter sistémico, los desafíos son portentosos. Para Panamá el crecimiento económico se ha convertido es una paradoja casi que de tipo estructural. En el caso del empleo, el reto consiste en lograr balances, un equilibrio entre costos rentables del trabajo para las empresas, pero garantizando empleos dignos y de calidad para los trabajadores. Sin duda, la tecnología que ha permitido modalidades como el teletrabajo es una oportunidad y desafío que entra en juego, y que la política de empleo debe valorar y regular para evitar abusos y afectaciones en las empresas y trabajadores. Por otro lado, es necesario reconocer el contexto en el que estamos. La pandemia ha generado una crisis económica acelerada y profundizada por la problemática sanitaria de la covid-19, que agrava las carencias de los sectores poblacionales de menores ingresos.

El bajo nivel de gasto social en Panamá no solo se expresa en la estructura de gastos del sector público, también tiene manifestaciones territoriales. Una de las cosas que aporta el BID en su informe es que la mayor inversión pública se registra en las áreas de mayor desarrollo, mientras que en las áreas de menor productividad se asigna menos volumen de recursos públicos. Esta situación profundiza aún más las desigualdades territoriales retrasando el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional. En este contexto, también hay que valorar que el gasto social en Panamá no ha aumentado al mismo ritmo del crecimiento del PIB. En Panamá, en la última década, el crecimiento del PIB alcanzó el 79,0%, sin embargo, la variación del gasto social fue de 0,2%. De esta manera toma más relevancia replantearnos algunas líneas de políticas públicas y enfoques que han persistido históricamente, que no nos permiten avanzar.

Panamá es un país de alto Índice de Desarrollo Humano; en el último informe de Desarrollo Humano Global, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupó la posición 67 entre 189 países. Hemos hecho avances importantes en indicadores como el ingreso, la educación, y el nivel de esperanza de vida, entre otras. Sabemos que en Panamá hay una gran desigualdad social, y como gobierno buscamos cerrar esas barreras y llevar a cada rincón las oportunidades por igual. El avance del plan Colmena juega también un papel importante, como una estrategia de intervención territorial para ir cerrando la brecha de la pobreza de miles de panameños.

Considero que nuestro acercamiento a una plena identidad como nación aún se encuentra en proceso, sin embargo, estamos dando pasos importantes hacia esa consolidación. La cultura es la clave para conservar la identidad de un país. Importante también la necesidad de seguir alineados con la agenda 2030, como una hoja de ruta que permita el desarrollo de programas que nos ayuden como sociedad, a vivir en entornos más equitativos, donde todos tengamos las mismas oportunidades de crecimiento; solo así podremos considerarnos una nación plena.