El acceso al agua potable, una brecha que cerrar en Panamá

“El acceso al agua, un tema que aflora en el Pacto del Bicentenario”, indicaba la periodista Adelita Coriat en días pasados. En esta publicación de La Estrella de Panamá se indicaba que el 60% de las sugerencias de los ciudadanos estaba enfocado a cerrar la brecha en el acceso al agua potable.

Este tema era seguido por la mejora en la infraestructura de calidad y por la seguridad hídrica.

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para cerrar esta brecha es primordial reconocer formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento, además de marcarlo como el punto de partida para adoptar un enfoque legal al abordar los procesos de planificación y gestión del agua.

Al reconocer el acceso al agua como un derecho ciudadano, los países garantizan la inclusión de cada grupo ciudadano en los temas relacionados con el agua e inclusive los países avanzan en este ámbito cuando en sus marcos jurídicos constitucionales y legales incluyen los derechos humanos al agua, al saneamiento, y a sus distintos componentes.

Según el Manual de buenas prácticas ambientales para acueductos y sistemas de saneamiento rural publicado el 18 de agosto de 2020 por la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), el agua potable es aquella que se ajusta a los requisitos de calidad del reglamento técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99 y que, por tanto, puede ser empleada para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la medición del acceso al agua potable, como el porcentaje de la población que utiliza fuentes de suministro de agua potable mejoradas, lo que significa que los ciudadanos se abastecen mediante conexiones de suministro de agua potable en sus hogares.

Este suministro proviene de fuentes de agua pública, pozos, pozos excavados cubiertos, fuentes protegidas y sistemas de recolección de agua de lluvia. En el caso del agua embotellada, aunque su calidad cumpla con los estándares del agua potable puede no ser considerada mejorada debido a las limitaciones en el suministro continuo del recurso.

Según el Censo de la República de Panamá del año 2010, el 91,7% de la población disponía de acceso a agua potable a través de conexión domiciliaria, como acueductos públicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), acueductos públicos de la comunidad o acueductos particulares.

De esta población, la continuidad en el suministro de agua potable a nivel nacional varió entre 24 horas hasta menos de 2 horas. En provincias como Los Santos, en la estación seca la continuidad del servicio de agua potable fue del 80% y en estación lluviosa del 90% (Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050).

Cuando la ciudadanía plantea como una necesidad que quiere cerrar la brecha del acceso al agua, está indicando que quiere tener acceso al suministro ininterrumpido de agua potable las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Obtener acceso al agua potable implica contar con una estructura que permita conducir el agua desde las fuentes mejoradas hasta el punto de entrega a las casas. Esta estructura puede estar por debajo del suelo (infraestructura), por encima o colocada en pasos aéreos como en los acueductos rurales donde ciertas estructuras deben cruzar los ríos. Las infraestructuras deben ser resistentes pues son el soporte del sistema de abastecimiento de agua que atravesará kilómetros para llegar a cada vivienda.

Cuando los ciudadanos solicitan infraestructura de calidad están pidiendo estructuras resistentes, con dimensiones adecuadas para recibir el suministro de agua potable en volumen y calidad según las normas establecidas por el Estado.

La infraestructura solamente transporta agua potable si la fuente de donde se extrae posee suficiente agua en cantidad y calidad, debido a esto la seguridad hídrica toma relevancia en la petición ciudadana ya que esta es, la capacidad que posee una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad, aceptables para el sostenimiento de los medios de vida.

Según la Organización de las Naciones Unidas sobre el Agua (ONU-Agua), el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico dependen de la seguridad hídrica porque al contar con ella se garantiza la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con este recurso, al igual que se conservan los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política, es decir, el acceso al agua potable depende de la seguridad hídrica.

Otro factor que es importante considerar al plantear estrategias para cerrar la brecha del acceso al agua potable es el concepto de pobreza multidimensional, pues este toma en consideración de modo integral las privaciones y carencias que experimentan simultáneamente los individuos y hogares en múltiples dimensiones del bienestar distintas al ingreso, tales como salud, educación, trabajo, medio ambiente, acceso al agua potable, nivel de vida, entre otros.

Según el informe del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá (2017), el IPM representa una forma de medir estas privaciones y carencias de las personas, aportando una visión integradora de la situación y revelando el nivel de pobreza multidimensional en un país.

La información que arroja el IPM puede ser desagregada por área geográfica, subgrupos de personas o carencias específicas. Por ejemplo, una persona puede estar en condiciones de pobreza multidimensional por no tener acceso a atención médica, mala nutrición y falta de agua potable, mientras que otra puede estarlo por experimentar carencias de electricidad, precariedad de la vivienda, desempleo o poca escolaridad. De allí el enfoque de la pobreza como un fenómeno multidimensional.

Este informe revela que las provincias con carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada son Colón, Panamá Oeste, Chiriquí, Darién y Panamá. Además de la comarca Emberá.

Los recursos hídricos conllevan la problemática del género. Aunque las mujeres desempeñan un rol clave en el aprovisionamiento, en la gestión y la salvaguarda del agua, las desigualdades de género persisten en todo el planeta.

En la actualización de IPM (2018) se contabiliza que el 14,4% de los niños y adolescentes en situación de pobreza multidimensional carece de disponibilidad de fuentes de agua mejorada, es decir, que no cuentan con agua potable o el servicio que reciben no llega los 7 días de la semana y por un mínimo 12 horas diarias.

La ausencia de agua mejorada provoca enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene. En el caso de las mujeres, desplazarse para recoger agua reduce el tiempo que pueden dedicar a otras actividades propias de su edad (estudio, recreación).

Dotar de acceso a agua potable de fuentes mejoradas y con continuidad en el suministro es uno de los mayores desafíos del país. El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, 'agua y saneamiento para todos' plantea como una de sus metas de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Este desafío forma parte del Pacto del Bicentenario.

La autora es investigadora científica en recursos hídricos e ingeniera civil. También es doctora en ingeniería agrícola con mención en recursos hídricos en la agricultura (Chile).

De acuerdo con la ONU:

El bienestar humano y el desarrollo socioeconómico dependen de la seguridad hídrica.

La seguridad hídrica es la capacidad que posee una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad, aceptables para el sostenimiento de los medios de vida.

Al contar con seguridad hídrica se garantiza la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con este recurso.