Ordenan prisión de otros dos directivos en escándalo de la FIFA

Actualizado
  • 03/03/2016 17:47
Creado
  • 03/03/2016 17:47
Los directivos de la FEF podrían enfrentar una pena de cárcel de entre 10 y 13 años, el máximo que establece la ley ecuatoriana 

La justicia de Ecuador dispuso el jueves la prisión del tesorero y del contador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el marco de una investigación local por el escándalo de corrupción que sacude a la FIFA y por la que ya hay tres detenidos de este país sudamericano, informó la Fiscalía.

El tesorero Hugo Mora y el contador Pedro Vera "son vinculados" al caso impulsado por la Fiscalía por presunto lavado de activos, que desde diciembre pasado mantiene bajo arresto al presidente del órgano rector del balompié ecuatoriano, Luis Chiriboga, señaló la fuente.

La Fiscalía agregó, a través de su cuenta en Twitter, que la jueza penal Ana Lucía Cevallos también ordenó la prisión preventiva de Mora y Vera, quienes "conocerían de los presuntos movimientos irregulares en cuentas de la FEF".

Los dos recientemente vinculados a la investigación judicial no comparecieron a una audiencia en la que la jueza dictó la orden de prisión en su contra, de acuerdo con la Fiscalía.

La semana pasada, autoridades continuaron allanando viviendas de "funcionarios importantes" de la FEF tras el escándalo de corrupción que golpea a la Federación Internacional de Fútbol, conocido como FIFAgate.

En el marco de la investigación de la Fiscalía ecuatoriana, Chiriboga y el secretario de la FEF, Luis Acosta, están bajo arresto domiciliario desde diciembre por tener más de 65 años de edad, mientras que el director de Logística de la selección mayor, Vinicio Luna, se encuentra en un centro penitenciario.

En la operación se ordenó el congelamiento de los fondos de cuentas bancarias de Chiriboga -suspendido como titular de la FEF-, Acosta y Luna. Los directivos de la FEF podrían enfrentar una pena de cárcel de entre 10 y 13 años, el máximo que establece la ley ecuatoriana para el lavado de activos.

La Fiscalía ha descartado la posibilidad de extradición, prohibida por la Constitución nacional.

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