19 de Oct de 2021

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Un proceso sin imposiciones

Llegar a disputar la fase final de un Campeonato Mundial de Fútbol en la categoría de selecciones mayores es el sueño de todos los paíse...

Llegar a disputar la fase final de un Campeonato Mundial de Fútbol en la categoría de selecciones mayores es el sueño de todos los países —prácticamente todos en el mundo— donde se juega el que para muchos es el deporte que más apasiona a los seres humanos. En Panamá, desde que la televisión nos permitió apreciar los torneos universales en 1970, nos hicimos —o nos vendieron, mejor dicho— la idea de que teníamos que ser seguidores eternos de aquellos equipos de casta y tradición en este tipo de eventos.. cada cuatro años, aparecían toda suerte de elementos de identificación con los oncenos de Brasil, Argentina, Alemania, Italia, Francia, ect.

No teníamos identidad propia, porque la oferta de nuestro fútbol en aquellos años era muy mediocre.. sin planes, programas, ligas organizadas, dirigencia y afición formada para respaldar una iniciativa capaz de llevar adelante una exitosa campaña mundialista. Desde el año 2002, algunos cambios importantes, auspiciados por gente del fútbol con un poco de conocimiento de aspectos como la publicidad, la imagen corporativa, atracción de inversiones y, principalmente, divulgación masiva del espectáculo, se montó sobre lo que se llama "La Marea Roja", un producto cuya estructura tenía un fin específico en lo deportivo y lo económico; en el primero, levantar el fútbol y llevarlo a una final mundialista.. en lo económico, beneficios a través de contratos con patrocinadores.

El proceso comenzó y no tuvo éxito en su primer tope en el 2006. Vino la cita siguiente, y una serie de situaciones impidieron que un mismo técnico completara el ciclo.. con un equipo lleno de jugadores de innegable talento, conocimiento y capacidad, quedamos lamentablemente fuera de la final de la copa del mundo que se disputará en Sudáfrica. La mirada al futuro, entonces, nos ubica de cara a lo que se supone debe ser nuestra realmente gran oportunidad de llegar a competir junto con otras 31 selecciones en una fase final de la copa del mundo de fútbol. El proceso ya tuvo un inicio auspiciador, al lograrse la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico y una victoria en un partido amistoso ante Venezuela.

Sin embargo, la falta de un conductor práctico del proceso, es decir, un director técnico, un planificador, un seleccionador nacional es una cuenta pendiente. Y todos estamos al tanto de que aún falta este ingrediente para dar forma a la campaña que en los próximos cuatro años debe llevarnos a la disputa de una de las tres plazas directas al mundial que otorga la Concacaf, una tarea en la que el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Ariel Alvarado, aún no da una respuesta concreta. Debo entender, por las circunstancias que he expuesto, que la euforia mundialista puede haberse apoderado del ciudadano presidente de la República, Ricardo Martinelli, llevándolo a expresar la dispocisión de su gobierno a financiar con dineros del erario público la contratación del técnico para el onceno nacional. Sin embargo, créame, señor presidente, que lo último que quiero es que el dinero del Estado se gaste en un director para la selección nacional de fútbol.

¿Por qué razón o razones...? Legalmente, no existe forma de que sea el Estado quien financie directamente tal contratación, porque la Federación Panameña de Fútbol es un organismo autónomo, que a diferencia del Comité Olímpico de Panamá, cuenta con una de las carteras más abultadas para afrontar un gasto de esta naturaleza. Expresiones como "el que paga la fiesta, pone el técnico" son no solo desafortunadas... indican una clara disposición a entrar en un terreno donde hay poderosos intereses involucrados. Y son, créame, realmente poderosos. Si el asunto es tener control sobre los cinco millones de dólares que piensa presupuestar para el trabajo del seleccionador nacional, entonces el diálogo y la negociación son las alternativas más adecuadas para llegar a entendimientos que permitan una fiscalización oficial, sin que los términos legales existentes se vean afectados.