Mulino anuncia reforma profunda a las contrataciones públicas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó duras críticas a la actual Ley de Contrataciones Públicas, a la que calificó como un “perfecto desastre” que fomenta la corrupción, paraliza obras y abre la puerta a extorsiones, al tiempo que anunció reformas profundas al sistema, abordó el aumento de la violencia juvenil y fijó la posición de Panamá frente a las sanciones de Estados Unidos vinculadas a Venezuela.

Durante sus declaraciones, Mulino aseguró que espera que en enero llegue al Consejo de Gabinete un nuevo proyecto de ley que cambie “radicalmente” los términos y condiciones de la normativa vigente. “Yo soy el primer crítico de esa ley. Lo dije en el último gabinete. Para lo único que sirve es para generar corrupción, atrancar licitaciones y propiciar extorsiones”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el marco actual hace inviable incluso los procesos más simples. “Es una aventura licitar así sea una banca en un parque con esta ley. Cualquier cosa puede pasar”, dijo, al referirse a la cantidad de impugnaciones y retrasos que se producen.

Como ejemplo, mencionó la licitación de una carretera en Panamá Oeste, adjudicada a una empresa y posteriormente impugnada. “Eso toma meses en resolverse, en una obra que el país necesita a gritos”, reclamó.

Mulino reiteró su rechazo al criterio de adjudicación por “mejor valor”, al considerarlo subjetivo y propenso a manipulaciones. “Eso es un despropósito. Aquí se tiene que ir al mejor precio. El que se la ganó, se la ganó. No puede depender de la voluntad subjetiva de nadie”, enfatizó.

También anunció cambios inmediatos en las comisiones evaluadoras de las entidades públicas. Indicó que solicitó a todos los ministerios reemplazar a estos equipos, al considerar que el sistema actual “no está sirviendo”. Incluso advirtió que ningún contrato público será aprobado en el gabinete si no se han renovado previamente dichas comisiones.

“El problema es que hay gente que vive eternamente allí. No digo que todo sea malo, hay contrataciones buenas, pero el desastre es general”, expresó.

En ese mismo contexto, el presidente cuestionó el funcionamiento de Panamá Compra, al que describió como un sistema donde se adquieren bienes a precios más altos. “Eso es otro atraco en perjuicio de los dineros de la nación. ¿Cómo llegan esos precios ahí? Es un tema técnico, pero es verdad”, afirmó.

Mulino aseguró que ya instruyó al director de Contrataciones Públicas para que acelere la elaboración del nuevo proyecto de ley y lo presente al gabinete en enero. “Con esa ley vamos a empezar a cambiar todo esto”, puntualizó.

En ese contexto, el presidente también se refirió a los cuestionamientos surgidos por contratos y pagos a empresas vinculadas a figuras bajo investigación, entre ellos el caso relacionado con el exdiputado Héctor Brands. Mulino señaló que su administración ha iniciado una revisión para determinar si existen otras entidades del Estado con contratos similares y dejó claro que los pagos detectados en este caso ya fueron suspendidos.

El mandatario advirtió que esta medida no será aislada ni selectiva, sino parte de una política coherente frente al uso de fondos públicos. “Ese está suspendido. Desconozco en este momento si hay otros, pero si los hay, con dineros de dudosa trayectoria, se van a suspender también. No tenemos por qué no hacerlo, porque sería un doble discurso”, afirmó, al subrayar que el Gobierno no puede exigir transparencia mientras permite desembolsos bajo cuestionamientos éticos o legales.

El presidente también se refirió al aumento de la violencia protagonizada por menores de edad y a la necesidad de aplicar con mayor rigor la ley. Recordó que cuando fue ministro de Gobierno y Justicia se elevó la edad de inimputabilidad de 12 a 14 años, una decisión que —según dijo— fue duramente cuestionada en su momento.

“Ya en ese entonces había niños de 10 años vinculados a pandillas. Y hoy un muchacho de 14 años sabe perfectamente lo que es meterle ocho tiros a una persona. Que no me vengan con cuentos, ni él ni los jueces”, sostuvo.

Mulino calificó como un asesinato con premeditación el caso del oficial de la Policía Nacional que recibió honras fúnebres recientemente, y aseguró que el Ministerio Público está solicitando penas ejemplares contra los responsables, incluidos los menores involucrados.

“El garantismo es para el inocente, no para este tipo de delincuentes. A estos hay que meterles todos los años de cárcel que se puedan meter, en una cárcel, no en una casa con un brazalete”, enfatizó.

No obstante, aclaró que antes de promover cambios legales evaluará si el problema radica en la normativa o en su aplicación. “Yo creo que no es un tema de leyes, sino de aplicar las que ya tenemos”, dijo.

En otro tema, el mandatario se refirió a las sanciones impuestas por Estados Unidos relacionadas con Venezuela y al señalamiento contra el empresario panameño Ramón Carretero. Mulino fue enfático en marcar distancia entre su gobierno y esas decisiones.

“El problema de Estados Unidos con Venezuela es completamente ajeno a Panamá. Ellos tienen reclamos por temas de democracia y narcotráfico, bajo su propio criterio. Nosotros observamos con cuidado, pero no participamos”, señaló.

Respecto al empresario, indicó que se trata de una decisión exclusiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por hechos ocurridos, o presuntamente ocurridos, en Venezuela. “Mi gobierno no tiene ninguna relación directa ni indirecta con esa persona. No hay contratos con el Estado ni juega un rol relevante en la economía panameña”, afirmó.

Mulino reiteró que cualquier explicación deberá darse ante las autoridades estadounidenses y subrayó que el caso no tiene ninguna vinculación con su administración. “Es un asunto completamente ajeno al Gobierno”, concluyó.