FCC recurre a tratado internacional para demanda contra Panamá

Las demandas presentadas por FCC Construcción contra el Estado panameño incluyen proyectos de infraestructura ejecutados en Darién, en Panamá Oeste y reconocido proyecto el Corredor de las Playas, todos desarrollados bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Aunque las obras ya concluyeron su ciclo contractual, la empresa mantiene un proceso de arbitraje internacional en el que alega que Panamá incumplió obligaciones asumidas en el marco del Tratado Bilateral de Inversión entre Panamá y España.

El reclamo de FCC no se sustenta en un contrato administrativo específico, sino en disposiciones del tratado de inversión, lo que marca una diferencia jurídica sustancial frente a controversias contractuales tradicionales.

En este tipo de demandas, el inversionista extranjero sostiene que determinadas actuaciones u omisiones del Estado —ya sea por parte de entidades del Órgano Ejecutivo, decisiones administrativas o medidas regulatorias— vulneraron estándares internacionales de protección a la inversión, como el trato justo y equitativo o la seguridad jurídica.

Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Margie-lys Jaime, explicó que “una empresa puede demandar al Estado sobre la base de un tratado de inversión, aun cuando el proyecto ya haya terminado y aunque no exista un contrato vigente”. Precisó que este tipo de procesos se tramita ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del cual Panamá es Estado parte desde 1996.

El monto de la demanda y los costos del arbitraje

De acuerdo con la información suministrada al órgano legislativo, la demanda de FCC asciende a alrededor de 59 millones de dólares. Este monto corresponde a la pretensión económica de la empresa dentro del arbitraje, y no guarda relación directa con los pagos administrativos que el Estado debe realizar para la tramitación del proceso.

En ese sentido, el MEF solicitó un traslado de partida por 198,589.70 dólares para cubrir los costos iniciales del arbitraje de FCC ante el CIADI. Jaime aclaró que “estos pagos no se hacen a la empresa demandante, sino al CIADI, para cubrir la administración del caso y los honorarios del tribunal arbitral”. Indicó además que, por regla general, el CIADI solicita montos que oscilan entre 150,000 y 250,000 dólares una vez se constituye el tribunal, dependiendo de la complejidad y cuantía del caso.

El Corredor de las Playas: una obra finalizada y reconfigurada

Uno de los proyectos más relevantes vinculados al caso es el Corredor de las Playas, una obra concebida originalmente como una vía de aproximadamente 32.5 kilómetros entre La Espiga y San Carlos, destinada a mejorar la conectividad en Panamá Oeste. Sin embargo, el proyecto enfrentó dificultades financieras, problemas para la adquisición de servidumbres y ajustes técnicos que llevaron a una reducción sustancial de su alcance.

Con el paso del tiempo, la iniciativa fue reestructurada para concentrarse en tramos clave de la carretera Panamericana, incluyendo la ampliación de cuatro a seis carriles entre El Espino y Sajalices, así como la Variante de Campana. Un viaducto considerado estratégico fue inaugurado en 2024.

El arbitraje de FCC se encuentra en su etapa inicial. Según consta en los registros del CIADI, el 16 de diciembre de 2025 el tribunal celebró su primera sesión mediante videoconferencia, marcando el inicio formal del procedimiento. A partir de este punto, el caso entra en una fase que puede extenderse varios años, dependiendo de la presentación de memoriales, audiencias y decisiones procesales del tribunal.

Funcionarios del MEF explicaron que estos costos procesales suelen declararse al final del arbitraje y, en caso de que el Estado resulte favorecido, pueden ser recuperables, aunque ello dependerá del laudo final que emita el tribunal.