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- 23/09/2008 02:00
PANAMÁ. El 11 es el número favorito de los diputados para añadir uno que otro “camaroncito” legislativo. Precisamente fue un artículo 1...
PANAMÁ. El 11 es el número favorito de los diputados para añadir uno que otro “camaroncito” legislativo. Precisamente fue un artículo 11 el que eliminó una zona de protección en las cercanías del Parque Nacional Coiba. Mientras que otro artículo 11 de incentivos fiscales permitió que el Ministerio de Vivienda (MIVI) apruebe los cambios de uso de suelos, sin previa participación de la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea de Diputados.
Ambos “artículos 11” no tenían nada que ver con el objetivo principal de la ley, sin embargo fueron incluidos.
Preocupado por esta norma, Leslie Marín, abogado del Centro de Incidencia Ambiental Panamá (CIAM) pidió al MIVI la lista de todos los cambios de zonificación que se han hecho en el área revertida desde 1997 hasta la fecha, el 11 de junio de este año. Sin embargo, 96 días después el MIVI entregó la nota N°14-500-1510-08 respondiendo aparentemente sus dudas, a pesar de que la Ley de Transparencia establece 30 días como plazo.
Aunque el MIVI entregó tarde la respuesta no llenó las expectativas de Marín, ni de los residentes del área revertida, porque no se contempló todos los cambios de zonificación.
Sin especificar el nombre, citaron como ejemplo una cementera que fue favorecida con un cambio de zonificación.
“Se trata de informaciones públicas, por lo cual no permitiremos que se den por partes”, sostiene Marín.
Sobre estas acusaciones, Elizabeth A. Wolfschoon H., directora de Desarrollo Urbano del MIVI, quien firmó la nota afirmó que “errar es de humanos y estamos dispuestos a corregir cualquier tipo de error”. Pidió a quienes no estén complacidos con la respuesta que se acerquen a sus oficinas, para aclarar cualquier duda.
Wolfschoon no cree conveniente que el CIAM presente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas data para que el MIVI divulgue los demás cambios, si es que se hicieron. Estas declaraciones surgen después que Marín se mostró dispuesto a acudir a la CSJ para exigir la divulgación del número exacto de resoluciones y a quiénes se está favoreciendo.
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