Una reforma candente

PANAMÁ. El proyecto de Ley Nº 259 que modifica el Código Agrario, por sí polémico, tuvo ayer una discusión difícil de cinco horas en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional. Además de comenzar tarde, el número de personas que asistió sobrepasaron la capacidad del pequeño salón asignado para esta reunión.

Los presentes, en su mayoría personas humildes, algunos empresarios, músicos y expertos pronunciaban un mismo discurso. Apoyan la titulación de tierras, pero no están de acuerdo con tener que pagar, a precios que califican como injustos, y rechazan que se haga bajo la jurisprudencia de la Dirección de Catastro.

Gaspar Molinar, un morador de la comunidad de Santa Isabel de Costa Arriba de Colón, contó que por muchos años viene solicitando el título de propiedad por temor a que inversionistas puedan aprovechar y acaparar estas tierras por falta de titulación. Molinar, junto con otras personas, dicen estar dispuestos a pagar, pero bajo las mismas condiciones que un morador continental. Al colonense le confunden las nuevas modificaciones al proyecto de ley, pues cree que no están claras las condiciones de pago.

El abogado Ovidio Díaz, especializado en temas de derecho posesorio y propiedad privada, hace la mención de que es necesario una ley que legalice las propiedades de los moradores costeños e isleños, pero explica que existe un limbo de cuál institución debe adjudicarse ese proceso.

Díaz apoya la tesis de que la Dirección de Catastro no es la adecuada para la titulación de los terrenos. Primero, porque sería un proceso sumamente lento bajo esta dirección y en segunda instancia, porque el proceso representaría gastos inaccesibles para los campesinos y personas humildes.

Los personajes de la farándula comparten el mismo problema. El cantante Sammy Sandoval, quien también posee terrenos bajo el derecho posesorio, enfrenta problemas legales por los derechos.

El más apreciado entre los presentes fue, sin duda, Rolando Armuelles, director de la Prodec, quien expresó que el Estado es el administrador de las tierras y no el dueño. La reforma pretende hacer justicia social. Sin ningún avance claro, la discusión continuará el próximo martes con la participación de funcionarios del Ejecutivo.