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04 de Mar de 2021

Economía

Financieras en alerta por reglamentación

PANAMÁ. Después de nueve años de aprobada, la Ley 42 está a punto de contar con su debida reglamentación.

PANAMÁ. Después de nueve años de aprobada, la Ley 42 está a punto de contar con su debida reglamentación.

Tras reuniones entre el Ministerio de Comercio e Industrias -que impulsa la iniciativa-, asociaciones de consumidores y las asociaciones financieras, el documento está listo para ser considerado por el Consejo de Gabinete; sin embargo, antes de ser sometido a votación por el Órgano Ejecutivo, el documento trajo reacciones, tanto de los usuarios como de las financieras.

¿HAY O NO TOPES?

La revisión de la reglamentación se centró en los topes del porcentaje que se fijaría para los gastos de cierre para préstamos que, de acuerdo con la presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI), Alicia De Guinard, fue una propuesta eliminada de la reglamentación luego de atender los comentarios de ANIFI; sin embargo, en el Ministerio de Comercio e Industrias informan que la propuesta se mantiene y así ha llegado para consideración del Consejo de Gabinete.

Incluso, Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) da como un hecho que la reglamentación dictará topes a los gastos de cierre.

‘Hay claros abusos de algunos agentes económicos porque hay gastos de cierre que sobrepasan el 50% y la reglamentación es para que no superen el 20%’, manifestó Acosta.

En tanto, De Guinard, como representante de las agencias financieras, explicó que al establecer topes se está limitando el negocio porque cuando se creó la Ley 42 se hizo basado ‘en el libre mercado para competir con bancos y financieras’.

‘No estamos de acuerdo con el abuso de nadie, pero estos no representan ni el 1% de las transacciones de clientes de financieras’, aseguró De Guinard en una conversación con La Estrella.

Otros aspectos por considerar en la reglamentación que lleva adelante el ministro Roberto Henríquez es la aplicación de controles frente al lavado de dinero. De Guinard dijo que en este caso hay mecanismos como aportar a la Unión de Análisis Financiero (UAF) la documentación con respecto a clientes que adquieren préstamos que superen los 5 mil dólares.

‘CONTRA VIENTO Y MAREA’

Aunque no queda claro si la reglamentación fija los topes, el ministro Henríquez reiteró que la ley ‘se reglamentará contra viento y marea’.

El ministro advirtió recientemente la posibilidad de que algunas empresas inicien una campaña para que la iniciativa ‘muera en su cuna’, para dar al traste con las pretensiones del Gobierno de acabar con los abusos que -según dijo- se vienen cometiendo sobre todo contra los jubilados. Subrayó que los préstamos son onerosos y los gastos de cierre no tienen límites.

De acuerdo con los registros de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, en 2006 hubo 151 denuncias de parte de clientes, en 2005 hubo 62 denuncias mientras que en 2004 la cifra llegó a 308, solo superada por las denuncias colocadas en 2003, que llegaron a 525. De 2009 y 2010 aún no hay referencias.