Pedirán exoneración de cajas registradoras

PANAMÁ. Pese a que ayer inició la implementación por ley de las cajas registradoras, miembros de las micro, pequeña y mediana empresas le solicitarán al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, la exoneración de la compra y ejecución de las impresoras fiscales.

La solicitud de exoneración abarcaría a todos los negocios del país cuyo ingreso anual sea de hasta 60 mil dólares. Por ley a partir del 1 de diciembre de 2011, los negocios deben incorporar el uso de impresoras fiscales.

Según se conoció extraoficialmente, la reunión se realizará el próximo 26 de octubre en las oficinas del MEF, aunque el viernes 21 de octubre Giselle Burillo, titular de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), conversará con De Lima para hacerle una solicitud similar, pero en que el ingreso anual por empresa sea menor a los $36 mil.

PREOCUPACIÓN Y SANCIÓN

La fuente, que solicitó la reserva de su nombre, dijo esperar que ‘no haya multas ni ataques por parte del gobierno, ya que ellos deben comprender que si no hay para la compra de los equipos fiscales, menos para pagar una multa’.

Sin embargo, el departamento de Comunicaciones del MEF informó que ‘la DGI está preparada para ejecutar operativos de fiscalización’.

La microempresaria Yamileth Quintana aseguró que en su caso debe esperar hasta diciembre para la implementación, pero confiesa que tiene varios conocidos que se han equivocado en la compra de los equipos, debido a la falta de información.

Por su parte, la rectora de la Ampyme, Giselle Burillo, sostuvo que hay que tener ‘la comunicación permanente, buscar los puntos intermedios, primero que todo las personas no se informan correctamente’.

Burillo agregó que aquellos negocios por su calidad y lugar de ubicación y el tipo de actividad ‘también se puede pedir la autorización de que si realmente no es posible tener la empresa la impresora fiscal’.

La ministra enfatizó que ‘la caja registradora fiscal remplaza la caja registradora común, lo que va a permitir que la persona, al cobrar el 7%, no se lo embolse, sino que lo declare’.