Denuncian grave conflicto de interés

PANAMÁ. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) concesionó ayer a la empresa MEC Shipyards la operación del Astillero de Balboa. Un jugoso negocio que genera unos 50 millones de dólares anuales y que estaría en manos de este consorcio por los próximos 20 años.

Pero la decisión despierta inquietud. Uno de los competidores habría presentado un reclamo contra el consorcio ganador solo horas antes de la adjudicación.

Y la queja no es simple, el consorcio Panamá Drydocks considera que hay un evidente conflicto de interés en la empresa MEC, del consorcio ganador.

El conflicto de interés existente no es una cosa nueva. Ya en abril pasado, La Estrella y Mi Panamá Transparente revelaron los vínculos de Marvin Castillo Benavides, directivo de la AMP durante todo el 2011 y la empresa MEC, propiedad de su familia.

El consorcio Panama Drydock, conformado por las empresas Boluda Fos Corp oration SL, Comercializadora Meyer’s Corp y Yermont Enetrprises INC reclamaron oficialmente el conflicto de interés por ‘primer grado de consanguinidad’ de Cecilia Benavides como madre de Castillo. Solicitaron al director de Contrataciones Públicas que requiera de la AMP una certificación que indique si Marvin Castillo Benavides ha sido miembro de la Junta Directiva de la AMP, el periodo en el cual fungió y el motivo de su salida de ese cargo.

En efecto, La Estrella constató en abril que Castillo estuvo en la directiva de la AMP hasta noviembre de 2011, un mes antes de que se lanzara el primer acto público para ésta concesión.

En ese momento, Valerio Ábrego, de Relaciones Públicas de la AMP, aseguró que Castillo renunció a la directiva, pero no especificó más: ‘ahora no tengo la carta a mano’, dijo.

FALTAN CONTROLES

Para la abogada Idalia Martínez, del movimiento Democracia Justicia y Libertad, el problema es la falta de transparencia y los controles para garantizarla, ‘la carencia de filtros más rigurosos puede hacer de esos contenidos legales el juego de quienes hagan uso de toda su influencia, contactos y vínculos de poder, para obtener beneficios de la cosa pública’.

Mientras, el plazo para los reclamos e impugnaciones corre. Se vence 5 días hábiles después de su adjudicación.