Exvicepresidente Carrizo enfrenta audiencia por caso de enriquecimiento

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, enfrenta este miércoles una audiencia judicial luego de ser aprehendido a su llegada al aeropuerto internacional de Tocumen, tras regresar de Guatemala, donde intentaba juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Carrizo arribó, ayer, al país en el primer vuelo disponible y fue custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

A su llegada, el exvicepresidente aseguró que decidió volver voluntariamente para enfrentar el proceso.

“Preferí venirme a Panamá con la frente en alto a dar la cara... Soy inocente... Esto es una persecución política en mi contra”, declaró a medios de comunicación.

Carrizo se encontraba en Guatemala con la intención de juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano, un derecho que asiste a los expresidentes y exvicepresidentes de la República para el período inmediato posterior al ejercicio de su cargo.

Sin embargo, la juramentación —requisito indispensable para adquirir formalmente la investidura— no se concretó.

De haberse juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, Carrizo habría adquirido las prerrogativas parlamentarias, entre ellas la inmunidad, lo que implica que cualquier investigación penal en su contra debía tramitarse mediante un proceso especial ante la Corte Suprema de Justicia, y no ante la jurisdicción penal ordinaria, como ocurre actualmente.

Según su defensa, Carrizo optó por regresar al país tras conocer, a través de los medios de comunicación, que existía una orden de aprehensión en su contra.

“Renunció a un derecho constitucional y regresó a Panamá para enfrentar la justicia. Ese es un mensaje claro de que no tiene nada que esconder”, sostuvo el abogado Víctor Orobio, miembro de su equipo legal.

La orden de aprehensión y conducción fue emitida el 26 de enero de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, mediante el Oficio N.° 731-2026, firmado por la fiscal superior Adela Cedeño. La instrucción fue dirigida a la DIJ para poner a Carrizo a disposición del Ministerio Público dentro de una investigación por delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

El equipo legal cuestiona la legalidad y necesidad de la aprehensión. El abogado Víctor Orobio calificó la medida como desproporcionada.

“No había necesidad de dictar una orden de aprehensión. José Gabriel Carrizo no representa un riesgo para la investigación ni peligro de fuga. Siempre hemos comparecido cuando se nos ha citado”, afirmó.

Orobio sostuvo que existen cuatro o cinco carpetas de investigación por los mismos hechos, en las cuales la defensa estaba acreditada y había aportado pruebas. No obstante, denunció que la Fiscalía abrió una nueva carpeta en reserva, sin notificación previa.

“Crear una carpeta en reserva solo para dictar una aprehensión es lamentable y demuestra una falta de lealtad procesal”, señaló.

Por su parte, el abogado Adecio Mojica indicó que se trata de varias investigaciones abiertas por un mismo supuesto hecho.

“Hay varias carpetas por el mismo hecho: un supuesto enriquecimiento injustificado. Nosotros hemos presentado justificaciones ante la Contraloría y se han hecho verificaciones en distintos bancos del país”, explicó.

En paralelo al proceso penal, la Contraloría General de la República ordenó la cautelación de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de $1,313,818, como parte de una auditoría patrimonial.

La institución informó que se trata de un trámite administrativo y que los datos del expediente son confidenciales, conforme a su reglamento interno.

La defensa sostiene que la Contraloría estimó inicialmente un presunto enriquecimiento no justificado cercano a los $3 millones, cifra que —aseguran— fue sustentada con documentación contable y peritajes forenses.

“Presentamos pruebas contundentes que justifican cada renglón. Nos sorprende que el informe no haya sido corregido”, afirmó Orobio.

Antes de su aprehensión, Carrizo presentó un recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de frenar el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias ordenado por la Contraloría.

El recurso fue interpuesto por el abogado Pedro Meilán Núñez, quien argumentó que la medida administrativa vulnera derechos fundamentales.

Carrizo fue vicepresidente de la República entre 2019 y 2024, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, bajo el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La audiencia prevista para este hoy definirá los próximos pasos del proceso, mientras la defensa anunció que solicitará que la aprehensión sea declarada ilegal.

Vicepresidente de la República (2019–2024)