01 de Oct de 2022

Economía

Productores se oponen a venta de tierras bananeras

PANAMÁ. La venta de activos del país mantiene en alerta a los miembros de cuatro cooperativas en formación ubicadas en el distrito de Ba...

PANAMÁ. La venta de activos del país mantiene en alerta a los miembros de cuatro cooperativas en formación ubicadas en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, si el Gobierno insiste en subastar o vender a terceros las tierras que han ocupado en los últimos 15 años.

El tema en disputa es un globo de terreno de aproximadamente 5,600 hectáreas que le perteneció a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (Coosemupar). Las tierras se subdividen en dos grande grupos. El primero, con 2 mil 478 hectáreas, que se entregará a igual cantidad de extrabajadores; y el segundo, unas 3 mil 122 hectáreas del Estado que podrían ir a subasta o venta directa.

Las tierras que se destinaban al cultivo de banano, también conocido como ‘oro verde’, son codiciadas por empresarios, políticos, extrabajadores y productores independientes; sin embargo, primero deben pasar a manos del Estado.

Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá (Apemep) y representante de las precooperativas Rodolfo Aguilar Delgado, Servicios Múltiples Unión de Productores Agropecuarios y Artesanos, Lucha Campesina y Productores de Palmitos, aseguró que el frente que armó el viernes el pueblo colonense por la sanción de la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón se podría replicar si las tierras van a subasta. Dicen que en diversas oportunidades se han acercado al Gobierno para que se les dé la opción de compra de las tierras que están ocupadas.

El grupo de cooperativas en formación han propuesto pagar 7 mil 500 dólares por hectárea (3 mil 122 hectáreas), lo que representaría para el Gobierno un ingreso de 23.4 millones de dólares.

De concederle la opción de compra a sus representados, el 70% del terreno se destinará a la producción de palma aceitera africana y el 30% restante a plátano, yuca y maíz.

EL ESTATUS

Pero antes de conceder tierras, el Gobierno debe derogar el contrato de arrendamiento con la Chiriqui Land Company que data de 1976. Para ello, el pasado 23 de julio, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Amando Osorio Casal, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 493 para dejar sin efecto el contrato y revertir las tierras al Estado. Luego de 90 días, el documento está a la espera de ser discutido en segundo debate.

Osorio Casal explicó que mientras el documento se encuentre en discusión en la Asamblea Nacional, se puede hacer muy poco, debido a que estas tierras deberán pasar primero a manos del Estado. Aunque reconoce que ha tenido acercamiento con grupos de productores que han manifestado la opción de compra, prefirió no dar detalles al respecto.

De la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) se informó que el pasado 13 y 14 de octubre se realizó un sorteo para definir las colindancias de los lotes entre los terrenos de los extrabajadores que tomaron la opción individual, proceso necesario para completar las fichas catastrales y avanzar con el proceso de titulación final.

Según el Gobierno, el sorteo de mil 771 lotes es una prueba de su compromiso de reactivar la economía de la deprimida zona de Barú en beneficio de los extrabajadores de la cooperativa, que fueron compensados mediante la Resolución de Gabinete No. 167 del 5 de octubre de 2010. El proceso se hará por fincas, tomando como base la finca donde reside el extrabajador.

Tras el sorteo, un grupo de extrabajadores se quejó de que no se incluyeron los lotes donde están las mejores tierras y denunciaron de que estas podrían estar reservadas para el grupo de los productores que solicitaron que sus tierras les sean entregadas de forma colectiva. Unos 2 mil 478 extrabajadores de la Coosemupar están en espera del título de propiedad de manera colectiva.

Jaime Guerra, quien apoyaba la individualidad de las tierras, aseguró que la lucha por el control ha llevado a enfrentamientos con el empresario bocatoreño David Ochy, propietario de la empresa Pana Plátanos, junto a Simón Lezcano, de la extinta Sitrachilco, y el diputado del área Osman Gómez, quienes han tratado de todas formas de influenciar en los extrabajadores.