Corrupción versus democracia

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, dados a conocer a mediados del pasado mes de febrero, han despertado alarmas insospechadas y ha disparado preocupación en muy diversos sectores de la sociedad nacional. No es para menos, cuando se observa que por segundo año consecutivo Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100, lo que confirma su estancamiento en el rubro de Democracias Imperfectas, a un solo escalón de lo que el IPC califica como Regímenes No Democráticos.

Esta estrecha relación entre corrupción y democracia es una vinculación establecida por las 13 fuentes internacionales de alta credibilidad que elaboran el IPC, entre las que destacan el World Justice Proyect, el Word Economic Forum y la Unidad de Inteligencia de The Economist. Todo parece confirmar que la corrupción es una condición inseparable de la falta de libertades democráticas. Dicho de otra forma: a mayor democracia, menor corrupción; a menor democracia, mayor corrupción.

Que el sistema político panameño esté calificado como perteneciente a las Democracias Imperfectas, y se le sitúe a solo un escalón del IPC para calificarlo como Régimen No Democrático, abre un conjunto de interrogantes y preocupaciones sobre el presente y el futuro del país.

No es un hecho fortuito que Panamá sea el último país de América Latina en realizar el juicio sobre los desmanes corruptos de la empresa Odebrecht, y que el Parlacen sea la guarida temporalmente segura de delincuentes de alto rango, o que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional haya rechazado los proyectos de ley Nos. 291 y 292, presentados por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, que pretendían transformarse en una Ley General Anticorrupción y endurecer sanciones a los delitos contra la Administración Pública.

Otras señales sumamente preocupantes son las enviadas por la Corte Suprema de Justicia al aprobarse por insistencia un aumento salarial a los Magistrados de 14,000 dólares, al tiempo que ha decidido el blindaje de las actas y del registro de visitas, concediendo, además, la permanencia a funcionarios interinos con dos años o más de servicios sin haber pasado por concurso de méritos, cuando ya estaba implementándose la carrera judicial.

Por otra parte, la negativa a develar el nombre de los beneficiados por licitaciones mayores de 500,000 balboas, aludiendo a una supuesta reserva empresarial, no deja de disparar las alarmas anticorrupción. Igualmente, frente a la positiva noticia de que la “lotería fiscal” ha permitido recaudar alrededor de 100 millones balboas adicionales del ITBMS, hay que preguntarse qué es lo que impide recaudar los 12 mil millones anuales que suman los evadidos impuestos empresariales y del ITBMS, según reciente investigación revelada por La Estrella de Panamá.

Dos recientes ejemplos de enorme importancia nos advierten que estamos navegando en un mar de corrupción que, de seguir sin control y profundizándose, pueden hacer naufragar a la nave del Estado, transformándonos en un “régimen no democrático”, tal como nos alerta el IPC de Transparencia Internacional. Nos referimos a la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de la Mina Cobre Panamá y de los contratos de los dos puertos adjudicados a Panamá Ports.

En efecto, la CSJ ha declarado inconstitucionales por razones muy parecidas a ambos contratos, lo que ha permitido constatar gravísimos daños causados al país. Dichos contratos han estado envueltos en preocupantes sospechas de corrupción, pese a lo cual no hay abierta ninguna investigación que esclarezca las responsabilidades, si las hubiera, que les corresponden a ciertos funcionarios.

Panamá está atravesando una crisis generalizada que afecta gravemente al régimen político, es decir a los tres poderes del Estado, y a las principales instituciones del país (agua, salud, educación, etc.), al igual que a los partidos políticos vigentes, e igualmente la crisis golpea con fuerza a la economía, que mantiene una muy elevada deuda externa, y pese a un crecimiento del PIB envidiable, la CEPAL nos sitúa como el segundo país más desigual de la región. Esta postración preocupante nos advierte que no serían de extrañar convulsiones sociales futuras propias de una situación como la descrita.

El desempleo y la informalidad laboral no solo disparan la violencia social y el crimen organizado en sus muy distintas formas y manifestaciones, sino que generan demandas sociales difíciles de resolver si no se toman con urgencia las medidas tendientes a darles satisfacción, buscando los acuerdos y políticas sociales necesarias. De no transitar por estos caminos con urgencia, la respuesta a los problemas sociales será una deriva autoritaria que nos calificará como “un régimen no democrático”, dado el recorte de libertades y derechos democráticos que se materializará.

Y, por supuesto, todo recorte de libertades y derechos democráticos conlleva un mayor y más amplio nivel de corrupción. Tanto monta, monta tanto la falta de libertades democráticas como la corrupción. No resulta extraña entonces, dada la situación objetiva en la que se encuentra el país, el planteamiento que se hace de una Constituyente, pero, a decir verdad, y tal como expreso el Dr. Carlos Bolivar Pedreschi, en su memorable conferencia del 5 de febrero de 1980, titulada “Asamblea Constituyente y Realidad Nacional: “Este sentido social y político de la Asamblea Constituyente solo se apreciará cuando las fuerzas que la propugnan le contesten al país ésta sola pregunta: “¿Asamblea Constituyente para qué?”.

Creo que es evidente que a mayor corrupción se corresponde un recorte de libertades democráticas, pues es esto último lo que la posibilita; y que a mayores libertades democráticas la corrupción se restringe. No es casualidad que Uruguay se sitúe entre los países de América Latina como uno de los mejores países calificados con un puntaje de 73 sobre 100, cuando precisamente es uno de los países latinoamericanos con mayores libertades democráticas arraigadas.

Panamá está a un escalón de transformarse en un “régimen corrupto no democrático”, pero también a un escalón para iniciar el camino hacia la lucha contra la corrupción que lo haría ser un país con mayores libertades democráticas. Esa decisión debe ser tomada cuando antes. Se trata de gobernar galopando con el consenso ciudadano, o hacerlo sostenido solo por la coerción, que en la medida de que se complejicen las situaciones políticas y sociales requeriría de mayor dureza.

Somo un país extraordinariamente rico, y así lo deja ver el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, y al mismo tiempo somos el segundo país más desigual del Continente. No estamos condenados a padecer tal contradicción, escapar de ella depende de la voluntad política que se tenga o se construya.