Independencia judicial, clave para el desarrollo

PANAMÁ. Cada día pareciera darse un mayor consenso en cuanto a la transcendencia de la institucionalidad como elemento sine qua non para alcanzar la anhelada pero compleja meta del desarrollo integral. Dentro de ese contexto a la vez juega un papel crítico la vigencia de un Sistema Judicial independiente y funcional.

Solo mediante este sistema se consagra la justicia como principio fundamental. Igualmente importante, la expedita y auténtica aplicación de la justicia constituye el mecanismo que por excelencia viabiliza el funcionamiento de una economía moderna mediante el fomento de la iniciativa privada y la consiguiente consagración del estado de derecho.

Bajo el imperio de una justicia independiente, transparente y expedita se logra, por ejemplo, el funcionamiento de un mercado dinámico para la compra y venta de títulos de propiedad, lo cual a su vez constituye la base para aumentar el acervo de capital de una sociedad y lograr de este modo un sostenido crecimiento de la riqueza. A guisa de ejemplo, sin la garantía de una sana competencia entre las empresas difícilmente se puede aspirar que exista eficiencia y justicia económica: sin eficiencia difícilmente se puede pretender que la sociedad goce de un sostenido crecimiento.

Múltiples análisis de organizaciones como el Foro Económico Mundial (FEM), el Heritage Foundation y el Banco Mundial, entre otras, destacan casi de modo inequívoco los importantes y sostenidos avances que ha tenido Panamá en diversas variables que conforman la competitividad económica.

Sin embargo, todos estos informes al unísono también destacan la poca confianza de los encuestados y de la sociedad en general en cuanto al funcionamiento de un sistema judicial independiente, eficaz y eficiente en Panamá. Por ejemplo, de acuerdo con el Informe Anual del FEM 2012-2013, en cuanto competitividad, Panamá overall ranking obtuvo un altísimo sitial de 40 respecto de 144 países. Esto equivalió a que a nivel de Centroamérica el país fuera el más competitivo y el segundo en América Latina.

Sin embargo, esa misma encuesta revela una marcada dualidad: a nivel de la calidad de las Instituciones el ranking fue de 69. Más aun en cuanto a la percepción de independencia del Órgano Judicial su ranking corresponde a un deficiente puesto de 132, casi al final de la lista. Igualmente con respecto del ‘favoritismo en las decisiones de los funcionarios’ Panamá se ubica en la posición 103. Finalmente, en relación con ‘los costos que derivan del crimen y la violencia’, Panamá obtiene un bajísimo sitial de 118.

La encuesta ‘Doing Business’ del 2012 del Banco Mundial indica que Panamá goza del aceptable ranking de 61 sobre 185 países en cuanto ambiente para hacer negocios.

Sin embargo ello contrasta dramáticamente con la evaluación en cuanto a ‘capacidad del Sistema Judicial para la aplicación correcta de contratos’ o ‘el registro de propiedad’ criterios en los cuales el país se ubica en los bajísimos niveles de 125 y 107 respectivamente.

Panamá, es cierto, ha venido aplicando diversos programas y sistemas para agilizar la administración de la justicia, por ejemplo, instrumentando el llamado Sistema Penal Acusatorio dirigido a resolver hechos criminales dentro del cual prima la igualdad entre las partes a través de audiencias para imprimir agilidad y rapidez a la justicia; y a las mejoras administrativas apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, también es indiscutible que, indistintamente a la cantidad de recursos que se asignen o sistemas que pudieran ensayarse, resulta indispensable utilizar con mayor eficiencia y eficacia los recursos que maneja el Órgano Judicial.

Como corolario, y quizá más crucial aún, se requiere de una firme y clara voluntad de la sociedad y de los estamentos políticos en particular para reforzar la independencia de nuestros poderes, sobre todo el judicial. Solo así prosperará una visión integral en materia de crecimiento y desarrollo basado en un modelo institucional incluyente social y económicamente.

La autora es analista del Centro Nacional de Competitividad.