En el limbo idea de regular inmobiliarias

PANAMÁ. En el limbo. Así se encuentra el proyecto de ley que pretende regular las inmobiliarias extranjeras a través de la Ley Orgánica de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), debido a que algunas de estas empresas venden proyectos antes de desarrollarlos y se retiran del país dejando a los clientes en la incertidumbre.

La propuesta, que tiene más de un año en estudio y revisión en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) —entidad rectora de la Acodeco—, aún no ha sido presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional.

En junio del 2012, Pedro Meilán, administrador de la Acodeco, anunció la iniciativa debido a reiteradas quejas recibidas en la institución. Según Meilán, entre 2006 y mayo de 2012, la Acodeco registró 2,680 quejas contra inmobiliarias.

Las tres quejas más frecuentes son: incumplimiento de contrato, de garantía y de devolución de dinero (abono inicial).

Según datos estadísticos de la Acodeco, de enero a junio de 2013 recibió 258 quejas inmobiliarias por un monto de $13.2 millones, una cantidad inferior a las 219 registradas a igual periodo del año pasado, pero por un monto superior de $15.8 millones.

Ricardo Quijano, titular del MICI, aseguró que la propuesta aún se encuentra en manos del Ejecutivo para su detalles finales.

Aunque prefirió reservarse la fecha en que será presentada, el ministro afirmó que la iniciativa se llevará pronto al Legislativo.

Ante la demora, Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, dijo que aunque la iniciativa regulará el sector inmobiliario, la propuesta protege al consumidor final de los abusos de algunas inmobiliarias que venden el proyecto y luego se van del país con los dineros y sueños de los consumidores o simplemente no cumplen con lo prometido en la venta.

La propuesta de la Acodeco busca que a través de la figura del fideicomiso todo abono para residencias nuevas se mantenga íntegro hasta que la obra muestre avance en su edificación o hasta cuando haya seguridad sobre la culminación de la obra.

Bajo las condiciones actuales, los consumidores hacen el abono inicial a las promotoras sin ninguna garantía.