Panamá dispuesta a un litigio millonario

PANAMÁ. Tres años después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenara a las autoridades panameñas restituir la concesión hidroeléctrica de Bajo de Mina en Chiriquí Viejo a César Lisac, este asunto sigue en disputa.

Esta vez en el Banco Mundial, y Panamá parece dispuesta a asumir todos los riesgos de una condena multimillonaria, que podría alcanzar hasta 2,500 millones de dólares.

El país designó a la firma de abogados Arnold & Porter para que lo represente en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia de arbitraje del Banco Mundial.

Arnold & Porter es un legendario consejero legal del gobierno panameño. Sus nexos se remontan a los últimos 25 años. Incluso formó parte de la negociación de un tratado de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos, que precisamente entró en vigencia en 2012.

Arnold & Porter también representó a Panamá en el único otro caso que el país ha litigado en el CIADIS, que resultó favorable al país.

TGGE reclama el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, dictado en noviembre de 2010 en el que se restituyen a César Lisac, su socio panameño, los derechos sobre la concesión hidroeléctrica de Bajo de Mina, y que en su defecto implica la suspensión de los derechos que ha mantenido la empresa Grupo Ideal Panamá y que según ese fallo los mantiene ilegítimamente.

En 2012, el Gobierno de Panamá aplicó un rescate administrativo contra TGGE y le retiró la concesión, a pesar de que existía un recurso por desacato en la Corte Suprema y que reclama que jamás se hizo cumplir el fallo de 2010.

El expediente con el desacato presentado por TGGE está en manos del magistrado presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, quien no se ha pronunciado a pesar de que este reclamo lleva dos años aproximadamente.

TGGE acudió al CIADIS en virtud de lo que consideró obstáculos para hacer cumplir un fallo de la propia Corte Suprema.