Ejecutivo reconoce error en Ley 120

Actualizado
  • 02/01/2014 01:00
Creado
  • 02/01/2014 01:00
PANAMÁ. Las autoridades reculan ante las críticas por la modificación al Código Fiscal. El administrador de la Autoridad Nacional de los...

PANAMÁ. Las autoridades reculan ante las críticas por la modificación al Código Fiscal. El administrador de la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos (ANIP), Luis Cucalón, asumió la responsabilidad de los cambios.

‘Reconozco que me equivoqué al pensar que Panamá estaba preparada para este paso’, indicó en un comunicado oficial de la Presidencia.

La ley en cuestión permitiría gravar los ingresos obtenidos por personas naturales o jurídicas fuera del país con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Luego de fuertes críticas por parte de expertos en materia tributaria que consideraban la medida como dañina para la economía del país y de los cuestionamientos por inconstitucionalidad sobre la aprobación de la misma, Cucalón solicitó la derogación de la misma al presidente de la República, Ricardo Martinelli.

‘He aceptado su recomendación (de Cucalón) de presentar una ley que derogue los artículos 2 y 3 de la Ley 120 y restablezca la vigencia de los derogados o modificados por ellos, así como acepté como buena su solicitud de sancionar la Ley con la incorporación de los artículos por él propuestos’, declaró el presidente a través de un comunicado oficial.

En el mismo documento Martinelli defendió la competencia de Cucalón en su cargo pero recomendó ‘mayor cautela’ en decisiones futuras.

JUSTIFICACIÓN

A través de su cuenta de Twitter el administrador de la ANIP manifestó que el objetivo de la medida era adelantarse a una imposición externa.

‘Mi preocupación por el país es que nos impongan algo que no podamos manejar. Mire lo que le pasó a Suiza y su centro bancario’, tuiteó como respuesta a un comentario sobre la falta de discusión al proyecto de ley.

PRESIÓN

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) anunció en un comunicado que presentará una demanda por inconstitucionalidad y pidió que se iniciará una investigación por parte de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia sobre las ‘conductas penadas por la ley’ que se cometieron durante el trámite de la ley.

Además, en el documento firmado por el presidente del MAG, Rogelio Cruz Ríos, se advierte que es necesario tomar correctivos antes que los efectos de la ley trasciendan a nivel internacional y perjudiquen la credibilidad y confianza en el sistema financiero internacional.

Otro que manifestó su desacuerdo con la medida fue el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, que aseguró que el sector logístico del país sería uno de los más afectados.

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