Explosión en concesión Potsa genera dudas del actuar de la AMP

Luego de la explosión ocurrida debajo del Puente de las Américas, en la zona concesionada a la empresa Panamá Oil Terminals, S.A. (Potsa), y tras el anuncio de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre la cancelación de dicha concesión este lunes, surgen dudas en el sector sobre el manejo administrativo y el actuar de la autoridad.

La AMP indicó públicamente que la cancelación se debe a “deudas”, a pesar de que no existían cuestionamientos previos sobre la seguridad en el recinto.

“Debemos proceder a suspender o a cancelar la concesión para garantizar una investigación eficaz sin pendientes... Tenemos cero tolerancia en temas de accidentes o seguridad”, dijo el administrador Luis Roquebert en cadena nacional.

Sin embargo, el tema de las deudas se da a conocer casi dos años después del inicio de la actual administración gubernamental y tras el accidente que dejó un saldo de una persona fallecida y al menos dos heridos.

¿Qué ocurrió antes? ¿Por qué no se canceló previamente la concesión si existían compromisos incumplidos? ¿A cuánto asciende la deuda, por qué motivo y en qué periodo? Estas son parte de las preguntas que La Estrella de Panamá elevó a la AMP, pero que aún no han sido respondidas.

Ante estas dudas, exadministradores de la AMP y empresarios del sector han cuestionado el proceder, señalando que los accidentes pueden ocurrir en cualquier industria.

Estos pagos se realizan mensualmente o según lo establezca el canon en el contrato, y en caso de incumplimiento, debe reflejarse e informarse a la dirección general y al administrador, comentó el exdirector de Marina Mercante, Guillermo Márquez Amado.

“Eso no es algo que haya ocurrido ahora ni que, intempestivamente, se den cuenta. Debieron haberlo detectado mucho antes, como ocurre con cualquier concesión otorgada en el país”, señaló el abogado, quien además resaltó que no es la primera vez que un concesionario se atrasa. “Que lo pasen por alto es otra historia”, acotó.

Según el exdirector, lo pertinente es investigar primero e incluso descartar la posibilidad de una acción criminal: “Si no hay ninguna responsabilidad del concesionario, ¿por qué le van a cancelar la concesión?”, se preguntó.

En este punto coincidió José Digerónimo, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá: “Es sumamente preocupante, porque los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera. No creo que haya sido algo intencional de nadie, mucho menos de un concesionario”, comentó.

Coincidentalmente, el actual director de la AMP, Luis Roquebert, fue administrador de la empresa Petroterminal de Panamá cuando, en 2007, se produjo un derrame de petróleo en Bocas del Toro.

La concesión de terminales de combustible que hoy está bajo escrutinio público corresponde al contrato A-2008-2011 (durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli), con una adenda de enero de 2014, y expira el 27 de junio de 2031.

Durante este periodo de 20 años, la empresa tiene el manejo y explotación de 101 hectáreas y 8,316 metros cuadrados de instalaciones destinadas al abastecimiento, suministro y venta de todo tipo de combustible, así como al almacenamiento y movimiento de hidrocarburos y sus derivados. También incluye el uso y administración de las áreas donde se ubican las terminales de Balboa y Cristóbal, en las provincias de Panamá y Colón, respectivamente, según el detalle de los contratos vigentes publicado en el portal de la AMP.

En 2011, cuando se otorgó el contrato, la operación estuvo a cargo de Aegean Oil Terminals Panamá, constituida ese mismo año y presidida por Gregorio Robolakis, según actas del Registro Público.

En ese momento se cuestionó que la concesión fuera otorgada de manera directa, cuando previamente la administraba la empresa Atlantic Pacific (APSA).

En 2013, Aegean Oil Terminals Panamá incluyó como tesorera a Springfield World Limited, una sociedad registrada bajo las leyes de Anguila, Antillas Británicas. Ese mismo año, la empresa cambió su pacto social a Panamá Oil Terminals (Potsa).

Actualmente, Potsa es presidida por Carlos Fernández y, según un comunicado de la compañía, el accidente del camión involucrado corresponde a la empresa Environmental Solutions Development Inc., mediante un contrato de subarrendamiento.

Este diario intentó confirmar si la AMP tenía conocimiento de dicho subarrendamiento, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.