¿Asistencialismo o libertad económica?

A menos de un mes para el torneo electoral, es importante analizar el grado de compromiso o ajuste de las futuras actuaciones en materia tributaria, propuestos por los diferentes candidatos a cargos de elección popular y que han plasmado en sus programas repartidos entre la ciudadanía.

En ese sentido, lo que siempre se debe buscar son señales de principios y fundamentos éticos en el manejo de los ingresos y gastos públicos, en las prácticas administrativas, sobre todo las tributarias, que piensan implementar de ser favorecidos con el voto popular. Es decir, el uso responsable del poder público y de la eficaz y efectiva aplicación de las normas dentro del marco de libertad económica y de seguridad jurídica en materia fiscal.

Considerando las múltiples promesas que se han lanzado en campaña, muchas sin ningún sustento económico, no hay la menor duda que el ganador de las elecciones tendrá que verse en la necesidad de llevar adelante reformas tributarias para poder sufragar todo lo prometido y mantener el programa ya existente e interminable de subsidios, que además de no ser sostenible en el tiempo, promueve la mediocridad entre la población. Por eso, lo que vendrá será un interés recaudatorio sin límites por parte del Estado que afectará a toda la población económicamente activa.

Todo esto bajo el argumento de la mal entendida política social y solidaria del Estado, para el mantenimiento no solo de la hacienda pública sino también del sistema de subsidios que en algún momento colapsará y que no necesariamente le llega a todos los que componen los estratos económicos más bajos, en aras de un mal interpretado Estado de Bienestar consagrado en nuestra Constitución, que a mi juicio es más asistencialista que otra cosa, promovido bajo un sistema tributario progresivo, que implica una abierta invitación a la discriminación, y, lo que es peor, a que una minoría discrimine contra el resto de una población, que son realmente la mayoría, subordinada al voto popular o a la ilusión de que la soberanía popular debe poderlo todo, y que erosiona los incentivos que deben tener las personas y empresas que generan riqueza, trabajo, ahorro e inversión a través de la libre empresa.

El Estado de Bienestar es una promesa falsa que jamás podrá ser cumplida, sobre todo cuando en un país la cultura y la educación pública son tan deficientes, porque no se inculca en sus ciudadanos lo que es vivir en dicho tipo de contrato social, ya que por el aumento de la población se incrementan asimismo las obligaciones de subsidiarla al aumentar las necesidades de la misma. Lamentablemente, nuestros políticos no se han dado cuenta todavía que el Estado de Bienestar está en crisis desde la década de los años setenta, lo que ha traído consigo una serie de patologías que pueden afectar nuestro desarrollo económico, como lo son la burocracia, la mediocridad y la corrupción, que corroen las estructuras institucionales y valores de una sociedad, reduciendo la eficiencia y eficacia del mercado, en busca de una falsa y utópica igualdad social que nunca llegará.

Ojalá llegue el día en que durante una campaña electoral podamos escuchar planteamientos políticos en donde se invierta en educación y en darle a los ciudadanos las herramientas necesarias para que puedan insertarse en un mercado libre y ser económicamente activos sin la necesidad de la eterna dádiva del Estado, que lo neutraliza de por vida y lo convierte en una persona improductiva.

El Estado debe fomentar políticas que tiendan a promover el capital humano, entendido como aquel conjunto de redes y normas de reciprocidad asociadas a ellas, que crean valor, tanto individual como colectivo y que según el Dr. Robert D. Putnam, catedrático de la Universidad de Harvard, refuerza la democracia y la economía de un país, basada por supuesto, en los pilares de libertad económica y sobre todo, de la seguridad jurídica, lo que aumentará su confianza en ella misma y el grado de concienciación fiscal colectiva.

ABOGADO TRIBUTARISTA