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28 de Feb de 2020

Economía

Lo que falló en el sector público agropecuario

El IMA debe volver a fortalecer la capacidad de negociación de los productores

O se fortalece el sector agropecuario con los fondos necesarios para sacar la agricultura panameña del estancamiento o se refuerza la burocracia administrativa de este sector primario. Estos son los temas que deben atender quienes hacen las políticas públicas.

En las postrimerías del gobierno de Guillermo Endara, el Dr. César Pereira Burgos era el ministro del MIDA y en ese entonces las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) recomendaban a Panamá que era necesario e imperativo el adelgazamiento del sector público, en general y el sector público agropecuario, en particular.

Durante esa época el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había dejado de financiar a las empresas del sector agropecuario, tales como el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y otras entidades y empresas del Estado, que por muchos años recibieron crédito directamente.

Enmarcadas en la política de reducción del sector público, las IFIs habían sentenciado al BDA y al IMA, y se comentaba que ambas empresas deberían de cerrarse.

Durante 1989 a 1994, el BDA funcionó con una cartera de préstamos que generó los recursos suficientes que cubrían sus principales gastos financieros y operativos, a pesar de que el Banco Nacional de Panamá nunca pagó intereses por los fondos del BDA allí depositados. Los recursos provenientes del FECI ayudaron mucho al Banco en esos años.

Consecuente con la política de reducción de la planilla estatal, sobre todo en el sector agropecuario, el BID aprobó un préstamo al país para cambios importantes en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Este programa consistía en que cada técnico tendría que asesorar un grupo de productores en una determinada área durante un periodo cinco años, y en este proceso, su salario sería cubierto por el Estado en el primer año y en los años posteriores, sería pagado por los productores que recibían esta asistencia técnica, de acuerdo con la productividad de cada agricultor.

Este programa no prosperó y, en el siguiente periodo, de 1994 al 1999, el sector público agropecuario quedó casi sin modificación, con un ligero fortalecimiento.

En este período, el IMA dejó su papel de comercializador debido a las grandes pérdidas acumuladas que traía desde años anteriores. Las inmensas y costosas instalaciones quedaron con muy poco mantenimiento, y la idea del gobierno era su total privatización.

El rol del IMA cambió y se crearon servicios de agronegocios muy importantes para los productores, entre ellos el Sistema de Información de Precios para Agronegocios, investigación de mercados nacional e internacional, asesorías en postcosecha, etc. Estas nuevas funciones del IMA fortalecían la capacidad de negociación de los agroexportadores y productores nacionales. Esto es realmente lo que debe hacer el IMA, no participar activamente como un ente comercializador más.

Prácticamente, desde 1989 al 2009, todos los gobiernos intentaron reducir el tamaño del sector público, sin éxito.

ECONOMISTA Y EMPRESARIO