26 de Feb de 2020

Economía

Panamá prepara nueva ley contra el blanqueo de capitales

Panamá tiene que actualizar sus leyes contra el lavado de dinero y narcotráfico como parte de los ajustes para salir de la lista gris

Panamá prepara nueva ley contra el blanqueo de capitales
Se creará una autoridad que vigile las actividades financieras sospechosas de utilizar recursos ilícitos.

Panamá tiene que actualizar sus leyes contra el lavado de dinero y narcotráfico como parte de los ajustes para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que está incluida desde junio de este año.

Un punto de partida para esta labor es el borrador de la que sería la nueva ley contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, que vendría a actualizar la Ley 42 del 2000.

El documento, preparado por Fernando Rosado, consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de la asistencia técnica del organismo, fue entregado al gobierno el 16 de junio de este mismo año y del cual tuvo conocimiento la Agencia de Noticias Panamá.

Este borrador aún es preliminar, necesita muchos ajustes y debe ser ‘panameñizado’; además, el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, ha señalado anteriormente que todas las decisiones serán consultadas con los sectores involucrados, incluyendo el gobierno y el sector privado.

ENFOQUE

Entre los aspectos relevantes de la propuesta está reformar la figura institucional de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales (CPAN) y la convertiría en la Autoridad Nacional para la prevención y control de Actividades Financieras con recursos ilícitos (ANAF), la cual estaría sujeta a la política y orientación del Órgano Ejecutivo. También se sacará a la unidad de Análisis Financiero del paraguas de la Presidencia y se convertirá en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La composición de la ANAF tendría a todas las instancias nacionales relevantes, y sus funciones primordiales serían la dirección, impulso y coordinación de todas las autoridades competentes en la materia, al tiempo que permite la elaboración del necesario instrumento de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).