Tributaristas sacan artículo conflictivo

La derogación del artículo 19, cuyo texto le atribuye facultades interpretativas de la Ley a funcionarios o entidades administrativas, es otra de las peticiones del Instituto Panameño de Tributaristas (INSPAT) y acogida por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El presidente del INSPAT, Milton Chambonett, dijo que producto de la carta que enviaron a la comisión, se incluirán seis artículos más en el proyecto de ley que crea la Dirección General de Ingresos (DGI), incluyendo la derogación en mención.

Pese a que el INSPAT sólo tiene conocimiento de la acogida de la derogación del artículo 19 y la eliminación de los gestores de cobros, espera que otras de sus sugerencias, como el silencio administrativo, sea tomado en cuenta.

Chambonett advirtió que la mora que existe en esta institución en todos los procedimientos que allí se realizan es muy grande; hay miles de declaraciones de renta rectificativas que no se han aplicado y cientos de devoluciones de impuestos que no se han finalizado, lo que produce ‘un gran tranque tributario’.

‘Nosotros estamos proponiendo el silencio administrativo positivo para los contribuyentes que presenten alguna solicitud, si no se resuelve en un término de seis meses’, explicó Chambonett.

Sobre la discusión legislativa del proyecto de ley y el fallo preliminar de la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad de la actual Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Chambonett recalcó que, en el ínterin, no se producirá un vacío legal en la recaudación de impuestos.

‘No quedaremos en un limbo jurídico porque al derogar la ley que crea la ANIP, automáticamente revive la DGI. La DGI regresa por un tema natural, aunque pudiera quedar en el limbo el periodo actuado por la ANIP’, precisó.

La Comisión de Economía y Finanzas prepara un texto único con las recomendaciones acogidas para enriquecer el proyecto de ley 16 de la DGI y que será discutido cuando se reanude el receso otorgado a los diputados el lunes. Solo dos de los nueve diputados de la comisión que debate el proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, son panameñistas.