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31 de Oct de 2020

Economía

"Hay que investigar el destino final de las comisiones"

Un grupo de abogados recomiendan abrir una investigación de oficio para conocer el nombre de los beneficiarios finales de CISA

El Ministerio Público (MP) debe investigar el destino final de las comisiones pagadas a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que gestionó los cobros morosos del Estado entre 2010 y 2014.

¿Quién o quiénes son los accionistas de la empresa? ¿Recibieron dividendos? ¿Declararon el recibo de estos dineros en sus declaraciones de impuestos?

Estas son algunas de las preguntas formuladas por un grupo de juristas entrevistados por La Estrella de Panamá , quienes consideran que es ‘imperante' abrir una investigación de oficio que determine quiénes fueron los beneficiados con este negocio.

Gracias a su contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas y tramitado por la Dirección General de Ingresos, en el año 2010, Cobranzas del Istmo recibió comisiones por $47.1 millones por gestionar los cobros de una cartera morosa de $172.9 millones.

El contrato fue rescindido durante esta administración, que lo consideró ‘inconstitucional'.

Documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá revelan que, solo con Tocumen, S.A., cuyas acciones son 100% estatales, la empresa ganó comisiones por $21 millones.

‘Se trataba de cobros muy simples y no había razón de asignársele a un grupo de auditores privados', señaló el abogado tributarista José Javier Rivera.

Más grave aún, muchas de las cuentas cobradas a Tocumen, S.A., no cumplían con los 30 meses de morosidad que, según el contrato, debían tener para recibir las comisiones del 30%, que la empresa facturó.

‘El Ministerio Público debe investigar de oficio quiénes fueron los beneficiarios finales de las comisiones y si el exdirector de ingresos (Luis Cucalón) estuvo entre ellos', señaló el abogado Carlos Ernesto González de La Lastra Ramírez.

Por su parte, Rivera considera que esta investigación debe develar si la empresa ha reportado el pago de su comisiones y pagado los impuestos correspondientes.

‘No entiendo por qué hasta ahora no se ha investigado quiénes son los beneficarios de estas comisiones', señaló el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez.

Álvarez señaló que se debe investigar ‘a dónde fue a parar hasta el último centavo de balboa que se pagó en comisiones' a Cobranzas del Istmo.

Por su parte, el abogado Carlos Herrera Morán señaló que se deben buscar ‘verdaderos responsables de este negociado'.

‘Ese dinero que se pagó en comisiones debió ir a las arcas del Estado, pero fue a parar a los bolsillos de cuatro bellacos y para eso se prestó (Alberto) Vallarino y (Luis) Cucalón', agregó Herrera Morán.

LAS CARAS OCULTAS

¿Quiénes son los destinatarios finales de las comisiones que ganó Cobranzas del Istmo, S.A.? La respuesta se esconde detrás de un entramado de sociedades anónimas y de recovecos legales.

Cobranzas del Istmo, creada en 2003, funcionaba con una estructura de sociedad anónima que permite emitir acciones al portador.

Por ahora, los nombres visibles son solo dos. Ambos, de apellido Salerno.

Cristóbal Salerno, quien fungió como presidente de la empresa, renunció a este cargo en mayo de 2006, dejando la empresa a nombre de Alessandra Salerno Gómez.

La fecha coincide con la apertura de un caso en contra del empresario por supuesta posesión ilícita de armas, municiones y explosivos, encontrados en un local de su propiedad.

Salerno estuvo prófugo de la justicia por tres meses e incluso la Interpol llegó a emitir una alerta internacional de captura.

Posteriormente, fue sobreseído por el juez Primero Penal de Circuito Rolando Quezada Vallespi, tras demostrarse, dijo el juez, de manera ‘inequívoca', que las armas habían sido colocadas en el local desde 1995.

A Salerno también se le vinculó con la campaña electoral de Ernesto Pérez Balladares, quien posteriormente lo nombró como directivo de la Caja de Ahorros. En 2004, apoyó la campaña de José Miguel Alemán.

Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, señaló que se desconocen los nombres de los accionistas de la empresa.

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José Alberto Álvarez,

‘ Lo que hay que hacer es mandarle una carta a los bancos para investigar el movimiento de las cuentas de CISA',

Presidente del Colegio Nacional de Abogados