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- 27/04/2015 02:00
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La nueva legislación no es garantía suficiente para creer que Panamá solucionó todos sus problemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Así lo dio a conocer René Mauricio Castro Vaca, vicepresidente y socio de RICS Management, firma líder en consultoría en Latinoamérica en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, haciendo referencia a la reciente aprobación de la Asamblea Nacional del proyecto de ley 167.
‘Ahora viene lo más importante, que es la reglamentación de esta nueva ley, y ahí debe existir la voluntad política y el compromiso del gobierno para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en forma eficiente', enfatizó.
Para Castro, también se necesita el compromiso de los nuevos sectores económicos obligados, pero no solo porque la normativa internacional lo impone, sino porque son conscientes del daño que el lavado de activos y la financiación del terrorismo ocasionan a las instituciones, al sistema económico y a la reputación como país.
‘Al aprobarse la ley, Panamá queda al mismo nivel de los países industrializados en la prevención, detección e investigación del lavado de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, por ahora, este nivel lo alcanza sólo en el papel; en la norma, ahora se necesita que las instituciones, el gobierno, el sistema financiero, el sector real de la economía, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, se comprometan con el tema, pero de forma activa', resaltó.