La peligrosa gestión de Obama en inmigración

Al oponerse a las medidas ejecutivas del presidente Obama relativas a la inmigración, los críticos de derecha no comprenden la cuestión.

Los argumentos que presentaron ante la Corte Suprema los conservadores que se oponen a los esfuerzos del gobierno para diferir temporalmente las deportaciones y conceder permisos de trabajo a dos grupos de inmigrantes indocumentados —jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de niños por sus padres, y padres de niños nacidos en Estados Unidos— no fueron ni fuertes ni persuasivos.

En resumen, los republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirman que Obama está creando la ley en lugar de ejecutarla. Por ser ex procurador del Estado, Abbott debería saber esto. La facultad discrecional para procesar es algo real, y los agentes de seguridad priorizan a quién perseguir y en qué orden. El hecho de que un policía use su discreción para hacerle a uno una advertencia en lugar de darle una boleta por una infracción no significa que ese oficial esté redactando de nuevo el código vehicular.

Además, la discreción es un arma de dos filos. Según lo que me informaron abogados de inmigración, el gobierno en este momento está colocando a refugiados de América Central —en su mayor parte mujeres y niños— al frente de la cola de deportaciones, antes que delincuentes empedernidos.

¿Los conservadores también tienen un problema con eso? Si es así, están muy silenciosos al respecto. A los opositores también temen que, si la Casa Blanca permite que inmigrantes ilegales se queden de este lado de la frontera, estados como Texas —que lidera una coalición de más de 20 estados en oposición al gobierno— tengan que proporcionar a los indocumentados licencias de conducir y otros beneficios. Así pues, afirman, es un mandato no financiado.

Eso sí que es dar vueltas. Nadie obliga a un estado como Texas a proporcionar licencias de conducir, al menos sin otra pelea judicial o sin someterlo a votación del estado. Los derechos de los estados aun existen. Obama ni siquiera emitió órdenes ejecutivas, que tendrían la fuerza de una ley. Simplemente tomó medidas ejecutivas, que equivalen a implementar cambios menores de política en el Departamento de Seguridad del Territorio, sobre los que un futuro presidente podría fácilmente dar marcha atrás.

Entonces, ¿qué es todo esto? Tengo una teoría: los críticos republicanos de las medidas ejecutivas de Obama —mejor conocidas como Acción Diferida para los que Llegaron de Niños (DACA, por sus siglas en inglés) y Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés)— tienen miedo en realidad de pagar un precio en los comicios por su tolerancia de demagogos como Donald Trump. Piensan que la mejor manera de evitar rendir cuentas es combatir todo intento de que los inmigrantes permanezcan en el país.

Pero el hecho de que los conservadores estén fuera de la base en sus argumentos contra las medidas ejecutivas de Obama sobre la inmigración no significa que esas medidas sean un jonrón. Son más bien como un foul .

Aunque en un momento las apoyé, después me di cuenta de que estas medidas ejecutivas representan un importante paso atrás para los que queremos un arreglo permanente de un sistema migratorio fallido. Son puras migas que los reformistas de la inmigración —por hambre y desesperación— gustan imaginar como un bistec.

Recordemos que esas medidas ejecutivas nacieron de la deshonestidad, el cinismo y la conveniencia. Obama pasó los tres primeros años de su presidencia negando repetidamente tener el poder ejecutivo que finalmente ejerció.

De hecho, a menudo reaccionó contra activistas de la inmigración, diciéndoles que él ‘no [era] rey' y que por lo tanto debía trabajar con el Congreso. En junio de 2012, dio una media vuelta y, solo, en vistas a su reelección, intentó reavivar el apoyo latino, que se había debilitado por su promesa quebrada de arreglar el sistema migratorio y por el número récord de deportaciones. Eso sugiere que Obama lanzó esos cambios no porque quiso hacerlo, sino porque tuvo que hacerlo, lo que a menudo lleva a una mala política.

Y mientras la acción diferida es temporaria —dos o tres años con la posibilidad de reanudación— lo que es permanente es el peligro al que se someten los solicitantes para recibirla.

Los funcionarios de inmigración tienen en archivo el nombre, huellas dactilares y domicilio de los individuos, donde pueden hallar a los solicitantes y a los miembros de su familia, algunos de los cuales pueden ser también indocumentados y sujetos a deportación.

Se trata de una Curita en una herida en el pecho. Y no es solo deficiente, es peligrosa.

A veces se les pregunta a los posibles candidatos a la presidencia si planean preservar las medidas ejecutivas de Obama en inmigración. Es la pregunta equivocada. Debemos preguntar a los candidatos cuán pronto las revocarán y con qué piensan reemplazarlas.

ANALISTA DE THE WASHINGTON POST

==========

Según abogados de inmigración, el gobierno coloca a refugiados de América Central al frente de la cola de deportaciones, antes que delincuentes.

==========

Inmigración tiene en archivo el nombre, huellas dactilares y domicilio de solicitantes y miembros de su familia que pueden ser sujetos a deportación.