Rechazo de licitación y denuncia de soborno marcan la agenda ante la crisis de basura en San Miguelito

La crisis en el manejo de residuos en el distrito de San Miguelito volvió al centro del debate público, luego de que la Comisión Evaluadora rechazara la única propuesta presentada para concesionar el servicio de gestión integral de la basura, al concluir que no cumple con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos. La Comisión Evaluadora resolvió no recomedar la adjudicacción del contrato al Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, cuya propuesta contemplaba un monto de 264 millones de dólares por un período de 15 años, al concluir que no cumple con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos, conforme a la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas y sus reformas.

El informe señala que las deficiencias detectadas afectan requisitos esenciales del proceso, lo que impidió avanzar a la etapa de evaluación técnica y económica, dejando el acto público sin propuestas elegibles, pese a que el precio de referencia ascendía a $315,217,728.00.

En paralelo la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó, con siete votos a favor, citar al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, para que explique el plan de gestión de residuos que se ejecuta a nivel nacional, ante reiteradas denuncias por acumulación de basura, riesgos sanitarios y deficiencias operativas.

Durante el debate legislativo, el diputado Betserai Richards, representante de Panamá Este, denunció el traslado de camiones recolectores que antes operaban en su circuito hacia otras regiones del país, lo que, según dijo, ha generado una acumulación de desechos en comunidades que abarcan siete corregimientos. Richards afirmó haber recibido reportes y material audiovisual que evidencian residuos acumulados dentro de viviendas por más de 15 días, generando condiciones insalubres. “El tema de la recolección de basura en todo el país nos demuestra que estamos ante una crisis. Esto no es humano para personas que pagan impuestos y merecen un servicio digno”, sostuvo. Las preocupaciones también se centraron en los impactos sanitarios y ambientales. La diputada Yarelis Rodríguez advirtió que los vertederos improvisados, conocidos como “pataconcitos”, se han convertido en focos de enfermedades respiratorias, afecciones cutáneas, proliferación de dengue y contaminación ambiental, especialmente en distritos densamente poblados como San Miguelito. Insistió en la necesidad de conocer si existe una estrategia integral que contemple economía circular, segregación de desechos, disposición final adecuada y educación ciudadana.

A este madeja, se sumó la denuncia del representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, quién denunció el pasado martes 20 de enero, un presunto intento de soborno por parte de supuestos intermediarios vinculados a la empresa Revisalud, durante una sesión del Consejo Municipal de San Miguelito.

Durante su intervención en el pleno, Valverde, miembro de la coalición independiente Vamos, aseguró que tres personas desconocidas se presentaron en su junta comunal con la intención de ofrecerle 100 mil dólares a cambio de respaldar la gestión de la empresa encargada del servicio de recolección de basura en el distrito.

Según relató, del monto total ofrecido, 20 mil dólares estarían destinados a los intermediarios y 80 mil dólares serían para él como funcionario electo. “Que lo sepa el país: lobistas me fueron a proponer 100 mil dólares para apoyar a la empresa Revisalud”, expresó durante la sesión. Valverde afirmó que rechazó de inmediato la propuesta y que, tras dejar claro que no participaría en ese tipo de prácticas, no volvió a recibir contacto alguno por parte de estas personas.

La Procuraduría General de la Nación informó que comenzó de oficio una investigación luego de los señalamientos realizados por el representante Valverde, durante una sesión del Consejo Municipal de San Miguelito.

A través de un comunicado, la Procuraduría explicó que la decisión se adopta en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, con el objetivo de recabar la información necesaria, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales.

La Procuraduría señaló que ya se han activado los mecanismos correspondientes para el desarrollo de la investigación, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Asimismo, la entidad reiteró que su actuación se fundamenta en los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, y que responde a su compromiso permanente de combatir cualquier manifestación de corrupción que atente contra la ética pública y la confianza ciudadana.