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31 de Oct de 2020

Economía

MEF cuestiona el pago de los ‘décimos' atrasados

El equipo solicitará el veto presidencial del proyecto de ley 92 que fue aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate

Los jubilados que reclaman la compensación de las partidas de los décimo tercer mes dejados de devengar durante la dictadura (1972 a 1983) tendrán que seguir esperando.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa solicitar al presidente de la República, Juan Carlos Varela, el veto del proyecto de ley 92, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional este martes.

‘ESTAMOS CANSADOS DE ESPERAR POR ESOS PAGOS Y TENEMOS LAS FUERZAS PARA EXIGIR QUE SE NOS CANCELE ESA DEUDA',

HÉCTOR ÁVILA

COORDINADORA FECHA

Una fuente del legislativo informó que ayer hubo varias reuniones sobre el tema.

El proyecto de ley ordena al Gobierno el pago de las partidas que van desde 1972 hasta 1983 y que fueron retenidas tanto a los servidores públicos como a los trabajadores del sector privado.

De acuerdo a los cálculos del MEF, los pagos de esos ‘décimos' atrasados representan para el Estado unos $200 millones, monto que no está contemplado en el presupuesto de 2017.

Incluso, en el equipo económico del gobierno hay quienes consideran que el proyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad e inexequibilidad.

En las reuniones de ayer, se evaluó el artículo 163 de la Constitución, numeral 8, el cual prohíbe a la Asamblea Nacional ‘ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo'. El mismo artículo, en el numeral 3, dispone que la

‘EL PROYECTO DE LEY BUSCA HACERLE JUSTICIA SOCIAL A LOS JUBILADOS QUE SE BENEFICIARÁN CON EL PAGO',

GABRIEL SOTO

DIPUTADO POR EL PARTIDO PANAMEÑISTA

Asamblea tiene prohibido ‘reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes, así como votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones no decretadas en leyes preexistentes'.

La evaluación del Ejecutivo se hizo un día después de la aprobación del proyecto de ley, que fue presentado por los diputados de la Comisión de Trabajo y Salud en octubre de 2014, que en ese momento era presidida por el perredista Crispiano Adames.

La norma ‘declara como derecho adquirido el cobro de la segunda partida del décimo tercer mes, retenidas durante los años de 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este período, por lo que se ordena a la Caja de Seguro Social que realice el pago correspondiente. Las sumas que pague la Caja de Seguro Social en cumplimiento de la presente Ley no reconocerá intereses', señala el artículo 1 del documento.

El artículo 4 del proyecto de ley establece: ‘La Caja de Seguro Social incluirá en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018-2019 las sumas correspondientes para el pago de los derechos reconocidos...'.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Salud, el panameñista Gabriel Soto, manifestó que se trata de justicia social para 180 mil jubilados.

$200

millones estima el MEF el monto de los pagos de esos ‘décimos' atrasados.

Héctor Ávila, de la coordinadora Fecha, que reclama el pago de las partidas adeudadas, dijo que espera que el presidente Varela sancione el proyecto de ley, que tiene carácter social y, por ende, es de carácter retroactivo.

Ávila dijo estar consciente de que las autoridades del MEF se oponen al proyecto de ley, pero es el ‘presidente Varela el que tiene la última palabra'.

‘Nosotros prestamos esos fondos para cubrir un faltante a las pensiones en esa época y para pagar las jubilaciones especiales, ahora que nos lo devuelvan', reclamó Ávila.

El dirigente dijo que los jubilados le enseñarán a las autoridades una fórmula para lograr los fondos.

Los jubilados han reclamado el pago de esos ‘décimos' con marchas y protestas en la Asamblea Nacional.

Mediante el mandato de la Ley 17 de 1983, las sumas correspondientes a la segunda partida del ‘décimo' tercer mes fueron destinadas al Banco Hipotecario Nacional para un programa de vivienda obrero campesina y luego, transferidas a la CSS, las cuales fueron destinadas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.