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11 de Jul de 2020

Economía

Tierras de Barú, disputadas por varios grupos económicos

El contrato ley por 40 años será firmado mañana por el presidente, Juan Carlos Varela, en Puerto Armuelles.

Tierras de Barú, disputadas por varios grupos económicos
En 2003, la empresa transnacional Chiquita cesó sus operaciones y gran parte de las tierras que utilizaba están ociosas.

Mañana jueves, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, firmará el contrato ley con Banapiña Panamá —filial de la multinacional Del Monte— para reactivar las tierras bananeras en Barú, provincia de Chiriquí, en medio del descontento de un grupo de dueños de las tierras que serán usadas para el proyecto, que contempla una inversión de $100 millones.

De los 1,770 extrabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (Coosemupar), cuyo terreno será utilizado para el proyecto, 790 se oponen ahora al alquiler de la tierra porque no están de acuerdo con el monto de arrendamiento ni la vigencia del contrato.

Isaías Bonilla, representante de Asociación de Productores Agrícolas Rodolfo Aguilar Delgado (Aparad), manifestó que cuando en la Asamblea Nacional se discutió el proyecto de ley, cerca de 790 extrabajadores estaban dispuestos a alquilar o vender sus tierras, porque, según dice, ‘se nos vendió la idea de que serían pagaderos a veinte años'. No obstante, ‘ahora que conocemos el contrato ley la realidad es que el Gobierno comprometió los terrenos de todos los extrabajadores y no todos estábamos de acuerdo', añadió.

‘Ahora que conocemos el contrato la realidad es que el Gobierno comprometió los terrenos de todos los extrabajadores y no todos estábamos de acuerdo',

ISAÍAS BONILLA

PRODUCTOR BARUENSE

Bonilla explicó que después de analizar el documento se percataron de que solo recibirán un pago único de $7,500 por el alquiler de las tierras en un periodo de veinte años, prorrogables a otros veinte años más; es decir, que serán cuarenta años, lo que es considerado por el productor como ‘no rentable para nadie'.

Los extrabajadores de Coosemupar recibirán por el alquiler de una hectárea de terreno $187.50 al año. El contrato ley contempla la contratación estimada de 3,100 personas y generará otros 12 mil empleos indirectos.

ANTECEDENTES

Cuando estaba activa, Coosemupar contaba con 5,600 hectáreas que pasaron al Estado, mediante la Ley 88 del 4 de diciembre de 2012.

Luego el Estado le cedió a 2,478 trabajadores una hectárea de terreno, quienes se agruparon en individual y colectivamente. Las 3,124 hectáreas restantes iban a ser subastadas, aunque eran ocupadas por invasores.

Antes del inicio del milenio, el banano panameño era considerado el ‘oro verde', debido a su pujante producción, situación que menguó con la salida de la Chiriquí Land Company.

OTRAS COOPERATIVAS

Los 790 extrabajadores de Coosemupar no son los únicos que se oponen. Las cooperativas Rodolfo Aguilar Delgado, Servicios Múltiples Unión de Productores Agropecuarios y Artesanos y la Asociación de Productores de Barú se oponen al contrato ley, sin embargo, estas agrupaciones ocupan tierras desde 1997 sin título de propiedad y tienen 18 meses para desalojar los terrenos, luego que el Gobierno y la empresa firmen el contrato.

Los productores aglutinados en estas cooperativas ocupan cerca de 3,000 hectáreas, que han solicitado comprarlas desde la administración de la presidenta Mireya Moscoso. Los productores han hecho estudios económicos para la producción de palma aceitera.

Los productores considerados por el Gobierno como invasores también forman parte de la Alianza Estratégica Nacional —que reúne a movimientos campesinos, sindicales y ambientales de gran parte del territorio nacional— y son representados por Ada Pinzón, quien sostuvo que tomarán ‘acciones legales' porque es su derecho como productores nacionales a los que se les han violentado derechos. ‘Seguimos en manifestaciones y uniendo más amigos a la lucha', aseveró Pinzón.

La dirigente aclaró que ya han abierto un frente de lucha nacional ‘y vamos internacionalmente a hacernos sentir. Jamás un Gobierno puede pasar por encima de su pueblo'. ‘Este contrato es lesivo al pueblo baruense y nosotros los productores defenderemos el derecho a la soberanía alimentaria', acotó.

‘Actualmente estudiamos con nuestro abogado los pasos a seguir, pero la demanda será presentada en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pues se nos ha violentado nuestros derechos', subrayó Pinzón.

Por su parte, Marvin Wilcox, agricultor de Puerto Armuelles, relató que durante veinte años ha desarrollado cultivos como yuca, plátano, palma aceitera y crías de cerdos y ganado con sus propios esfuerzos.

Tanto Pinzón como Wilcox citan artículos constitucionales para sustentar sus reclamos. Mencionan el artículo 122 de la Constitución Política que expresa ‘que el Estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su distribución racional y su adecuada conservación...'.

También acuden al artículo 126, que obliga al Estado a ‘dotar a los campesinos de las tierras de labor necesarias...'.

Así mismo, señalaron que los artículos 157 y 158 del Código Agrario plantean la posibilidad de la prescripción adquisitiva de dominio agrario, por el hecho de haber ocupado y trabajado las tierras que quedaron ociosas por más de quince años.

ESPERAN ADJUDICACIÓN

Un tercer grupo interesado en los terrenos que utilizará la empresa Banapiña en Barú es el de los extrabajadores de Coosemupar, que ahora, forman la Asociación de Productores e Industriales de Barú (Asprobaru) y exige que se les entregue una hectárea de esas tierras, pues al momento de la distribución no fueron considerados por ANATI.

Johnny Martínez Villamonte, miembro activo de la Asprobaru, indicó que están a la espera de una reunión con el diputado del área, Carlos Motta, para empezar una negociación.

‘Estamos de acuerdo a la inversión que se vaya a hacer en el área, siempre y cuando se tome en consideración nuestras aspiraciones de que nos adjudiquen una hectárea por socio', manifestó el extrabajador, quien al momento del censo de ANATI se encontraba bajo licencia sin sueldo en la Coosemupar.

Martínez fue enfático al indicar que si no logran una negociación antes de que Banapiña empiece a desarrollar su producción, se verán obligados a realizar manifestaciones públicas y presentar demandas legales.