09 de Dic de 2022

Economía

Meilán denuncia a PPC por ‘bien oculto'

Meilán advirtió que desde 1997 a la fecha, PPC sólo ha pagado al Estado dividendos por $1 millón habiendo transcurrido 20 años del contrato.

El abogado, Pedro Meilán, presentó una denuncia de bien oculto contra la transnacional portuaria Panamá Ports Company (PPC), parte del Grupo Hutchinson Port Holding Limited, con el propósito de ‘recuperar dineros del Tesoro Nacional por falta de pago de dividendos desde que operan los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico)'.

El Estado panameño es propietario del 10% de las acciones de PPC, que desde 1997 tiene una concesión a 25 años renovable, para administrar y operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Meilán advirtió que desde 1997 a la fecha, PPC sólo ha pagado al Estado dividendos por $1 millón habiendo transcurrido 20 años del contrato.

Para Meilán ‘hay falta de transparencia' en el manejo de PPC con el Estado panameño, porque la casa matriz en Hong Kong, recibe dineros de la operación de ambos puertos, lo que genera sospechas y obliga a que se investigue si no se trata de un operación para desviar fondos afectando los dividendos de Panamá.

Meilán precisó que, en sus informes financieros, la portuaria ‘muestra que tiene ganancias no distribuidas por $725 millones y no hay claridad sobre lo que espera hacer la empresa con estas ganancias'.

‘Esta empresa no completó, a tiempo, una inversión de $500 millones, a la que se comprometió en sus primeros tres años, luego de firmar una adenda al contrato de concesión', precisó.

Según Meilán, ‘el casi inexistente pago de dividendos por PPC al Estado, a pesar de los más de $3,070 millones en ingresos que ha obtenido en su operación, sugiere una posible ocultación de ganancias y dividendos que debieron ser pagados el Estado'.

El abogado solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, que se practiquen las pruebas y se inicien acciones legales para la recuperación de los ingresos no recibidos por el Estado.

Meilán anunció que renuncia al 30% que reconoce el Estado, al denunciante, si se recuperan los dineros no pagados a el Estado.