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05 de Dec de 2020

Economía

Gobierno paga $1.3 millones a arrendadores de tierras en Barú

Este es el primer pago que hace el Gobierno en concepto de arrendamiento para que la empresa Banapiña, S.A. pueda iniciar operaciones en la zona bananera baruense

Este viernes, 24 de noviembre, el Gobierno de la República de Panamá informó que realizó el primer pago de $1.3 millones a 160 propietarios de terrenos en la zona bananera de Barú en la provincia de Chiriquí.

Se trata del primer pago que hace el Gobierno en concepto de arrendamiento para que la empresa Banapiña, S.A. pueda iniciar operaciones en la zona bananera baruense, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

Señaló que con este paso, el Gobierno dirigido por el presidente Juan Carlos Varela cumple con los baruenses y con el proceso establecido en el contrato entre el Estado y la empresa Banapiña, S.A.

En total 1,592 propietarios recibirán $12 millones en concepto de 1,632 fincas, las cuales serán arrendadas por el Estado y subarrendadas a la empresa de producción de banano Banapiña, S.A., indicó la fuente.

Javier Marquinez, representante del Ministerio de la Presidencia explicó que “los pagos continuarán durante el mes de diciembre hasta concluir con todos los propietarios de los terrenos, luego de esta fase la empresa Banapiña, S.A. podrá iniciar operaciones”.

En mayo de 2017 el Presidente Varela sancionó el contrato-ley por más de $100 millones de con la empresa Banapiña, subsidiaria de la trasnacional Del Monte.

El proyecto de ley 488, aprueba el Contrato 36-2007, suscrito entre el Estado y la empresa Banapiña de Panamá, S.A.

Esta inversión generará más de 3,100 empleos directos y 12 mil indirectos con impacto los distritos de Barú y Alanje, en Chiriquí, y Chiriquí Grande, en Bocas del Toro.

Una vez se ponga en marcha la operación habrá una producción de 900 hectáreas por año con una productividad anual de promedio de 2,275 cajas de banano por hectáreas.

La producción bananera en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro se reactivará oficialmente a partir del año 2018, según estimaciones de fuentes del Gobierno.