Cuello de botella en proceso energético

El año 1997 fue decisivo para el mercado energético panameño. El Estado abrió a actores privados dos de los tres procesos involucrados en la electricidad: la generación y la distribución.

La transmisión, en cambio, quedó en manos del Estado a través de la figura de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), que junto con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y la Secretaría de Energía, trazan las políticas, definen los precios y regulan las inversiones en el sector.

La transmisión es la fase intermedia del proceso, lo que garantiza que, en efecto, llegue la electricidad desde la planta a la distribuidora. Pero para que el sistema funcione, el crecimiento debe ir al mismo ritmo en los tres procesos. De lo contrario, se formaría un cuello de botella, que es justo lo que dio cuerda al problema que enfrenta la población ahora: el aumento de la tarifa de la energía eléctrica.

Los consumidores asumirán la falta de ejecución —o más bien, la lenta ejecución— de una tercera línea de transmisión, pero paralelamente Etesa siguió aprobando nuevos contratos de energía que aumentaron la oferta sin estar lista para transmitirla.

Aunque la reacción del presidente Juan Carlos Varela haya sido la de desviar la atención hacia los precios internacionales del petróleo, lo cierto es que la matriz energética de Panamá es considerablemente diversa, con mayor peso en las hidroeléctricas, lo que, además, es la generación que mayor rentabilidad representa.

Sin embargo, fuentes cercanas a Etesa señalan que el ajuste de la tarifa eléctrica es la plataforma para privatizar la entidad y privilegiar al grupo económico AES, que hoy día cuenta con el 25% de la generación hídrica, con Chan I en Bocas del Toro, y que avanza con la construcción de la planta de gas natural en Colón.

PRIVATIZACIÓN

La diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático, criticó en sus redes sociales el proyecto de ley 573, que pretende reorganizar Etesa y fortalecer el sector energético.

Según Rodríguez, ‘lo que realmente propicia es el monopolio disfrazado de un grupo económico, mediante la privatización de Etesa y aumentando el costo de la tarifa eléctrica'.

La diputada enumeró los ‘goles legislativos del anteproyecto 573'. El artículo 14 crea la figura del interventor, que podrá intervenir una empresa en quiebra y venderla al precio que considere, mermando el mercado y garantizando menos competencia de empresas y, por ende, energía más cara para todos.

Rodríguez explica que en el artículo 16 aparece la figura del agente comercializador, donde se crea una estructura que implica la privatización de Etesa, se le quita la facultad de llevar a cabo las licitaciones de compra y venta de potencia de energía. Además, cuestionó quién pagaría esta estructura, la logística y los costos de operación, lo que conllevaría un incremento de la tarifa eléctrica y eliminaría la competencia decidiendo qué empresa entra a participar.

Según Rodríguez, la exposición de motivos se contradice con el artículo 18, pues promueve la producción de energía limpia, pero este artículo exonera de impuestos, tasas y cualquier otro gravamen a todo tipo de combustible necesario, que pueden incluir los de naturaleza fósil.

El artículo 19 representa el monopolio del grupo económico AES. La Ley 6 de 1997 no permite que ningún agente de mercado sobrepase el 25% de la demanda eléctrica del país, pero con el anteproyecto se pretende subir la participación de estos agentes al 40% del mercado eléctrico, donde este grupo económico pondría el precio que considera y subiría la tarifa con un servicio ineficiente, porque no habría ninguna entidad estatal fiscalizadora, el servicio sería no confiable, como sucede ahora con los apagones, que dañan los enseres domésticos, apuntó la diputada.

Etesa ha admitido que la gestión es ineficiente, pues tiene que operar una empresa pidiéndole permiso a la Contraloría, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Asamblea para operar. El primer retraso del proyecto se registró en el plan de expansión de 2010.

En tanto, Roberto Meana, director de ASEP, defendió el ajuste tarifario afirmando que ‘siempre se ha dado', y, según él, fue producto de la omisión de la administración del presidente Ricardo Martinelli, a la que culpó del retraso, pues en 2009 recibió el plan de expansión y era su obligación darle seguimiento al director de Etesa para ese entonces, Fernando Marciscano.

CUARTA LÍNEA

En una entrevista en Telemetro Reporta , Meana reconoció que ‘en ese momento (2009)' él participaba en el sector energético desde el sector privado, ‘cuando se hizo un llamado muy tímido, pues las cosas no se estaban haciendo bien'.

‘En el sector eléctrico no se pueden hacer inversiones a la carrera y ya estamos trabajando en la cuarta línea de transmisión', añadió.

Según el regente de ASEP, para corregir el error se hará una licitación donde se trace geográficamente por dónde pasará la línea. En los terrenos comarcales, el espacio se negociará bajo las leyes de la comarca; en los terrenos con derecho posesorio, que son propiedad del Estado, se deberá establecer una servidumbre para la línea de transmisión y, finalmente, los terrenos privados donde las empresas, al no llegar a un acuerdo, deberán buscar las normas que les permite el regulador para establecer los correspondientes precios.

‘Cuando uno contrata a corto plazo, paga más que cuando uno hace una licitación planeada y estratégica y que exista la competencia, porque en la competencia se pueden conseguir precios más eficientes, eso no solo aplica para la consecución de obras, sino para que cuando el país quiera tener mejores costos de energía tengamos una amplia competencia', señaló Meana.

IVÁN BARRÍA SE DEFIENDE

Por su parte, Iván Barría, exdirector de Etesa, expresó a La Estrella de Panamá que se le acusa de retrasar la construcción de la tercera línea de transmisión, pero lo cierto es que él salió hace más de un año de Etesa ‘y me quieren embarrar'.

El exfuncionario dijo que ‘ellos están sobrecargando el costo de la línea'.

‘En ninguna parte del mundo se calculan pérdidas por ineficiencia como inversión, el costo de generación obligada (penalización por falta en capacidad de transmisión) de $130 millones lo deben asumir los accionistas, no los consumidores', puntualizó Barría.

‘El impacto en la tarifa debe ser de solo $0.0043 por kW/h, pero el ajuste es de $0.015 por el retraso de la entrada de la tercera línea de transmisión y cargos propios del periodo', indicó Barría.

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‘El proyecto 573 propicia el monopolio disfrazado de un grupo económico, mediante la privatización',

ZULAY RODRÍGUEZ

DIPUTADA DEL PRD