Rol del Estado frente a la libre competencia

La Constitución Política de Panamá, en su artículo 298 señala que ‘El Estado velará por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que garanticen estos principios'. En efecto, la defensa de la libre competencia y la libre concurrencia constituye no sólo un deber contenido en una norma jurídica superior, de rango constitucional, sino además un principio de orden económico que encuadra el derrotero por el que debe transitar la actuación de los agentes económicos y que, de forma diligente y cuidadosa, ha de ser observada y preservada por el Estado.

En Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) es la institución del Estado que tiene como misión institucional, el promover, propiciar y mantener la existencia de mercados libres, lo que se fundamenta principalmente en la convicción de que la libre competencia contribuye al incremento del bienestar social, razón por la cual se hace necesario defender la libertad de quienes han tomado la decisión de competir y también la de aquellos que no lo han hecho y desean entrar a participar del proceso competitivo.

La libre competencia económica puede entenderse como la rivalidad que debe existir entre las empresas que participan en un determinado mercado con el propósito de ganarse una clientela y captar la mayor cuota o porcentaje del total del mercado en disputa. La competencia efectiva exige a las empresas que participan de un determinado mercado, un comportamiento eficiente, transparente, independiente e individualizado, al momento de decidir sobre variables de competencia (precios, tarifas, entre otros) de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado, como única manera de procurar que los resultados positivos que se obtienen del actuar competitivo, repercutan en beneficio del interés colectivo y del bienestar de la sociedad en su conjunto.

El Estado, al defender y fortalecer la libre competencia y la libre concurrencia, está defendiendo y reforzando los valores de democracia y libertad en el seno de la sociedad; sin perjuicio de los valores éticos que deben orientar el comportamiento de los agentes económicos en el mercado. Las empresas que participan del proceso competitivo, en algunas ocasiones y en ejercicio de esa libertad, podrían encontrar incentivos para eludir el proceso competitivo, utilizando la cooperación y coordinación ilícita entre ellos, para de manera fácil y sin esfuerzos, lograr beneficios o utilidades extraordinarias. Por ende, para que una economía pueda afirmarse ciertamente libre, se exige una regulación, supervisión e intervención de los poderes públicos en el mercado, a efectos de regular y sancionar los comportamientos que distorsionen el proceso competitivo y afecten sus resultados. Esta es la tendencia de la mayoría de los países, es por ello que se invierten cada vez más recursos en instituciones que promueven la libre competencia y la salvaguardan.

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