Demandarán decreto de la Intendencia de Supervisión y Regulación

Actualizado
  • 27/09/2018 02:00
Creado
  • 27/09/2018 02:00
El Colegio de Abogados rechazó el decreto por ‘violar la obligación del secreto profesional entre abogado y cliente'.

El Colegio de Abogados de Panamá demandará la resolución emitida el pasado 20 de septiembre por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros donde se exige a los contadores, notarios y abogados realizar una debida diligencia reforzada o ampliada a cualquier cliente que maneje montos superiores a los $10,000.

La nueva disposición incluye a navieras, armadores y agentes de registro, que deberán pasar por la debida diligencia por parte del abogado o la firma que lo represente en el proceso de registro del buque, especialmente las que tengan su sede en países miembros de la OCDE.

La nueva norma especifica que el control debe aplicarse además a todas las personas políticamente expuestas (PEP) y aquellas provenientes de países de alto riesgo.

El Colegio de Abogados rechazó el decreto por ‘violar la obligación del secreto profesional entre abogado y cliente'.

La medida, que según el gremio obliga a entregar información reservada y personal del cliente a un ente administrativo sin autorización del cliente y sin investigación judicial de por medio, estaría ‘atentando contra la piedra angular sobre la que se sostiene el libre ejercicio de la profesión'.

El gremio insiste en que mucha de la información que solicitan con el nuevo decreto es en parte pública y accesible a través del entre registrador (Registro Público o la Autoridad Marítima de Panamá), y la que no, se puede solicitar de manera específica a través de autoridades competentes.

Alfonso Fraguela, vicepresidente del gremio abogadil, indicó a este medio que preparan la demanda para presentar ante la Corte Suprema la próxima semana.

‘Sentimos que es una camisa de fuerza para los abogados, que agudiza la crisis en el libre ejercicio de la profesión del Derecho. Gradualmente hemos ido perdiendo conquistas profesionales, y entregando los servicios corporativos de Panamá, desnaturalizando la función del abogado, y acorralando el mercado, para que los mismos emigren a otras latitudes', manifestó el letrado.

Fraguela lanzó otro dardo: ‘los recursos que genera el Canal de Panamá no sustituirán ni reemplazarán los ingresos que generó el sistema de sociedades anónimas'.

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