Normalidad en la frontera entre Costa Rica y Panamá tras tres días de bloqueo

La normalidad ha vuelto hoy al Paso Canoas, área limítrofe entre Costa Rica y Panamá que alberga una neurálgica aduana, luego de tres días de bloqueos por parte de manifestantes costarricenses en rechazo de una reforma fiscal en su país.

En un recorrido este sábado, Efe constató el paso normal de camiones de carga y personas por la aduana, de la que salen mercancías con destino a Costa Rica y el resto de Centroamérica, así como la presencia de vendedores ambulantes y comercios abiertos.

Los comentarios en la calle demuestran la preocupación de los lugareños, puesto que los bloqueos han generado pérdidas económicas no solo a las grandes empresas al quedar varados sus camiones en ambos lados de la frontera, sino también a las personas que viven de lo que se vende a diario en Paso Canoas.

"Todo cierre de frontera representa pérdidas millonarias", dijo el viernes a periodistas un funcionario panameño de Aduanas al ser preguntado por el impacto económico de los bloqueos.

Los manifestantes costarricenses habían anunciado que este sábado volverían a manifestarse en el lugar, pero a última hora decidieron postergar las acciones hasta el lunes próximo.

Las protestas de los últimos días han transcurrido sin incidentes graves en la línea fronteriza, bajo la mirada de la Policía costarricense y panameña.

Los manifestantes rechazan la reforma fiscal que promueve el Gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con el objetivo de paliar el creciente déficit fiscal del país, que cerró en 6,2 por ciento en el 2017 y se proyecta en al menos 7,1 por ciento este año.

Este sábado una huelga nacional sindical contra la reforma entró en su día 27, a lo largo de los cuales se han registrado en Costa Rica múltiples manifestaciones de calle, la gran mayoría pacíficas.

El Congreso costarricense aprobó el viernes en la primera de dos votaciones la polémica reforma tributaria, que los sindicatos rechazan con el argumento de que afectará más a las clases bajas y medias, mientas trata con suavidad a los ricos y las empresas.

El Gobierno niega esos extremos y asegura que un 80 por ciento de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 por ciento de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.