Déficit fiscal de Costa Rica llega al 4.5% del PIB

El déficit fiscal de Costa Rica, acumulado durante los primeros nueve meses del año, alcanzó el 4.5% del producto interno bruto (PIB), ante lo que el Gobierno reiteró la urgencia de la reforma tributaria.

La ministra costarricense de Hacienda, Rocío Aguilar, expresó en un comunicado la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria llamada ‘Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas', que se encuentra en estudio en la Sala Constitucional.

‘Frente al panorama que enfrentamos, tengo la confianza en que los diferentes actores que deben participar en lo que sigue del proceso para contar con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tengan clara la trascendencia de aprobar esta reforma y evitar que el país entre de inmediato en una crisis que nos costaría muchos años revertir', dijo Aguilar.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que en los primeros nueve meses de 2018 el déficit fiscal se ubicó en unos 2,588 millones de dólares (4.5% del PIB), cifra superior a la del mismo periodo de 2017, cuando fue del 4% del PIB.

‘Frente al panorama que enfrentamos, tengo la confianza en que los diferentes actores que deben participar en lo que sigue del proceso, tengan clara la trascendencia de aprobar esta reforma',

ROCÍO AGUILAR

MINISTRA DE HACIENDA

Entre esos periodos, los ingresos aumentaron en un 1.1%, al pasar de 5,664 millones de dólares a 5,726 millones de dólares, mientras los gastos se incrementaron un 5.8%, desde los 7,856 millones de dólares a los 8,314 millones.

El Gobierno del presidente Carlos Alvarado considera la reforma fiscal como una prioridad para evitar una crisis.

El pasado 5 de octubre, el Congreso aprobó en primer debate la iniciativa tributaria y envió el texto a consulta de diversas instituciones públicas.

Un grupo de diputados opositores enviaron el pasado viernes el proyecto a consulta a la Sala Constitucional, pues consideran que violenta la justicia tributaria y reduce presupuestos para ámbitos como la niñez y la educación, que están protegidos por la Constitución Política.

Del pronunciamiento de la Sala Constitucional, que tiene 30 días hábiles para dar una resolución, dependerá que los diputados puedan efectuar la segunda y definitiva votación de la reforma fiscal.

Grupos sindicales comenzaron el pasado 10 de septiembre una huelga en rechazo al proyecto, ya que creen que golpeará a las clases medias y bajas y tratará con suavidad a los sectores empresariales y de mayores ingresos.