Icefi: Panamá debe elevar el gasto público en 5.4% para alcanzar ODS

La política fiscal actual de los Estados centroamericanos podría afectar el cumplimiento oportuno y pleno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030, advirtió ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

En el caso puntual de Panamá, el Instituto sostiene que al 2030 el gasto público debería incrementarse en 5.4% en torno al Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio se presentó en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Guatemala.

En el documento, el Icefi sostiene que en la región persiste la visión de minimizar el tamaño del sector público. Por un lado, esta realidad se refleja en el nivel de gasto público, el cual, según los cálculos, hoy se sitúa muy por debajo de lo que se requiere para poder cumplir los ODS.

Según los avances de un estudio que el Instituto planea publicar en abril de 2019, para poder cumplir varios de los ODS considerados como prioritarios, El Salvador, Guatemala y Nicaragua deberían, en 2030, lograr incrementos en su gasto público en torno al 10% del PIB, en tanto que Costa Rica y Honduras deberían incrementar su gasto público en más del 6% del PIB.

ANÁLISIS

El criterio del Icefi para priorizar los ODS fue seleccionar los que tienen como efecto potenciar el cumplimiento de los otros, como los relacionados con erradicación de la pobreza extrema, universalización de la educación, la salud, el agua y el saneamiento, el aumento de infraestructura vial, el acceso a electricidad y el cambio hacia la producción de energías limpias.

Los Estados deben considerar elevar gradualmente los recursos destinados al gasto público social con prioridad en los sectores de salud, educación, programas de erradicación de la pobreza extrema y algunos rubros de inversión pública en infraestructura, como red vial, agua y saneamiento, aumento de la producción de energía eléctrica y transformación de la matriz energética para adoptar la generación de energías limpias.

Sin embargo, el informe hace énfasis en la movilización de recursos domésticos en la región, para cubrir los incrementos del gasto público que enfrenta desafíos técnicos y políticos, como cargas tributarias muy bajas y regresivas, la proliferación de privilegios fiscales injustificados y escasas herramientas para que las administraciones tributarias logren combatir la evasión y la elusión tributarias, especialmente en el campo de los flujos ilícitos de capitales.

Por lo anterior, el Icefi advierte de que el diseño, aprobación e implementación de reformas fiscales integrales en la forma de una hoja de ruta fiscal para Centroamérica, que incluyan componentes robustos de política y administración tributarias, son condiciones ineludibles para que la región se acerque a una política fiscal que haga viable el cumplimiento de los ODS.

SUGERENCIA

El informe será lanzado en abril de 2019

Según la recomendación del Icefi para cumplir con los ODS al 2030, la brecha fiscal debe subir para Costa Rica 6.2% del gasto en relación al PIB; El Salvador, 9.5%; Guatemala, 10.0%; Honduras, 6.3% y Nicaragua, con un gasto público de 10.1%.

La hoja de ruta fiscal según Icefi, se divide en tres períodos: del 2020-2022, se debe modificar las tasas de impuestos: la supresión de privilegios fiscales injustificados (que incrementaría la progresividad de los impuestos); la disminución efectiva de la evasión (que incrementaría la productividad de los impuestos sobre la renta y sobre el consumo); revisión y evaluación de la gestión y del gasto público; revisión del marco de transparencia fiscal y políticas anticorrupción; y revisión de los servicios civiles.

Durante el período 2023-2026: profundización del proceso de supresión de privilegios fiscales injustificados; primer incremento a las tasas de los impuestos sobre la renta, en algunos países, incremento al valor agregado o sobreventas; profundización de las acciones contra la evasión, elevando la productividad de los impuestos sobre la renta y al consumo; renovar los marcos de evaluación y planificación; implementación de políticas efectivas de transparencia y probidad; e implementación de reformas a los servicios civiles.

Para el período 2027-2030: en algunos países, debería darse un segundo incremento en las tasas de impuestos sobre la renta, al valor agregado o sobreventas; e incremento significativo de la productividad de los impuestos sobre la renta y al consumo, con la institucionalización y vigencia permanente de mecanismos estrictos contra la evasión de impuestos.